Gremiales
Reforma judicial y laboral: el plan del Gobierno para designar jueces y limitar indemnizaciones
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, reveló ante la UIA un plan para nombrar jueces por concurso y fijar un “piso y techo” a los juicios laborales. Analizamos las claves de las reformas.
★ El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, expuso hoy ante la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) el plan del Gobierno para transformar el sistema de designación de jueces y avanzar con reformas que, según afirmó, buscan dar «seguridad jurídica» al sector empresario. El funcionario anunció cambios en el proceso de nombramiento de magistrados y propuso que los fallos de la Corte Suprema sean de «aplicación obligatoria».
Un nuevo criterio para designar jueces por concurso
«Vamos a hacer algo que no hizo ningún otro Gobierno, que es designar a los que ganaron los concursos en el Consejo de la Magistratura, pero designando al que salió primero, segundo y tercero, no al puesto 24», expresó Amerio ante los industriales.
El funcionario explicó que de esa forma «se nombrará a una persona que técnicamente es la mejor y que no necesitó de la fuerza política o del amiguismo para llegar al cargo y no va a quedar atrapado en eso». Agregó que al ser el nuevo juez «la persona más idónea, tiene independencia, un concepto atado al de seguridad jurídica».
Sin embargo, Amerio no explicó cómo se compatibilizará este mecanismo con el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente «nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto», y que para los demás jueces de tribunales federales inferiores requiere el acuerdo del Senado «en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos».
La propuesta presentada como técnica y despolitizada omite el rol constitucional del Congreso en el control y aprobación de los pliegos judiciales, un mecanismo de control republicano que el actual sistema de concursos del Consejo de la Magistratura complementa pero no reemplaza.
La promesa de «previsibilidad» en juicios laborales
El eje central de la exposición ante los empresarios fue la búsqueda de lo que Amerio denominó «previsibilidad» en los conflictos judiciales. «Para dar seguridad jurídica son muy importantes las reformas en materia laboral, tributaria y previsional que se están analizando», aseguró el funcionario.
Amerio fue explícito sobre el objetivo de estas reformas: «La previsibilidad hace que los empresarios y las pymes sepan que cuando van a ir a un juicio laboral, no importa la sala (de Cámara) que te toque, no importa el juez, los márgenes de cómo puede salir una sentencia son previsibles, con un piso y un techo donde uno puede especular con los costos» en caso de perder.
Esta declaración revela con crudeza que el propósito central de la reforma laboral es establecer límites máximos a las indemnizaciones y reparaciones que pueden obtener los trabajadores en juicios contra sus empleadores. La «previsibilidad» prometida al sector empresario implica, en la práctica, un techo a los derechos laborales.
El secretario reconoció además que «lo primero y principal, es completar las vacantes de la Justicia, que tiene un 35 o 36 por ciento de vacancias, sobre todo en el fuero laboral que tanto tiene que ver con la cuestión y en el fuero comercial».
Fallos de la Corte de aplicación obligatoria
Amerio planteó además la necesidad de «hacer una reforma para que los fallos de la Corte Suprema, último intérprete de la Constitución Nacional, sean obligatorios».
Para fundamentar esta propuesta, el funcionario citó un caso concreto: «El año pasado la Corte Suprema sacó dos fallos en los que limitó los intereses indemnizatorios en materia laboral, y una sala de la Cámara no siguió ese criterio y volvió a modificar la sentencia. Eso es inseguridad jurídica», puntualizó.
La propuesta implica una transformación del sistema judicial argentino, donde actualmente los tribunales inferiores tienen márgenes de interpretación autónoma de la ley. El caso citado por Amerio muestra, paradójicamente, que la «inseguridad jurídica» que denuncia el Gobierno es el ejercicio de la independencia judicial por parte de una Cámara que interpretó la normativa laboral de manera más favorable a los trabajadores que la Corte Suprema.
«El Presidente nunca ha designado jueces»
En su exposición, Amerio buscó desactivar críticas sobre posible injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial: «Nosotros no alteramos la labor de los jueces. El Presidente nunca ha manifestado nada en contra de la Justicia y no ha designado jueces, cosa que no pueden decir un montón de presidentes anteriores que hemos tenido», subrayó.
Esta afirmación resulta, como mínimo, engañosa: el presidente Javier Milei no ha designado jueces porque no ha enviado pliegos al Senado para su tratamiento, no porque haya adoptado una posición de principios respecto a la división de poderes. Con un 35% de vacantes en el Poder Judicial —según las propias cifras mencionadas por Amerio—, la ausencia de nombramientos constituye un problema grave para el funcionamiento del sistema de justicia, no un mérito del Gobierno.
Un paquete integral de reformas
El secretario de Justicia fue claro sobre el alcance de la agenda oficial: además de las reformas laboral, tributaria y previsional, mencionó «aunque no esté tan atado a la seguridad jurídica, también la presentación del nuevo Código Penal».
La exposición ante la UIA dejó en evidencia que el destinatario explícito de estas políticas es el sector empresario, al que se le promete un escenario de menores costos en conflictos laborales y mayor «previsibilidad» —léase: topes— en las indemnizaciones.
Puntos clave:
• Amerio anuncia designación de jueces por orden de mérito en concursos, pero no explica cómo se compatibiliza con el acuerdo del Senado que requiere la Constitución Nacional
• El Gobierno promete «previsibilidad» con «un piso y un techo» en sentencias laborales, lo que implica límites a indemnizaciones para trabajadores
• Propone que fallos de la Corte Suprema sean de aplicación obligatoria, citando como «inseguridad jurídica» que una Cámara no siguiera un criterio restrictivo en materia de intereses indemnizatorios
• Amerio reconoce que hay 35-36% de vacantes judiciales, concentradas en fuero laboral y comercial
• El paquete incluye reformas laboral, tributaria, previsional y nuevo Código Penal
Gremiales
Aguiar pide reforma sindical: “Un dirigente no puede vivir como empresario”
El secretario general de ATE cuestionó a los gremios alineados con Milei, reclamó que los sindicalistas presenten declaraciones juradas y advirtió que el movimiento obrero perdió más del 44% del poder adquisitivo en dos años y medio.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió al cruce de los dirigentes sindicales que mantienen una posición cómoda frente al Gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma sindical de fondo que prohíba a los gremialistas vivir como empresarios, los obligue a presentar declaraciones juradas y recupere la credibilidad del movimiento obrero de cara a la sociedad. Lo dijo en Modo Fontevecchia, en una entrevista en la que también denunció el avance privatizador sobre Fabricaciones Militares y cuestionó la demora de la CGT para convocar a un paro general.
La autocrítica que incomoda: dirigentes que «hablan, piensan y viven como empresarios»
El planteo de Aguiar no apuntó solo hacia afuera. Con una crudeza poco habitual en el mundo sindical, el dirigente reconoció que el sindicalismo perdió credibilidad ante la sociedad y que parte de esa pérdida tiene nombre y apellido: los gremialistas que, a su juicio, «hablan, piensan y viven como empresarios». Para Aguiar, la reforma que propone no debe venir del Congreso ni de economistas ajenos al mundo del trabajo, y en ese punto apuntó contra el diputado Martín Tetaz, quien impulsó iniciativas en esa dirección sin, según Aguiar, haber «trabajado media hora para nadie». La reforma, sostuvo, «la tenemos que llevar adelante los trabajadores».
Uno de los ejes centrales de su propuesta es la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos para todos los dirigentes sindicales, una exigencia que hoy rige para los funcionarios públicos pero que el sindicalismo aún no tiene. «A esta altura de la democracia, la sociedad ya tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista«, afirmó. También reclamó prohibir que un dirigente esté de los dos lados del mostrador a la vez, en referencia a los gremialistas que cosechan aplausos tanto de sus compañeros como de sus empleadores.
El aguijón contra UPCN y el sindicalismo de gestión
Aguiar reservó una crítica especial para Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que firmó acuerdos salariales por debajo de la inflación en la administración pública durante la gestión Milei. Para Aguiar, esa decisión significó convalidar una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en los últimos dos años y medio para los trabajadores estatales, sin que el Poder Ejecutivo necesitara siquiera imponer el recorte por decreto. «Hubo otro gremio, en este caso UPCN, que firmó, que lo aceptó», señaló, y agregó que Rodríguez «fue oficialista con todos los gobiernos» y que «cuando caiga Milei, también va a caer él. Y de esta no se levanta más».
Fabricaciones Militares: privatización y extranjerización
El otro eje de la entrevista fue el avance del Gobierno sobre Fabricaciones Militares. Aguiar denunció que la empresa fue convertida en una sociedad anónima unipersonal y que se emitió un pliego para licitar el 51% de las acciones, con la condición de que los compradores sean exclusivamente empresas extranjeras. «Estamos frente no solo a la venta de Fabricaciones Militares, sino a su extranjerización», afirmó. Según el dirigente, el objetivo real es apropiarse de los sellos y franquicias de la empresa para comercializarlos en el mundo. ATE logró frenar temporalmente el proceso mediante una medida cautelar judicial, pero Aguiar anticipó que el conflicto continuará. También advirtió sobre el avance del vaciamiento del INTA, el INTI y el CONICET como parte del mismo esquema de desguace estatal.
El paro que la CGT demora: «Sobran los motivos»
Sobre la estrategia de la central obrera, Aguiar fue categórico: «A Alfonsín, por mucho menos, le hicieron 14 paros generales. Acá sobran motivos y existen condiciones desde hace tiempo». Cuestionó que la CGT planifique su próximo acto para después de la visita del Papa y reclamó que el paro general se realice antes. En ese sentido, desestimó la ola de pedidos de audiencia con el Pontífice de parte de dirigentes sindicales: «No puede ser que a los sindicalistas les dé vocación de monaguillo», ironizó, y subrayó que los problemas del movimiento obrero «los tenemos que solucionar nosotros, estando en la calle y reclamando».
El paro en aeropuertos y la tensión con el Ministerio de Capital Humano
En el arranque de la entrevista, Aguiar explicó la decisión de postergar el paro en los aeropuertos, previsto para este jueves. El dirigente relató que a último momento recibieron una intimación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación exigiéndole al sindicato cumplir con el 75% de las prestaciones normales y habituales durante la medida de fuerza, por tratarse de un servicio esencial. Ante esa presión, ATE optó por abrir una instancia de diálogo urgente para consensuar la modalidad de la protesta, aunque aclaró que el gremio agotó todas las instancias legales, comunicó la medida con cinco días de anticipación y hace responsable al Ejecutivo de cualquier demora o cancelación de vuelos.
Puntos clave
- ATE acumula una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en la administración pública desde el inicio de la gestión Milei.
- Fabricaciones Militares fue convertida en sociedad anónima y se licitó el 51% de sus acciones exclusivamente para empresas extranjeras.
- Aguiar reclamó la obligatoriedad de declaraciones juradas para todos los dirigentes sindicales.
- La CGT planifica un acto para después de la visita papal; Aguiar exige el paro antes de esa fecha.
- El paro en aeropuertos fue postergado tras una intimación del Ministerio de Capital Humano, que exigió el 75% de prestaciones durante la medida.
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