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Gremiales

CTERA demandó judicialmente el pago del FONID

Un decisión clave en defensa de la educación y el salario de los docentes, en medio de la profunda crisis económica provocada por el gobierno de Javier Milei.

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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por la secretaria general Sonia Alesso, ha iniciado acciones legales para garantizar el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) correspondiente a los años 2023 y 2024, hasta la fecha pendientes.

La demanda, presentada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de Capital Federal, busca afirmar el derecho de las trabajadoras y trabajadores de la Educación al cobro de este componente salarial, esencial para los docentes, y que el gobierno nacional ha rehusado abonar, a pesar de su obligación legal según la ley 25.053 y los términos de la Paritaria Nacional Docente establecidos en el artículo 10 de la Ley 26.075. La asignación presupuestaria, respaldada por la Ley 27.701 y el DNU 88/2023 del gobierno de Milei, válida la exigencia de CTERA.

La acción judicial, solicitada en la vía sumarísima para agilizar el proceso, beneficia a más de un millón de docentes cuyos salarios han sido ilegalmente afectados por la retención de fondos ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional, sin justificación alguna.

Este paso legal, respaldado por el Secretario General Adjunto Roberto Baradel y la Secretaria General Sonia Alesso, es un contundente respaldo a los derechos de los docentes y un llamado a la transparencia y responsabilidad del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones.

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

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La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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