★ El Gobierno Nacional recibió una intimación judicial para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que desarticuló el Programa de Metrología Legal. Esta área estatal es responsable de controlar y certificar instrumentos de medición de uso cotidiano como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros y cinemómetros para fotomultas.

La acción judicial fue presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció un «intento de privatización encubierto» por parte de la gestión de Javier Milei. Según el sindicato, la medida no sólo amenaza cientos de puestos de trabajo, sino que pone en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos.

Un área sensible desmantelada

«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El dirigente sindical advirtió que las consecuencias serán «graves y concretas» tanto para el funcionamiento de empresas como para la población en general. «Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro», sostuvo.

Qué controla el área desmantelada

El Programa de Metrología Legal del INTI realiza tareas de aprobación de modelos y certificación del correcto funcionamiento de diversos instrumentos de medición que inciden en la vida cotidiana:

• Surtidores de combustible: verifican que la cantidad despachada coincida con la facturada
• Balanzas comerciales: garantizan que el peso informado sea exacto
• Alcoholímetros: certifican la precisión de los controles de alcoholemia
• Cinemómetros: validan la correcta medición de velocidad para fotomultas
• Instrumentos médicos: supervisan equipamiento de medición sanitaria

Según informó ATE, a partir de la resolución gubernamental, el sector «cesa en sus actividades de aprobación de modelos y también la certificación del correcto funcionamiento y medición» de estos instrumentos.

La estrategia de desestatización

La medida se enmarca en la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei desde su asunción. ATE interpreta que esta resolución forma parte de un plan más amplio de desmantelamiento de organismos públicos con funciones de control y fiscalización.

«No solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población», afirmó Aguiar, quien cuestionó que sean precisamente las áreas de control estatal las que resultan desarticuladas sistemáticamente.

Puntos clave:

• La Justicia intimó al Gobierno a dejar sin efecto la Resolución 213/25 que desmanteló el Programa de Metrología Legal del INTI

• ATE denunció un intento de privatización encubierto y advirtió por el riesgo para millones de ciudadanos

• El área controlaba surtidores, balanzas, alcoholímetros y otros instrumentos de medición cotidianos

• La resolución elimina las funciones de aprobación de modelos y certificación de instrumentos

• El sindicato alertó que la medida amenaza cientos de empleos y la seguridad pública