Gremiales
Reforma judicial y laboral: el plan del Gobierno para designar jueces y limitar indemnizaciones
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, reveló ante la UIA un plan para nombrar jueces por concurso y fijar un “piso y techo” a los juicios laborales. Analizamos las claves de las reformas.
★ El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, expuso hoy ante la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) el plan del Gobierno para transformar el sistema de designación de jueces y avanzar con reformas que, según afirmó, buscan dar «seguridad jurídica» al sector empresario. El funcionario anunció cambios en el proceso de nombramiento de magistrados y propuso que los fallos de la Corte Suprema sean de «aplicación obligatoria».
Un nuevo criterio para designar jueces por concurso
«Vamos a hacer algo que no hizo ningún otro Gobierno, que es designar a los que ganaron los concursos en el Consejo de la Magistratura, pero designando al que salió primero, segundo y tercero, no al puesto 24», expresó Amerio ante los industriales.
El funcionario explicó que de esa forma «se nombrará a una persona que técnicamente es la mejor y que no necesitó de la fuerza política o del amiguismo para llegar al cargo y no va a quedar atrapado en eso». Agregó que al ser el nuevo juez «la persona más idónea, tiene independencia, un concepto atado al de seguridad jurídica».
Sin embargo, Amerio no explicó cómo se compatibilizará este mecanismo con el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente «nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto», y que para los demás jueces de tribunales federales inferiores requiere el acuerdo del Senado «en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos».
La propuesta presentada como técnica y despolitizada omite el rol constitucional del Congreso en el control y aprobación de los pliegos judiciales, un mecanismo de control republicano que el actual sistema de concursos del Consejo de la Magistratura complementa pero no reemplaza.
La promesa de «previsibilidad» en juicios laborales
El eje central de la exposición ante los empresarios fue la búsqueda de lo que Amerio denominó «previsibilidad» en los conflictos judiciales. «Para dar seguridad jurídica son muy importantes las reformas en materia laboral, tributaria y previsional que se están analizando», aseguró el funcionario.
Amerio fue explícito sobre el objetivo de estas reformas: «La previsibilidad hace que los empresarios y las pymes sepan que cuando van a ir a un juicio laboral, no importa la sala (de Cámara) que te toque, no importa el juez, los márgenes de cómo puede salir una sentencia son previsibles, con un piso y un techo donde uno puede especular con los costos» en caso de perder.
Esta declaración revela con crudeza que el propósito central de la reforma laboral es establecer límites máximos a las indemnizaciones y reparaciones que pueden obtener los trabajadores en juicios contra sus empleadores. La «previsibilidad» prometida al sector empresario implica, en la práctica, un techo a los derechos laborales.
El secretario reconoció además que «lo primero y principal, es completar las vacantes de la Justicia, que tiene un 35 o 36 por ciento de vacancias, sobre todo en el fuero laboral que tanto tiene que ver con la cuestión y en el fuero comercial».
Fallos de la Corte de aplicación obligatoria
Amerio planteó además la necesidad de «hacer una reforma para que los fallos de la Corte Suprema, último intérprete de la Constitución Nacional, sean obligatorios».
Para fundamentar esta propuesta, el funcionario citó un caso concreto: «El año pasado la Corte Suprema sacó dos fallos en los que limitó los intereses indemnizatorios en materia laboral, y una sala de la Cámara no siguió ese criterio y volvió a modificar la sentencia. Eso es inseguridad jurídica», puntualizó.
La propuesta implica una transformación del sistema judicial argentino, donde actualmente los tribunales inferiores tienen márgenes de interpretación autónoma de la ley. El caso citado por Amerio muestra, paradójicamente, que la «inseguridad jurídica» que denuncia el Gobierno es el ejercicio de la independencia judicial por parte de una Cámara que interpretó la normativa laboral de manera más favorable a los trabajadores que la Corte Suprema.
«El Presidente nunca ha designado jueces»
En su exposición, Amerio buscó desactivar críticas sobre posible injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial: «Nosotros no alteramos la labor de los jueces. El Presidente nunca ha manifestado nada en contra de la Justicia y no ha designado jueces, cosa que no pueden decir un montón de presidentes anteriores que hemos tenido», subrayó.
Esta afirmación resulta, como mínimo, engañosa: el presidente Javier Milei no ha designado jueces porque no ha enviado pliegos al Senado para su tratamiento, no porque haya adoptado una posición de principios respecto a la división de poderes. Con un 35% de vacantes en el Poder Judicial —según las propias cifras mencionadas por Amerio—, la ausencia de nombramientos constituye un problema grave para el funcionamiento del sistema de justicia, no un mérito del Gobierno.
Un paquete integral de reformas
El secretario de Justicia fue claro sobre el alcance de la agenda oficial: además de las reformas laboral, tributaria y previsional, mencionó «aunque no esté tan atado a la seguridad jurídica, también la presentación del nuevo Código Penal».
La exposición ante la UIA dejó en evidencia que el destinatario explícito de estas políticas es el sector empresario, al que se le promete un escenario de menores costos en conflictos laborales y mayor «previsibilidad» —léase: topes— en las indemnizaciones.
Puntos clave:
• Amerio anuncia designación de jueces por orden de mérito en concursos, pero no explica cómo se compatibiliza con el acuerdo del Senado que requiere la Constitución Nacional
• El Gobierno promete «previsibilidad» con «un piso y un techo» en sentencias laborales, lo que implica límites a indemnizaciones para trabajadores
• Propone que fallos de la Corte Suprema sean de aplicación obligatoria, citando como «inseguridad jurídica» que una Cámara no siguiera un criterio restrictivo en materia de intereses indemnizatorios
• Amerio reconoce que hay 35-36% de vacantes judiciales, concentradas en fuero laboral y comercial
• El paquete incluye reformas laboral, tributaria, previsional y nuevo Código Penal
Economía 💲
El calzado marchó a Industria: según el sector, cerraron 240 fábricas
Fabricantes y trabajadores entregaron un petitorio en la Secretaría de Industria de la Nación. Según el documento de FAICA y UTICRA, se perdieron 7.782 empleos registrados (43%) y la producción cayó 22,6% entre enero y septiembre; la Cámara de la Industria del Calzado habla de unos 10.000 puestos.
La industria del calzado salió a la calle con un diagnóstico de emergencia: según el petitorio de FAICA y UTICRA, cerraron 240 fábricas, se perdieron 7.782 puestos de trabajo (43%) y la producción cayó 22,6% entre enero y septiembre de 2026.
La Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) convocaron, bajo la consigna «¡La industria camina!», a una movilización con inicio a las 14 en Tacuarí y avenida Belgrano, con destino en la Secretaría de Industria de la Nación, donde entregaron un petitorio conjunto. Participaron fabricantes, pymes, talleristas y trabajadores, junto con la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), que preside Horacio Moschetto, y con el respaldo político del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Qué reclaman al Gobierno
El documento pide una reunión urgente para impulsar un Plan de Mejora Productiva con tres ejes: controles efectivos contra la competencia desleal y el contrabando; alivio fiscal, laboral y financiero para las pymes; y políticas de estímulo al consumo interno y a las exportaciones. El sector atribuye el deterioro al aumento de las importaciones, al avance del contrabando y a la falta de condiciones equitativas para competir.
La CIC suma una preocupación con fecha: la medida antidumping sobre el calzado importado vence en diciembre. «Estamos presentando las pruebas para renovar el antidumping que nos vence en diciembre», explicó Moschetto a fines de octubre, y advirtió que, sin esa protección, podría producirse una avalancha de calzado importado de bajo precio.
Los números, según cada entidad
Las cifras que circulan no coinciden del todo, porque cada entidad usa períodos y criterios distintos. FAICA y UTICRA hablan de 240 fábricas cerradas, 7.782 empleos registrados perdidos (43%) y una caída de 22,6% de la producción entre enero y septiembre. La CIC, por su parte, contabiliza más de 200 fábricas cerradas y unos 10.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos dos años, y proyecta una producción de unos 60 millones de pares en 2026, frente a 80 millones en 2025. Todos estos datos fueron difundidos por las propias entidades del sector.
Moschetto sostuvo que el principal problema es la falta de compradores, incluso por encima de la competencia externa, aunque el resto de los factores también influye.
Una protesta que viene escalando
La marcha fue el segundo paso de un reclamo que el 27 de octubre tuvo su primera expresión pública. Ese día, el grupo de fabricantes Zapateros Unidos regaló unos 1.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo, con el acompañamiento de la CIC y de UTICRA, y luego se anunció una movilización nacional para noviembre. Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial al petitorio.
Lo que tenés que saber
- La industria del calzado marchó a la Secretaría de Industria y entregó un petitorio conjunto de FAICA y UTICRA.
- Según ese documento, cerraron 240 fábricas, se perdieron 7.782 empleos (43%) y la producción cayó 22,6% entre enero y septiembre de 2026.
- La CIC habla de más de 200 fábricas cerradas y unos 10.000 puestos perdidos en dos años.
- Piden un Plan de Mejora Productiva con controles al contrabando, alivio para las pymes y estímulo al consumo.
- La medida antidumping sobre el calzado importado vence en diciembre.
Título analítico: Calzado: 240 fábricas cerradas, 43% menos de empleo y una producción en caída, según el sector
Título de impacto: Zapateros y trabajadores marcharon juntos: 7.782 empleos perdidos y un petitorio al Gobierno
Título de impacto crítico: Calzado en emergencia: fábricas cerradas, empleo en caída y un reclamo que espera respuesta
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