Gremiales
Los puertos del país quedaron paralizados: el paro de la CGT golpea donde más duele a la economía
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) activó un cese nacional desde las 00 horas del jueves 19 de febrero. Las terminales de carga general, cerealeras y pesqueras de todo el territorio detuvieron operaciones en rechazo a la reforma laboral debatida en el Congreso.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ La jornada de paro convocada por la CGT contra la reforma laboral tuvo su correlato inmediato en el sistema portuario argentino: desde la medianoche del jueves, ningún puerto del país operó con normalidad. La medida, dispuesta por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), se ejecutó a través de cada seccional del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en todo el territorio nacional.
Un paro que golpeó la logística en su punto más sensible
El alcance de la paralización abarcó puertos de carga general, cerealeros y de pesca, lo que representa un corte transversal al esquema logístico y comercial del país. Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de granos y subproductos agroindustriales; cualquier interrupción en las terminales portuarias tiene impacto directo sobre la cadena de exportaciones y sobre el flujo de divisas.
La conducción sindical de la FEPA informó que el acatamiento fue total en todas las terminales relevadas, y que los trabajadores portuarios asumieron su participación como parte activa de lo que el propio movimiento obrero denominó una «jornada nacional de lucha».
El trasfondo: la reforma laboral en el Congreso
El paro portuario se enmarca en el rechazo del sindicalismo argentino a la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación, impulsada por el gobierno de Javier Milei. La CGT, central obrera mayoritaria del país, convocó a la medida de fuerza general que encontró adhesión en distintos sectores de la economía, siendo el portuario uno de los de mayor impacto estratégico dado su rol en el comercio exterior.
Desde los gremios se sostiene que la reforma avanza sobre derechos laborales adquiridos, aunque el detalle de los artículos en debate continúa siendo objeto de disputa política en ambas cámaras del Poder Legislativo.
Puntos clave
- La FEPA activó el cese nacional portuario desde las 00 horas del jueves 19 de febrero de 2026.
- El paro se ejecutó en todas las seccionales del SUPA a nivel nacional.
- Las terminales de carga general, cerealeras y pesqueras quedaron paralizadas.
- La medida se enmarca en el paro general de la CGT contra la reforma laboral en debate en el Congreso.
- La conducción sindical confirmó acatamiento total en todas las terminales del país. ★
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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