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Diputados debatirán sanciones a legisladores que visitaron a genocidas en Ezeiza

Las sanciones previstas en el artículo 66 de la Constitución, que permite la exclusión por «inhabilidad moral» de un miembro del cuerpo, deben ser analizadas por Asuntos Constitucionales.

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La Cámara de Diputados volverá a debatir este martes si constituye una comisión investigadora especial para examinar la conducta de seis legisladores libertarios que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza el pasado 11 de julio.

Comisiones clave en la investigación

Las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, y de Asuntos Constitucionales se reunirán desde las 16.30 para definir el formato de la investigación sobre los diputados involucrados: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Este grupo visitó el penal de Ezeiza y se reunió con represores condenados, entre ellos Alfredo Astiz y Antonio Pernías.

El plenario de comisiones estará presidido por Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, luego de que Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza (LLA), cediera la conducción debido a su aparición en uno de los chats que organizó la polémica visita.

Alternativas para la investigación

Los legisladores deben decidir si crearán una comisión investigadora o si la Comisión de Asuntos Constitucionales se encargará directamente del análisis de la conducta de los diputados libertarios. Si optan por la comisión investigadora, será necesario aprobar un proyecto en el recinto de sesiones. En cambio, si se decide que lo haga el plenario de comisiones permanentes, no será necesario crear un nuevo organismo.

Las sanciones previstas en el artículo 66 de la Constitución, que permite la exclusión por «inhabilidad moral» de un miembro del cuerpo, deben ser analizadas por Asuntos Constitucionales. Este artículo se aplicó anteriormente en casos como la expulsión del diputado Ángel Luque y el desafuero de Julio de Vido.

Propuestas en debate

Existen varios proyectos presentados por distintos bloques para la creación de una comisión investigadora. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), y la legisladora del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, presentaron sus propuestas. Lourdes Arrieta, quien recientemente dejó el bloque de LLA para formar el monobloque FE, también apoyó la creación de una comisión. Por su parte, Vanina Siley, legisladora de UP, solicitó que el análisis quede en manos de las comisiones pertinentes.

Uno de los desafíos que enfrentan los diputados es determinar las atribuciones para aplicar sanciones a legisladores elegidos por voto popular. Esto debido al «peligroso antecedente» que podría generar una sanción severa. En la última reunión, Silvia Lospennato enfatizó la necesidad de analizar «cómo se aplican las sanciones disciplinarias en esta democracia para no afectar la representación popular«, haciendo referencia a expulsiones históricas como la del diputado Ricardo Balbín.

Posturas de los bloques y organismos de derechos humanos

Hasta ahora, los bloques de Unión por la Patria y la izquierda han solicitado la expulsión de los diputados involucrados, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y Hacemos se inclinan por un repudio de la Cámara sin aplicar sanciones. El radicalismo, por su parte, aún no ha tomado una posición definitiva.

En la reunión más reciente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, participaron representantes de organismos de derechos humanos que exigieron la expulsión de los diputados que visitaron a los represores. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se encontraban entre los peticionarios que manifestaron su rechazo a las acciones de los legisladores.

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Murió Patricia Walsh, la diputada que impulsó anular las “leyes de impunidad”

Hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, tenía 74 años. Su proyecto abrió el camino a la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida y permitió reabrir los juicios por crímenes de la dictadura.

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Retrato oficial de Patricia Walsh, exdiputada nacional

Patricia Walsh, la exdiputada que presentó el proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, murió este jueves a los 74 años. Estaba internada en la clínica Suizo Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido operada de una afección pulmonar; según la información difundida, su cuadro se complicó con una neumonía. Sus allegados no informaron todavía dónde será despedida.

Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura, y hermana de María Victoria “Vicky” Walsh, asesinada en el operativo de la calle Corro, dedicó su vida a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Hasta sus últimos meses fue querellante en el juicio por la muerte de su hermana.

La ley que reabrió los juicios

Walsh llegó a la Cámara de Diputados en 2001, electa por la Ciudad de Buenos Aires al frente de la lista de Izquierda Unida. A principios de 2002 presentó el primer proyecto para declarar nulas las leyes de impunidad, que no consiguió quórum hasta agosto de 2003, cuando Néstor Kirchner ordenó al bloque justicialista habilitar el tratamiento.

El 12 de agosto de 2003 Diputados aprobó la nulidad y el 21 de agosto el Senado sancionó la Ley 25.779, que declaró “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521. Kirchner la promulgó el 2 de septiembre y, en junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y validó su nulidad, lo que permitió reabrir los juicios a cientos de represores.

En su paso por Diputados presentó 23 proyectos. El último, en septiembre de 2005, buscó declarar persona no grata al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, por “su responsabilidad en el sufrimiento que padece el pueblo de Irak”.

Una militancia que empezó en los 70

Nacida en Buenos Aires en 1952, estudió en la Universidad Nacional de La Plata durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y militó en la Juventud Trabajadora Peronista y la Agrupación Evita. Trabajó como periodista desde los 17 años y, tras el triunfo de Héctor Cámpora, se sumó al diario Noticias, ligado a Montoneros, donde su padre dirigía la sección Policiales.

Después del cierre de ese diario trabajó en el área de prensa del INTI, donde fue delegada gremial. La dictadura la despidió en 1976 y fue reincorporada en 1984. El 29 de septiembre de 1976, su hermana Vicky murió en el operativo de la calle Corro, en Villa Luro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros. En marzo de 1977, un día después de difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas de la ESMA y permanece desaparecido.

Con la democracia denunció ante la Conadep la desaparición de su padre y se involucró en la causa ESMA, de cuya megacausa fue querellante. En los años 90 se sumó a la agrupación HIJOS.

Candidata y legisladora

En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida y en 2000 se postuló a jefa de Gobierno porteño. En 2007 fue electa legisladora de la Ciudad y ejerció el cargo hasta 2010; más tarde integró Proyecto Sur y el Frente Camino Popular.

Su último testimonio

El juicio por la masacre de la calle Corro empezó el 18 de marzo ante el Tribunal Oral Federal 7, con seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército como acusados. En mayo, Walsh declaró ante el tribunal. Según su testimonio difundido por la prensa, dijo: “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo. No solo eran asesinos; también eran ladrones. Sacarle el anillo a una muchacha muerta o arrancarle un collar del cuello es algo difícil de comprender”.

“Mi hermana fue asesinada. Amaba ser mamá. Sabía, sin embargo, que corría el riesgo de ser torturada, igual que su hija Tolita, si era detenida. Estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre porque lucharon contra la dictadura”, agregó. Y cerró: “Un país sin justicia, es un país sin futuro”.

Lo que tenés que saber:

  • Patricia Walsh murió a los 74 años en la clínica Suizo Argentina.
  • Presentó el proyecto que derivó en la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida.
  • Diputados aprobó la nulidad el 12 de agosto de 2003 y el Senado la sancionó el 21 de agosto.
  • Era hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, asesinada en la calle Corro en 1976.
  • En mayo declaró como querellante en el juicio por la masacre de la calle Corro.
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