La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Yasky, avanzó hoy en el debate del proyecto de consenso que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, con la presencia de representantes de organismos de derechos humanos pero sin la participación de legisladores de la oposición.

Del encuentro participaron representantes de organismos de derechos humanos, que expusieron sobre el proyecto que presentaron el viernes pasado, titulado «Formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo».

Según anticipó al término de la reunión Yasky, la intención del oficialismo es acordar en las próximas semanas un texto unificado en base ese proyecto presentado en los últimos días, avalado desde el Gobierno, y además un conjunto de iniciativas impulsadas por diputados del Frente de Todos (FdT) que buscan evitar que puedan ser candidatos los dirigentes políticos que reivindiquen la dictadura cívico-militar.

«A 40 años de recuperada la democracia es un hecho histórico y un compromiso con esa construcción debatir políticas que combatan las prácticas negacionistas. La presencia de Madres y Abuelas (de Plaza de Mayo) es fundamental porque fueron actores clave de la continuidad democrática más extensa de nuestra historia y constituyen un orgullo de la Argentina ante el mundo por su lucha por los derechos humanos y el Nunca Más», afirmó Yasky, en el marco de la reunión.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Federico Efron dio el aval al proyecto y sostuvo que «alguien que quiere ser funcionario no puede negar (el terrorismo de Estado) y si lo hace alguna respuesta tiene que tener», al destacar la importancia de que avance la iniciativa para que se establezca, entre otras cuestiones, una capacitación obligatoria a cargo de la Secretaría para todas las personas que están en los tres poderes del Estado».

Entre los proyectos presentados contra posiciones negacionistas figura uno que propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado y establece además sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas.

Los legisladores autores de los proyectos para sancionar el negacionismo son los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta, Blanca Osuna, Carolina Moisés, Yasky y Carolina Gaillard, mientras que la legisladora massista Mónica Litza presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Para reformar una Ley electoral se requiere una mayoría absoluta de votos en la Cámara de Diputados (129 legisladores) y del Senado (37 senadores), con lo cual se necesitan amplios consensos para poder sancionar un proyecto como el que se propone.

A la reunión de hoy fueron invitados para exponer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien avisó que no podía concurrir hoy al encuentro; la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, ‘Taty’ Almeida; y Charly Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S.

También, fueron invitados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

‘Taty’ Almeida, al exponer, pidió aprobar «urgente» la ley «para castigar legalmente. No con cárcel sino con inhabilitación a aquellos negacionistas que reivindican el genocidio porque no hubo una guerra como dicen, acá hubo un genocidio» y dijo que «los reivindicadores del horror están envalentonados y se han sacado la careta. Es deplorable lo que están diciendo que van a hacer si llegan a regir los destinos del país».

Pisoni, en tanto, de la agrupación H.I.J.O.S., sostuvo que «no tendríamos que estar discutiendo los retrocesos» y dijo que «la memoria y la justicia llegó para quedarse en nuestro país», tras cuestionar las posiciones negacionistas manifestadas por la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel.

«Celebramos este encuentro. Esto arrancó cuando un presidente dijo que los derechos humanos eran ‘un curro’. A partir de ahí, muchas personas que antes no se animaban a decir estas barbaridades, empezaron a hacerlo y hoy no tienen ningún pudor, incluso en el debate presidencial. Es alarmante que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, haya candidatos, que reivindican todo lo que nos pasó cuando no la tuvimos», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit, integrante de la comisión directiva de Abuelas.

A su turno, Victoria Montenegro, legisladora de la ciudad por el FdT y nieta restituida, destacó «la decisión política de comenzar a discutir qué pasa con los discursos negacionistas» y sostuvo que «hasta el año 2015 no era necesario que tuviéramos una ley que frenara este tipo de discursos. Habíamos logrado, gracias al trabajo enorme de las Madres, las Abuelas, los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, que quede muy claro cuál había sido nuestra historia».

Por su parte, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, señaló que «esta ley se la debemos a los hijos y a las Madres» y dijo que «a 40 años de democracia es inadmisible que tengamos candidatos que dicen que la estamos amordazando y ratifica y reafirma que está en lo correcto minimizando lo que pasó en nuestro país. Hablamos de torturas, secuestros y de los hechos mas aberrantes. En honor a ellos, como Congreso debemos legislar de manera inmediata para que ningún funcionario pueda tener expresiones que minimicen lo que ocurrió en nuestro país».

En tanto, el Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh), Remo Carlotto, exdiputado nacional, sostuvo que «es un momento muy oportuno para hablar de estos temas» y afirmó que «la política de Memoria, Verdad y Justicia y la no repetición, quedó plasmado en el Nunca Más, que no se vuelva a repetir».

Se trata de la segunda reunión después de que el miércoles pasado expusieron los abogados Pablo Llonto y Valeria Thus, y el sociólogo Daniel Feierstein, quienes plantearon que la solución no es aumentar las penas previstas en el Código Penal, expresaron algunos reparos vinculados a la libertad de prensa y se mostraron partidarios de insistir con la concientización del negacionismo en la sociedad.

El debate resurgió a partir de los cuestionamientos de LLA al número de desaparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.