Gremiales
Reforma judicial y laboral: el plan del Gobierno para designar jueces y limitar indemnizaciones
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, reveló ante la UIA un plan para nombrar jueces por concurso y fijar un “piso y techo” a los juicios laborales. Analizamos las claves de las reformas.
★ El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, expuso hoy ante la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) el plan del Gobierno para transformar el sistema de designación de jueces y avanzar con reformas que, según afirmó, buscan dar «seguridad jurídica» al sector empresario. El funcionario anunció cambios en el proceso de nombramiento de magistrados y propuso que los fallos de la Corte Suprema sean de «aplicación obligatoria».
Un nuevo criterio para designar jueces por concurso
«Vamos a hacer algo que no hizo ningún otro Gobierno, que es designar a los que ganaron los concursos en el Consejo de la Magistratura, pero designando al que salió primero, segundo y tercero, no al puesto 24», expresó Amerio ante los industriales.
El funcionario explicó que de esa forma «se nombrará a una persona que técnicamente es la mejor y que no necesitó de la fuerza política o del amiguismo para llegar al cargo y no va a quedar atrapado en eso». Agregó que al ser el nuevo juez «la persona más idónea, tiene independencia, un concepto atado al de seguridad jurídica».
Sin embargo, Amerio no explicó cómo se compatibilizará este mecanismo con el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente «nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto», y que para los demás jueces de tribunales federales inferiores requiere el acuerdo del Senado «en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos».
La propuesta presentada como técnica y despolitizada omite el rol constitucional del Congreso en el control y aprobación de los pliegos judiciales, un mecanismo de control republicano que el actual sistema de concursos del Consejo de la Magistratura complementa pero no reemplaza.
La promesa de «previsibilidad» en juicios laborales
El eje central de la exposición ante los empresarios fue la búsqueda de lo que Amerio denominó «previsibilidad» en los conflictos judiciales. «Para dar seguridad jurídica son muy importantes las reformas en materia laboral, tributaria y previsional que se están analizando», aseguró el funcionario.
Amerio fue explícito sobre el objetivo de estas reformas: «La previsibilidad hace que los empresarios y las pymes sepan que cuando van a ir a un juicio laboral, no importa la sala (de Cámara) que te toque, no importa el juez, los márgenes de cómo puede salir una sentencia son previsibles, con un piso y un techo donde uno puede especular con los costos» en caso de perder.
Esta declaración revela con crudeza que el propósito central de la reforma laboral es establecer límites máximos a las indemnizaciones y reparaciones que pueden obtener los trabajadores en juicios contra sus empleadores. La «previsibilidad» prometida al sector empresario implica, en la práctica, un techo a los derechos laborales.
El secretario reconoció además que «lo primero y principal, es completar las vacantes de la Justicia, que tiene un 35 o 36 por ciento de vacancias, sobre todo en el fuero laboral que tanto tiene que ver con la cuestión y en el fuero comercial».
Fallos de la Corte de aplicación obligatoria
Amerio planteó además la necesidad de «hacer una reforma para que los fallos de la Corte Suprema, último intérprete de la Constitución Nacional, sean obligatorios».
Para fundamentar esta propuesta, el funcionario citó un caso concreto: «El año pasado la Corte Suprema sacó dos fallos en los que limitó los intereses indemnizatorios en materia laboral, y una sala de la Cámara no siguió ese criterio y volvió a modificar la sentencia. Eso es inseguridad jurídica», puntualizó.
La propuesta implica una transformación del sistema judicial argentino, donde actualmente los tribunales inferiores tienen márgenes de interpretación autónoma de la ley. El caso citado por Amerio muestra, paradójicamente, que la «inseguridad jurídica» que denuncia el Gobierno es el ejercicio de la independencia judicial por parte de una Cámara que interpretó la normativa laboral de manera más favorable a los trabajadores que la Corte Suprema.
«El Presidente nunca ha designado jueces»
En su exposición, Amerio buscó desactivar críticas sobre posible injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial: «Nosotros no alteramos la labor de los jueces. El Presidente nunca ha manifestado nada en contra de la Justicia y no ha designado jueces, cosa que no pueden decir un montón de presidentes anteriores que hemos tenido», subrayó.
Esta afirmación resulta, como mínimo, engañosa: el presidente Javier Milei no ha designado jueces porque no ha enviado pliegos al Senado para su tratamiento, no porque haya adoptado una posición de principios respecto a la división de poderes. Con un 35% de vacantes en el Poder Judicial —según las propias cifras mencionadas por Amerio—, la ausencia de nombramientos constituye un problema grave para el funcionamiento del sistema de justicia, no un mérito del Gobierno.
Un paquete integral de reformas
El secretario de Justicia fue claro sobre el alcance de la agenda oficial: además de las reformas laboral, tributaria y previsional, mencionó «aunque no esté tan atado a la seguridad jurídica, también la presentación del nuevo Código Penal».
La exposición ante la UIA dejó en evidencia que el destinatario explícito de estas políticas es el sector empresario, al que se le promete un escenario de menores costos en conflictos laborales y mayor «previsibilidad» —léase: topes— en las indemnizaciones.
Puntos clave:
• Amerio anuncia designación de jueces por orden de mérito en concursos, pero no explica cómo se compatibiliza con el acuerdo del Senado que requiere la Constitución Nacional
• El Gobierno promete «previsibilidad» con «un piso y un techo» en sentencias laborales, lo que implica límites a indemnizaciones para trabajadores
• Propone que fallos de la Corte Suprema sean de aplicación obligatoria, citando como «inseguridad jurídica» que una Cámara no siguiera un criterio restrictivo en materia de intereses indemnizatorios
• Amerio reconoce que hay 35-36% de vacantes judiciales, concentradas en fuero laboral y comercial
• El paquete incluye reformas laboral, tributaria, previsional y nuevo Código Penal
Actualidad
CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha
La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.
La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.
«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.
Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».
Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada
La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.
Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.
Jubilados en el centro de la escena
La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.
La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.
Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre
La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.
El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.
El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua
Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.
Puntos clave
- CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
- El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
- La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
- El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
- El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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