Gremiales
Denuncian vaciamiento y renuncias en el Garrahan: convocan una caravana nacional
Exigen la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica y Discapacidad.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan anunció una caravana hacia la Quinta de Olivos para el próximo sábado con el objetivo de exigir la aplicación inmediata de las leyes de Emergencia Pediátrica y Discapacidad.
La movilización, convocada junto a familiares de pacientes y organizaciones de la salud, partirá desde el Congreso Nacional. Según comunicaron desde la entidad gremial, la elección del sábado busca “facilitar la participación de familiares, amigos, colectivos sociales y personas que acompañan nuestra causa”.
Críticas al Gobierno nacional
La secretaria general de APyT, Norma Lezana, sostuvo que la gestión del presidente Javier Milei “no escucha el mandato popular ni el electoral” y advirtió que “parece no estar dispuesto a cumplir con las leyes votadas en el Congreso”.
En declaraciones, Lezana calificó al actual Ejecutivo como “un Gobierno cruel” y destacó que la movilización contará con el acompañamiento de la comunidad universitaria y del colectivo de discapacidad, sectores que, según expresó, “tienen un tremendo apoyo social”.
“Estamos convocando a todas y a todos”, afirmó la dirigente, al tiempo que subrayó la necesidad de “defender la salud pública y los derechos de los trabajadores del Garrahan”.
Denuncias por vaciamiento y renuncias
Lezana advirtió que las autoridades del hospital “continúan haciendo daño” con recortes presupuestarios y falta de personal, lo que genera sobrecarga laboral. Según precisó, en los últimos dos meses renunciaron 50 profesionales debido al deterioro de las condiciones de trabajo.
Desde APyT informaron que presentaron un recurso de amparo para denunciar el “empobrecimiento generalizado del personal” y la reducción del jardín maternal de la institución. Según la denuncia, se expulsan a niños de la sala de 2 años y se dejan sin vacantes a bebés lactantes, mientras que las maestras enfrentan “salarios de hambre, jornadas excesivas y sobrecarga laboral”.
Reclamos por el trato al personal
La dirigente gremial también denunció un “uso abusivo y cruel” de los controles médicos que impone el hospital. Según explicó, las autoridades obligan a los trabajadores enfermos a presentarse en la Dirección de Salud Laboral del Ministerio, donde deben realizarse “cientos de exámenes médicos complementarios”, incluso cuando sus propios médicos o psiquiatras ya les prescribieron reposo.
Lezana consideró que estas prácticas forman parte del “vaciamiento activo del Garrahan”, agravado por la falta de reemplazos de personal y la ausencia de concursos para cubrir cargos vacantes.
Educación
Gratuidad universitaria: el aniversario expone un ajuste sin precedentes en democracia
A 77 años del decreto de Perón que suspendió los aranceles universitarios, el sistema público llega al Día de la Gratuidad con su presupuesto en el nivel más bajo desde 2006, salarios docentes que perdieron más de un tercio y una Ley de Financiamiento que Milei sigue sin aplicar pese a los fallos judiciales.
El financiamiento por estudiante en las universidades nacionales cayó a 2,4 millones de pesos anuales a valores de 2026, el nivel más bajo desde por lo menos 2004. Con ese dato a cuestas llega el sistema universitario argentino a un nuevo 22 de noviembre, la fecha que recuerda el día en que el Estado decidió que estudiar una carrera no podía depender del bolsillo de cada familia.
El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto 29.337, que suspendió el cobro de aranceles en las universidades nacionales. Décadas más tarde, el Congreso de la Nación consagró esa fecha como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria a través de la Ley 26.320. Este año, la conmemoración encuentra a docentes en paro, a rectores litigando contra el Poder Ejecutivo y a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario vigente en los papeles pero sin aplicación en los hechos.
El decreto que abrió las aulas
Los considerandos del decreto de 1949 dejaron por escrito una concepción del Estado que hoy está en discusión. El texto sostuvo que «el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura» de su población, y que «es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria«. Para eso, planteó la necesidad de eliminar todo obstáculo que impidiera a los jóvenes con vocación acceder a los estudios superiores.
La medida se inscribió en el marco de la reforma constitucional de ese mismo año, a la que el propio decreto hacía referencia. Su efecto fue la apertura de la universidad a sectores sociales que hasta entonces la tenían vedada. Cada 22 de noviembre circula en redes sociales una frase atribuida a Perón que resume esa lectura: la mayor conquista habría sido que la universidad se llenara de hijos de obreros.
La gratuidad no fue un camino lineal. Tras el golpe de 1955 que derrocó al segundo gobierno peronista, las sucesivas dictaduras intentaron reinstalar aranceles, y en democracia hubo gobiernos que impulsaron esquemas de privatización o cobro. Recién en 2015, con la Ley 27.204, la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas quedó establecida por ley del Congreso.
Un ajuste sin precedentes en democracia
Setenta y siete años después, la gratuidad formal sigue en pie, pero las condiciones materiales que la sostienen se erosionaron a un ritmo inédito. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario cayó 29% en términos reales entre 2023 y 2025 y tocó su punto más bajo desde 2006. La organización describió ese deterioro como algo que no tiene precedentes desde el retorno de la democracia.
El golpe se sintió de lleno en los salarios. De acuerdo con el mismo relevamiento, en marzo de 2026 el sueldo real de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva era 25% inferior al de tres años antes, y el ingreso promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del registrado entre 2011 y noviembre de 2023. Mientras tanto, la matrícula siguió creciendo. ACIJ también señaló que parte de la escasez de recursos se explica por la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales, que implicó una merma de unos 5 billones de pesos en dos años: el Estado resignó recaudación de los sectores de mayor patrimonio mientras ajustaba sobre las aulas.
Una ley insistida por el Congreso y frenada por decreto
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras con la mayoría necesaria para insistir. El Ejecutivo debió promulgarla, pero lo hizo a través del Decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento y la dejó, en la práctica, suspendida.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires y gremios docentes acudieron a la Justicia. A fines de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó en forma cautelar aplicar los artículos referidos a salarios y becas, y la Cámara del fuero confirmó esa decisión al señalar que el Ejecutivo no podía suspender una ley del Congreso invocando una norma anterior.
El 6 de octubre de este año, el juez Martín Cormick fue más lejos: declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la norma a la definición de recursos y ordenó al Gobierno su «cumplimiento inmediato». El magistrado consideró que la ley sí contemplaba pautas de financiamiento, ya que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas. El Gobierno apeló con el argumento de que la norma compromete el equilibrio de las cuentas públicas.
En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes y a sostener los programas estudiantiles. Aun con el máximo tribunal en contra, los fondos no llegaron a las universidades.
Presupuesto 2027: un tercio menos de lo necesario
El próximo capítulo se juega en el Congreso. Según el CIN, las universidades nacionales necesitan 11 billones de pesos para funcionar en 2027, mientras que el proyecto oficial les asigna alrededor de 7,3 billones. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional para el miércoles 25 de noviembre, el mismo día en que la Cámara de Diputados prevé tratar el Presupuesto, con movilización al Congreso.
«Paramos porque quieren asignar un 33% menos de lo que quiere el sistema para funcionar», señaló el gremio en un comunicado. Su secretaria general, Clara Chevalier, sostuvo que «la pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo«. La CONADU Histórica, por su parte, encadenó semanas de paro desde fines de octubre en reclamo del cumplimiento de la ley y del pago de la deuda salarial.
Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario de Catamarca, advirtió que «hace más de un año que la ley no se aplica» y reclamó que se apruebe el presupuesto universitario «con los 11 billones de pesos para poder trabajar tranquilamente«. Sin esos recursos, alertó, quedarán sin pagar becas y proyectos de investigación y extensión.
La paradoja es evidente: el país celebra una conquista que nació de la decisión política de financiar la educación superior, mientras el Gobierno actual litiga hasta la Corte para no cumplir una ley que busca garantizarla. La gratuidad sobrevive como principio; lo que está en disputa es si quedará algo que sea gratuito de verdad.
Lo que tenés que saber:
- El 22 de noviembre de 1949, Perón firmó el Decreto 29.337, que suspendió los aranceles universitarios; la Ley 26.320 instituyó la fecha como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.
- Según ACIJ, el presupuesto universitario cayó 29% real entre 2023 y 2025 y el financiamiento por estudiante es el más bajo desde 2004.
- La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue insistida por el Congreso, pero el Gobierno la frenó con el Decreto 759/2025, declarado inconstitucional por el juez Cormick.
- La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a actualizar salarios y sostener programas estudiantiles.
- El CIN pide 11 billones de pesos para 2027 y el proyecto oficial prevé unos 7,3 billones; la CONADU para el 25 de noviembre.
-
Fútbol & Goles!4 días“Vos sos el sucesor de mi hijo”: el emotivo mensaje de Celia Messi a Nico Paz
-
Goles! ⚽4 díasTévez arma una despedida de lujo con Messi, Riquelme y Ferdinand
-
Economía 💲1 díaSanCor: tres lácteas ofrecen producir a fasón mientras la venta sigue trabada
-
CABA3 díasPatos de Palermo: el robo destapó 60 animales hacinados en Billinghurst
-
América Latina4 díasA diez meses de la captura de Maduro, Caracas y EE.UU. sellan un pacto militar
-
Deportes6 díasBeligoy compró un departamento a US$1.650 el metro; la constructora pide 4.000
-
CABA9 horasViolencia institucional: liberaron a Rocío tras violenta detención por viajar en subte con su perro
-
Economía 💲1 díaEl Tesoro podría necesitar US$13.200 millones en 2027 con el mercado cerrado
