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Legislativo

Temas clave que tratará el Congreso está semana: aborto, movilidad jubilatoria, consenso fiscal y Ministerio PÚBLICO

Oficialismo y oposición impulsan agendas diversas para lo que queda de diciembre, aunque el tema central a tratarse en la prórroga de las sesiones ordinarias es la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la agenda de 27 proyectos que el Ejecutivo armó para enero y febrero será la que acapare los debates en lo que resta de 2020.

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Oficialismo y oposición impulsan agendas diversas para lo que queda de diciembre, aunque el tema central a tratarse en la prórroga de las sesiones ordinarias es la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la agenda de 27 proyectos que el Ejecutivo armó para enero y febrero será la que acapare los debates en lo que resta de 2020.

Por Leonardo Fredes

La prórroga de sesiones ordinarias del Congreso, dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero próximo, tendrá una agenda en la que prevalecerá el debate del proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque también el oficialismo buscará tratar temas de interés para el Gobierno, como el de la nueva fórmula de movilidad previsional, el consenso fiscal y las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Más allá de que la prórroga de sesiones ordinarias permita que se puedan incluir en la discusión proyectos que son impulsados por los propios legisladores, la agenda de 27 proyectos que el Poder Ejecutivo armó para enero y febrero, terminará siendo la que acapare los debates en lo que resta de 2020.

En la mayoría de las bancadas -incluida la del Frente de Todos- celebraron que el Poder Ejecutivo haya modificado el límite de la prórroga de ordinarias del 11 de diciembre -fecha original- al domingo 3 de enero.

LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

El tratamiento del proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo y el que crea el ‘Plan de los 1000 días’ para garantizar la salud durante el embarazo y la primera infancia», ocupará finalmente la primera mitad del mes de diciembre en diputados; en tanto existen diferentes opiniones sobre el momento en que el Senado dará el debate.

Fuentes parlamentarias del oficialismo parlamentario señalaron que la idea es «que se busque aprobarlo antes de fin de año aprovechando el envión del tema en Diputados», mientras que otros, más cautos, hablan de que el tema volverá a la agenda legislativa «en febrero».

OTROS TEMAS PARA DICIEMBRE

Además de este proyecto, el Gobierno, a través de sus bloques en ambas cámaras, apunta a que varios de los temas que incluyó para las sesiones extraordinarias de enero y febrero puedan estar sancionados antes de fin de año: la nueva fórmula de movilidad previsional, el consenso fiscal o las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, son los que encabezan el lote de intenciones.

Otro tema que por los plazos de entrada en vigencia requiere cierta urgencia por parte del Poder Legislativo es el de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el próximo año, tras el principio de acuerdo al que arribaron el Gobierno nacional y 21 de las 24 jurisdicciones provinciales.

El tema no fue incluido en la agenda de sesiones extraordinarias, por lo que debería estar resuelto antes de fin de año; aunque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de ampliar el temario parlamentario previsto para los dos primeros meses del 2021.

DEUDA, INVERSIONES Y CRÉDITOS

El oficialismo también considera que hay otros proyectos que, más allá de que estén incluidos en la agenda de Extraordinarias, también deberían ser tratados en diciembre: el de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (con sanción del Senado); el que propone la implementación de un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas y el que propone la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario, se destacan en ese listado.

ETIQUETADO FRONTAL

El proyecto que propone incluir en los envases de sus productos un etiquetado frontal con octógonos negros en el que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales, y cantidad de calorías, también podría ser llevado al recinto de Diputados antes de fin de año.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado; agotó parte de la agenda de comisiones con intervenciones de la mayoría de los sectores involucrados en el tema y en la última sesión fue pedida su inclusión en la agenda por una diputada del Frente de Todos y uno del PRO.

Ese día no se pudo abordar el proyecto porque le faltaba el dictamen de comisiones y porque varios diputados de Juntos por el Cambio se abstuvieron de habilitar su tratamiento sobre tablas por estar en desacuerdo con cuestiones reglamentarias en torno a la sesión.

LOS TEMAS QUE IMPULSA LA OPOSICIÓN

En tanto, entre los temas que la oposición, e incluso algunos oficialistas, quieren que se traten en la prórroga de ordinarias, por no haber sido incluidos en el temario de sesiones extraordinarias (que irán desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero), se destaca la denominada Ley de Humedales, que cuenta con respaldos transversales a varios bloques y que ya recibió dictamen en la comisión de Recursos Naturales.

Otras iniciativas que son impulsadas por bloques opositores y que en la mayoría de los casos no cuentan con respaldo oficialista son la ley de Jardines de infantes; el denominado del ‘último adiós’; el de accesibilidad a los portales educativos; la promoción de las economías regionales en pandemia; la emergencia para municipios; la declaración de emergencia para locaciones comerciales; la denominada ‘ficha limpia’ electoral; la deducción de ganancias por gastos educativos; y el aumento de penas para quienes rompan silobolsas

El tratamiento de todos estos proyectos es pretendido por Juntos por el Cambio, que, en lo que queda de diciembre, insistirá con que sean incluidos en las agendas de trabajo de las comisiones, que, por reglamento, sólo pueden emitir dictámenes hasta el miércoles 23.

Para algunos de los bloques provinciales, aparecen como temas demandados el de legalización del cannabis; el registro único casos de violencia de género y la implementación del sistema de boleta única de papel para los próximos comicios legislativos.

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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