Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharon hoy al Congreso nacional en reclamo de la aprobación de una reforma de la ley nacional de integración socio-urbana de barrios populares, que actualmente analiza la Cámara baja, que prorrogue por 10 años los desalojos y permita incorporar distintas comunidades al registro actual.

Se trata de la iniciativa que el 18 de septiembre pasado logró reunir los consensos políticos necesarios para la emisión de un dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.

Las columnas de la UTEP, junto a militantes del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Movimiento Somos Barrios de Pie, entre otros, se concentraron a partir de las 12 frente al Palacio Legislativo nacional, donde permanecieron más de cuatro horas.

«Hoy nos estamos movilizamos al Congreso para exigir la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares que permite incorporar 5687 barrios populares al registro Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), frenar los desalojos por 10 años y asegurar que las obras de integración urbana sigan llegando a nuestros barrios de la mano de las cooperativas», habían explicado los organizadores en la convocatoria al evento.

Maryluz Mendoza, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, dijo a través de un comunicado de prensa: «Es urgente la aprobación de esta reforma por parte de los legisladores y las legisladoras, para garantizarle el derecho a la tierra y la vivienda a 1.200.000 familias que lo necesitan. Lucharemos por esta medida que va en camino a nuestras banderas de Tierra Techo y Trabajo» (TTT).

En lo que hace a la iniciativa legislativa, remarcó: «Esta ley nacional de barrios populares es fundamental: se trata de obras que pueden cambiarle la vida a una familia, de algo tan básico como garantizar agua potable en un barrio y garantizar que nadie viva con miedo a ser desalojado por vivir en un barrio popular».

La norma sobre integración socio-urbana de barrios populares fue aprobada en 2018 y puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual el reclamo de las organizaciones tiene que ver con que urge la aprobación de la prórroga.

El dictamen fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, y Provincias Unidas.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse hace dos semanas, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.