Gremiales
Denuncian vaciamiento y renuncias en el Garrahan: convocan una caravana nacional
Exigen la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica y Discapacidad.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan anunció una caravana hacia la Quinta de Olivos para el próximo sábado con el objetivo de exigir la aplicación inmediata de las leyes de Emergencia Pediátrica y Discapacidad.
La movilización, convocada junto a familiares de pacientes y organizaciones de la salud, partirá desde el Congreso Nacional. Según comunicaron desde la entidad gremial, la elección del sábado busca “facilitar la participación de familiares, amigos, colectivos sociales y personas que acompañan nuestra causa”.
Críticas al Gobierno nacional
La secretaria general de APyT, Norma Lezana, sostuvo que la gestión del presidente Javier Milei “no escucha el mandato popular ni el electoral” y advirtió que “parece no estar dispuesto a cumplir con las leyes votadas en el Congreso”.
En declaraciones, Lezana calificó al actual Ejecutivo como “un Gobierno cruel” y destacó que la movilización contará con el acompañamiento de la comunidad universitaria y del colectivo de discapacidad, sectores que, según expresó, “tienen un tremendo apoyo social”.
“Estamos convocando a todas y a todos”, afirmó la dirigente, al tiempo que subrayó la necesidad de “defender la salud pública y los derechos de los trabajadores del Garrahan”.
Denuncias por vaciamiento y renuncias
Lezana advirtió que las autoridades del hospital “continúan haciendo daño” con recortes presupuestarios y falta de personal, lo que genera sobrecarga laboral. Según precisó, en los últimos dos meses renunciaron 50 profesionales debido al deterioro de las condiciones de trabajo.
Desde APyT informaron que presentaron un recurso de amparo para denunciar el “empobrecimiento generalizado del personal” y la reducción del jardín maternal de la institución. Según la denuncia, se expulsan a niños de la sala de 2 años y se dejan sin vacantes a bebés lactantes, mientras que las maestras enfrentan “salarios de hambre, jornadas excesivas y sobrecarga laboral”.
Reclamos por el trato al personal
La dirigente gremial también denunció un “uso abusivo y cruel” de los controles médicos que impone el hospital. Según explicó, las autoridades obligan a los trabajadores enfermos a presentarse en la Dirección de Salud Laboral del Ministerio, donde deben realizarse “cientos de exámenes médicos complementarios”, incluso cuando sus propios médicos o psiquiatras ya les prescribieron reposo.
Lezana consideró que estas prácticas forman parte del “vaciamiento activo del Garrahan”, agravado por la falta de reemplazos de personal y la ausencia de concursos para cubrir cargos vacantes.
Educación
Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos
CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.
El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.
El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto
Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.
Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.
El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.
Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial
El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.
La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.
Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.
La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples
De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.
Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.
Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.
Universidades advierten por la salida de investigadores
La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.
Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.
El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.
Los gremios podrían profundizar las medidas
El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.
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