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Para Valdés, Larreta defiende a Mahiques y D’Alessandro «porque hacen lobby judicial para él»

«Larreta ha decidido defender a Mahiques y D’Alessandro porque hacen lobby judicial para él. Sostuvo el legislador en un comunicado.

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El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés consideró hoy que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques, porque «hacen lobby judicial para él», luego del pedido de juicio político que realizó su bloque contra ambos funcionarios.

«Horacio Rodríguez Larreta ha decidido defender a Mahiques y D’Alessandro porque hacen lobby judicial para él. Pero aseguró que el ministro de Seguridad porteño está a disposición de la Justicia así que lo esperamos en la Legislatura para que responda nuestras preguntas sobre este viaje», sostuvo el legislador en un comunicado.

Luego de que se hiciera público el viaje que jueces, fiscales, directivos de Clarín y un ex agente de inteligencia realizaron a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, el bloque del FdT porteño presentó ayer un pedido de juicio político a D’Alessandro y Mahiques, en sintonía con las indicaciones que dio el presidente Alberto Fernández al hablar en cadena nacional.

Para Valdés, lo ocurrido «claramente implica una violación a la ley de ética Pública de la Ciudad», ya que «un funcionario público que recibe obsequios debe declararlos, pero D’Alessandro y Mahiques, a la vista está, que no lo hicieron».

El legislador también sostuvo que ambos funcionarios «cometieron un delito porque no pueden recibir obsequios de parte de empresas concesionarias del Estado, como es el caso del grupo Clarín y Telecom con la ciudad de Buenos Aires y con el Ministerio Público Fiscal porteño».

Por último, Valdés señaló que «los medios, y no precisamente kirchneristas, acusan a ambos (funcionarios) de ser operadores judiciales» y que «es evidente que este grado de mafia y conspiración sobre la justicia es necesario para que funcionarios del PRO se blinden de las investigaciones judiciales que los involucran».

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Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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