Gremiales
Controladores aéreos: vence la tregua y vuelve el riesgo de paros en plena temporada
La tregua administrativa dictada en diciembre finaliza este viernes. El gremio ATEPSA podría retomar medidas de fuerza que afectarían vuelos en plena temporada estival.
★ El conflicto entre el Gobierno y los controladores aéreos nucleados en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) enfrenta este viernes un punto crítico: vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo el pasado 23 de diciembre, y con ella, la tregua que había neutralizado las medidas de fuerza del gremio.
Según confirmaron fuentes del sector aeronáutico consultadas, está prevista una nueva audiencia para mañana viernes 16 de enero, con la posibilidad de que la autoridad laboral otorgue una prórroga de cinco días hábiles adicionales, según lo establecido en la normativa vigente. Esta extensión requeriría la solicitud formal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Siete meses de escalada
El enfrentamiento gremial comenzó en julio de 2024, cuando una primera conciliación obligatoria desactivó un esquema de protestas previo a las vacaciones de invierno. En agosto se concretaron tres jornadas de paro nacional, que se suspendieron tras un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.
En noviembre, ATEPSA retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura. En diciembre inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros durante dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria.
«A pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto», indicaron desde la empresa estatal en un comunicado. Agregaron que «la posición beligerante de ATEPSA no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño».
Denuncias cruzadas en la Justicia
El conflicto trascendió el ámbito laboral y llegó a los tribunales federales, donde se investigan dos líneas paralelas. Por un lado, la validez de un acta paritaria de fines de 2023, en la que se analiza la responsabilidad de Gabriela Logatto, ex presidenta de EANA, y de Paola Barritta, secretaria general de ATEPSA, por la supuesta creación de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024, el cual no figura en los registros oficiales de la compañía.
Por otro lado, EANA formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad de los vuelos, incluyendo la colocación de elementos sindicales en las torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y operación técnica, según consta en las presentaciones judiciales.
El poder de un sector clave
Los controladores aéreos poseen un poder de acción particular: su especialización técnica los vuelve insustituibles en el corto plazo. Si ATEPSA decidiera retomar las medidas de fuerza tras el vencimiento de la conciliación —o de una eventual prórroga—, el sistema de aviación civil y comercial podría verse comprometido en pleno verano, la temporada de mayor demanda de pasajeros.
El desenlace de la audiencia de mañana definirá si el conflicto encuentra una salida negociada o si, por el contrario, el transporte aéreo argentino enfrenta nuevas disrupciones operativas.
Puntos clave
• Vence este viernes la conciliación obligatoria entre EANA y el gremio ATEPSA
• Hay una audiencia prevista para mañana con posibilidad de prórroga de cinco días hábiles
• El conflicto se extiende desde julio de 2024, con varios paros y medidas de fuerza
• La Justicia investiga un presunto fraude administrativo y denuncias por riesgo operacional
• La especialización técnica de los controladores dificulta su reemplazo en el corto plazo
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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