Gremiales
El gobierno de Santa Fe despidió 191 trabajadores y ATE va a la justicia
Marcelo Delfor, remarcó la «gravedad institucional» de la medida porque «se está cuestionando un acuerdo paritario en el cual se firmó un acuerdo de pase a planta permanente cumpliendo con toda la normativa vigente».
El Gobierno de Santa Fe decretó las cesantías de 191 trabajadores con el argumento que no llegaron a tomar posesión de los cargos durante el proceso de pase a planta permanente acordado en paritarias durante la gestión anterior y refrendado por la Legislatura provincial, por lo que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que recurrirá a la Justicia, informaron hoy voceros gremiales.
ATE remarcó que los cuatro decretos que dejan sin empleo a los trabajadores lo hacen con el argumento que «aún no se ha perfeccionado la relación de empleo público, por no haberse producido la toma de posesión de los agentes designados», cuando era el propio Poder Ejecutivo el que debió dar la toma de posesión y no lo hizo.
El secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, remarcó la «gravedad institucional» de la medida porque «se está cuestionando un acuerdo paritario en el cual se firmó un acuerdo de pase a planta permanente cumpliendo con toda la normativa vigente».
El sindicalista recordó, además, que tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, que hasta diciembre fueron diputados, votaron a favor de la aprobación del presupuesto provincial, «que en uno de sus artículos dispuso la creación de los cargos necesarios para el pase a planta permanente de trabajadores contratados que cumplían con los acuerdos paritarios».
Se trata de 134 trabajadoras del Ministerio de Educación, 24 del ex Ministerio de Género, 27 de Enerfé (Energía Renovable y Gas) y 6 del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Respecto de los pasos a seguir por los trabajadores, Delfor informó al Periódico Pausa de Santa Fe que «ya se presentaron tres recursos de amparos, uno en Venado Tuerto, otro en Rosario y otro en Santa Fe» y que en el primer caso «el juez interviniente en lo Laboral habilitó la feria judicial, el primer paso, e intimó a la provincia a contestar en un plazo de dos días, que vence mañana».
«Las cesantías dispuestas por los Decretos 0012/0013/0022 y 0023 alcanzan a alrededor de 200 trabajadores/as y en los considerandos se argumenta que ‘aún no se ha perfeccionado la relación de empleo público, por no haberse producido la toma de posesión de los agentes designados…’. El propio Poder Ejecutivo que debió dar la toma de posesión es quien argumenta que ese es el motivo principal de las cesantías», indicó ATE mediante un comunicado.
El gremio sostuvo que «estos Decretos de Cesantías no solo están vulnerando el derecho a la estabilidad del empleo público, sino que cuestiona un acuerdo paritario que dio el marco legal a estos pases a planta».
«Acuerdo paritario que tuvo su respaldo en la Ley de Presupuesto 2023 que autorizó a crear los cargos necesarios para el pase a planta permanente de contratados con anterioridad al 15 de diciembre de 2022, añadió el texto.
El gremio manifestó que no se opone «a la revisión de los actos administrativos que haya que revisar», pero «sí a la manera en que se está haciendo».
«Son trabajadores que sostienen los servicios que presta el Estado en áreas tan importantes como Género, Producción, Educación, entre otras, y que en su mayoría son del sector de Salud. Son quienes nos cuidaron, vacunaron y atendieron a nuestras familias durante la pandemia y hoy están cubriendo cargos esenciales en el sistema de salud», indica el gremio, que anticipó que tomará «todas las medidas gremiales y jurídicas que correspondan».
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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