Legislativo
La UTEP marchó en demanda de reforma a la ley de integración socio urbana de barrios populares
Se trata de la iniciativa que el 18 de septiembre pasado logró reunir los consensos políticos necesarios para la emisión de un dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.
Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharon hoy al Congreso nacional en reclamo de la aprobación de una reforma de la ley nacional de integración socio-urbana de barrios populares, que actualmente analiza la Cámara baja, que prorrogue por 10 años los desalojos y permita incorporar distintas comunidades al registro actual.
Se trata de la iniciativa que el 18 de septiembre pasado logró reunir los consensos políticos necesarios para la emisión de un dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.
Las columnas de la UTEP, junto a militantes del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Movimiento Somos Barrios de Pie, entre otros, se concentraron a partir de las 12 frente al Palacio Legislativo nacional, donde permanecieron más de cuatro horas.
«Hoy nos estamos movilizamos al Congreso para exigir la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares que permite incorporar 5687 barrios populares al registro Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), frenar los desalojos por 10 años y asegurar que las obras de integración urbana sigan llegando a nuestros barrios de la mano de las cooperativas», habían explicado los organizadores en la convocatoria al evento.
Maryluz Mendoza, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, dijo a través de un comunicado de prensa: «Es urgente la aprobación de esta reforma por parte de los legisladores y las legisladoras, para garantizarle el derecho a la tierra y la vivienda a 1.200.000 familias que lo necesitan. Lucharemos por esta medida que va en camino a nuestras banderas de Tierra Techo y Trabajo» (TTT).
En lo que hace a la iniciativa legislativa, remarcó: «Esta ley nacional de barrios populares es fundamental: se trata de obras que pueden cambiarle la vida a una familia, de algo tan básico como garantizar agua potable en un barrio y garantizar que nadie viva con miedo a ser desalojado por vivir en un barrio popular».
La norma sobre integración socio-urbana de barrios populares fue aprobada en 2018 y puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual el reclamo de las organizaciones tiene que ver con que urge la aprobación de la prórroga.
El dictamen fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, y Provincias Unidas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse hace dos semanas, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.
Elecciones
Bullrich, la aliada incómoda: el ajuste en discapacidad agrieta el armado 2027
La senadora libertaria cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 y en Casa Rosada ya temen una ruptura que fragmente a la derecha. El karinismo minimiza el riesgo, pero otras tribus del oficialismo admiten que hay que contenerla.
El recorte en discapacidad que el Gobierno de Javier Milei metió en el Presupuesto 2027 no solo golpea a miles de familias que dependen de esas prestaciones: también abrió una grieta en la propia coalición oficialista, que a menos de un año de las presidenciales ya hace cuentas sobre qué pasaría si Patricia Bullrich decide irse. En Casa Rosada reapareció un fantasma conocido: la fragmentación del electorado de centroderecha.
La protagonista es la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que en los últimos días se desmarcó públicamente del capítulo VI del proyecto presupuestario. Ese apartado, que abarca los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad, incluido el esquema con el que se fijan y actualizan los aranceles del sistema de prestaciones.
«Nadie dijo nada de esto»
La primera señal llegó cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios. «Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Días después subió el tono en el canal de noticias A24: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto».
En esa misma entrevista apuntó contra la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo como responsable del envío del texto al Congreso y definió el episodio como «un error no forzado» que «te puede hacer perder el partido». Luego fue más lejos: «Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles».
El cruce escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la senadora se había retirado antes de que la mesa política abordara el tema. Bullrich lo desmintió de plano: «Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», afirmó, y agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. «Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es», disparó, aunque aclaró que no pretende pelearse con nadie.
La crítica que no toca el ajuste
Conviene leer la letra chica del desmarque. Bullrich no cuestiona el rumbo económico: en sus intervenciones remarcó que el superávit fiscal y las metas de inflación son pilares no negociables del plan oficial, y sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que no altere los objetivos fiscales de la administración libertaria. Su reproche no apunta al recorte en sí, sino al costo político de que la sociedad perciba al Gobierno como insensible.
La preocupación que la senadora expresa es, en esencia, electoral. «El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad», recordó, en referencia a las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Para las personas con discapacidad y sus familias, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno, sino el acceso a tratamientos, transporte y rehabilitación.
Las tribus libertarias y el temor a la ruptura
Si bien buena parte de la plana mayor del oficialismo cree que Bullrich repite un patrón conocido y no romperá con La Libertad Avanza, algunas voces del espacio siguen de cerca cada paso y plantean que el Gobierno debe esforzarse por retenerla. «El Gobierno tiene que impedirlo y tiene las herramientas para hacerlo», precisó una voz de una de las tribus libertarias, según trascendió.
El temor se alimenta de otro movimiento: el extitular de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz planteó la necesidad de impulsar un espacio opositor similar a Juntos por el Cambio. En el oficialismo le bajan el precio a la idea, pero reconocen que la ecuación cambiaría si la senadora se fuera. «Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia», afirmó una fuente oficial.
En el karinismo, el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descartan que la senadora tome distancia del partido al que se afilió en último término, aunque admiten que Bullrich se considera «una aliada» de la administración libertaria. «Es lógico. Ella ganó una PASO y fue candidata de otro espacio», la justifican. «Patricia es Patricia», resumió un funcionario del círculo íntimo de la hermana del Presidente.
Una candidatura en disputa
Con la reelección de Milei como objetivo declarado, toma fuerza la posibilidad de que Bullrich integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027. La propia senadora lo dejó entrever sin nombrar al mandatario: «Es muy importante que el proyecto reelija». En su entorno evitan precisar a qué lugar de las listas aspira, pero anticipan que «hará lo necesario para que el peronismo no gane».
La escena revela la fragilidad de una coalición que se sostiene más por el espanto compartido que por un programa común. Mientras la interna libertaria discute lugares en las listas, el ajuste sobre los sectores más vulnerables sigue su curso en el Congreso.
Lo que tenés que saber:
- El capítulo VI del Presupuesto 2027 (artículos 36 a 41) modifica y deroga normas vinculadas con discapacidad.
- Bullrich admitió que desconocía esos cambios y los calificó como «un error no forzado».
- La senadora desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento del tema en la mesa política.
- Bullrich sostiene que el superávit fiscal y las metas de inflación no son negociables.
- En el oficialismo crece la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en 2027, mientras Ernesto Sanz impulsa reeditar un frente similar a Juntos por el Cambio.
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