Legislativo
El Congreso busca ponerle límites a Milei en sesión clave por DNUs y la remoción de Espert
Los bloques opositores impulsarán el miércoles una sesión en Diputados para aprobar la ley que restringe los Decretos de Necesidad y Urgencia, remover al libertario José Luis Espert de la comisión de Presupuesto e interpelar a Karina Milei por presuntas coimas en la compra de medicamentos.
⬛ La oposición parlamentaria prepara una ofensiva legislativa contra el gobierno de Javier Milei en la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia buscarán aprobar una ley que limite el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y avanzar en la remoción del diputado libertario José Luis Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto.
La sesión se produce a menos de veinte días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto de extrema debilidad parlamentaria para el oficialismo.
La reforma de la ley de DNUs: jaque al estilo de gobierno libertario
El proyecto que genera máxima alerta en la Casa Rosada es la reforma de la ley de DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado. Esta iniciativa, que requiere 129 votos positivos (mayoría absoluta) para su aprobación, establece un plazo de 90 días para tratar los decretos presidenciales y dispone que si no se hace en ese lapso quedan automáticamente derogados.
La norma también determina que los DNUs deben recibir el aval de ambas cámaras del Congreso para quedar firmes. En caso de que una sola cámara lo derogue, el decreto pierde vigencia. Este mecanismo representa un problema concreto para el Gobierno, ya que el peronismo tiene mayoría en el Senado Nacional.
De todas formas, habrá que observar con qué mayoría se convierte en ley el proyecto, dado que el PRO y la UCR no firmaron ningún dictamen. Es probable que el grueso de esos bloques se abstengan o incluso algunos voten junto al oficialismo.
La aprobación de esta reforma pondría en jaque la posibilidad de seguir gobernando a través de DNUs, herramienta que el gobierno libertario utilizó de manera sistemática en su primer año de gestión.
El caso Espert: narcotráfico, lavado y remoción
Otro tema central del temario será la propuesta de la diputada Victoria Tolosa Paz (UXP) para remover al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert. El diputado libertario está siendo investigado judicialmente por presunto financiamiento electoral ilegal a partir de vínculos con una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.
Para tratar este proyecto se necesitan los dos tercios de los votos, con lo cual la oposición buscará votar un emplazamiento para que sea tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
Los bloques opositores también buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto para que invite al ministro Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y establecer como fecha tope para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2026 el 20 de noviembre.
Interpelación a Karina Milei por presuntas coimas en la compra de remedios
La sesión incluirá la votación del proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, por los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos.
El escándalo surgió a partir de la difusión de conversaciones telefónicas que habrían revelado irregularidades en la adquisición de remedios por parte del Estado.
Una agenda cargada: de ciencia a discapacidad
En el temario también figura el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La favorita para el cargo es María Paz Bertero, funcionaria del gobierno bonaerense de Axel Kicillof con trayectoria en temática de género.
Otros temas que los opositores quieren aprobar incluyen la declaración de emergencia de Ciencia, el programa de prevención para tratar la enfermedad de Alzheimer, la solicitud al Gobierno para recomponer partidas a la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Francos en la mira: moción de censura por discapacidad
En la amplia agenda figuran temas que no tienen dictamen, con lo cual se aprobarán emplazamientos como una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo es iniciar una moción de censura por la decisión del Gobierno de no aplicar la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada pero nunca reglamentada bajo el argumento de falta de financiamiento.
También se buscará emplazar a las comisiones para que traten un proyecto que declara «nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad».
Caputo al banquillo: el «blindaje» con Estados Unidos bajo la lupa
En la misma sesión se buscará acelerar el tratamiento de la interpelación del ministro Caputo para que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual «blindaje» financiero que anunciaron en conjunto ambas administraciones la semana pasada.
En relación a esto, se abordará un expediente para «reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo empréstito tomado por nuestro país».
Cierre con recursos para gobernadores
Para el cierre de la sesión, los opositores incluyeron el proyecto impulsado por los gobernadores para reformar la distribución del impuesto a los Combustibles. La iniciativa busca recuperar los fondos que se enviaban a los fondos fiduciarios, lo que le permitiría a las provincias contar con mayores recursos.
Puntos clave:
• La oposición buscará aprobar una ley que limite los DNUs estableciendo un plazo de 90 días para su tratamiento y requiriendo el aval de ambas cámaras
• Se votará la remoción de José Luis Espert de la comisión de Presupuesto, investigado por presunto financiamiento electoral ilegal vinculado a narcotráfico
• Se impulsará la interpelación de Karina Milei y Mario Lugones por presuntas coimas en la compra de remedios
• La agenda incluye una moción de censura contra Guillermo Francos por no reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad
• Se buscará interpelar a Caputo sobre el «blindaje» financiero con Estados Unidos y reafirmar las atribuciones del Congreso sobre empréstitos
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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