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Gremiales

Los 4 gremios ferroviarios acordaron nuevo aumento de casi 40% y suma fija no remunerativa

El titular de la Unión Ferroviaria (UF) explicó que la suma fija se efectiviza el 18 de este mes en el caso de Ferrovías y con los haberes de noviembre en el de Metrovías.

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Los cuatro gremios ferroviarios y las empresas Ferrovías SAC y Metrovías SA acordaron hoy en la revisión de la paritaria un nuevo incremento salarial de casi el 40% en tres tramos y el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez equivalente al 15% del salario bruto total conformado vigente en septiembre, informó el dirigente Sergio Sasia.

El titular de la Unión Ferroviaria (UF) explicó que la suma fija se efectiviza el 18 de este mes en el caso de Ferrovías y con los haberes de noviembre en el de Metrovías.

Además, a partir de este mes los trabajadores percibirán un aumento salarial del 18,50%, calculado sobre los haberes de septiembre; otro 10,50% sobre los de noviembre y otra mejora del 7% en enero de 2023 sobre las remuneraciones de diciembre próximo.

En todos los casos, los aumentos se realizarán sobre el salario bruto total, incluido el básico y las bonificaciones, los viáticos y la antigüedad, informó el dirigente gremial.

El acuerdo fue firmado, además de Sasia, por el titular del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, el de la Asociación de Señaleros (ASFA), Enrique Maigua, y el jefe del gremio jerárquico ferroviario y ferroportuario (Apdfa), Adrián Silva.

El acuerdo salarial es cuatrimestral y regirá entre el 1° de octubre último y el 31 de enero próximo, y las negociaciones serán retomadas en febrero, luego de que sea difundido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2023 para monitorear el convenio firmado y definir las pautas de ingresos para el período febrero-marzo del año próximo.

El importe de 6.500 pesos que los trabajadores perciben en concepto de Bono Covid continuará siendo pagado por las empresas como no remunerativo, y será incrementado este mes a 7.700 pesos, en diciembre a 8.500 y en enero a 9.100 pesos, indicó Sasia.

«En similar sentido continúan las negociaciones paritarias pendientes con las demás empresas ferroviarias», dijo el también titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) e integrante del consejo directivo de la CGT.

«El acuerdo fue el resultado de negociaciones directas y difíciles en una situación económico-social nacional complicada, pero no hubo necesidad de recurrir a medidas de acción directa y tampoco hubo pérdida de horas de trabajo, por lo que los gremios agradecen la confianza y realzan la unidad de las organizaciones», concluyeron.

Educación

Gratuidad universitaria: el aniversario expone un ajuste sin precedentes en democracia

A 77 años del decreto de Perón que suspendió los aranceles universitarios, el sistema público llega al Día de la Gratuidad con su presupuesto en el nivel más bajo desde 2006, salarios docentes que perdieron más de un tercio y una Ley de Financiamiento que Milei sigue sin aplicar pese a los fallos judiciales.

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El financiamiento por estudiante en las universidades nacionales cayó a 2,4 millones de pesos anuales a valores de 2026, el nivel más bajo desde por lo menos 2004. Con ese dato a cuestas llega el sistema universitario argentino a un nuevo 22 de noviembre, la fecha que recuerda el día en que el Estado decidió que estudiar una carrera no podía depender del bolsillo de cada familia.

El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto 29.337, que suspendió el cobro de aranceles en las universidades nacionales. Décadas más tarde, el Congreso de la Nación consagró esa fecha como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria a través de la Ley 26.320. Este año, la conmemoración encuentra a docentes en paro, a rectores litigando contra el Poder Ejecutivo y a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario vigente en los papeles pero sin aplicación en los hechos.

El decreto que abrió las aulas

Los considerandos del decreto de 1949 dejaron por escrito una concepción del Estado que hoy está en discusión. El texto sostuvo que «el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura» de su población, y que «es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria«. Para eso, planteó la necesidad de eliminar todo obstáculo que impidiera a los jóvenes con vocación acceder a los estudios superiores.

La medida se inscribió en el marco de la reforma constitucional de ese mismo año, a la que el propio decreto hacía referencia. Su efecto fue la apertura de la universidad a sectores sociales que hasta entonces la tenían vedada. Cada 22 de noviembre circula en redes sociales una frase atribuida a Perón que resume esa lectura: la mayor conquista habría sido que la universidad se llenara de hijos de obreros.

La gratuidad no fue un camino lineal. Tras el golpe de 1955 que derrocó al segundo gobierno peronista, las sucesivas dictaduras intentaron reinstalar aranceles, y en democracia hubo gobiernos que impulsaron esquemas de privatización o cobro. Recién en 2015, con la Ley 27.204, la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas quedó establecida por ley del Congreso.

Un ajuste sin precedentes en democracia

Setenta y siete años después, la gratuidad formal sigue en pie, pero las condiciones materiales que la sostienen se erosionaron a un ritmo inédito. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario cayó 29% en términos reales entre 2023 y 2025 y tocó su punto más bajo desde 2006. La organización describió ese deterioro como algo que no tiene precedentes desde el retorno de la democracia.

El golpe se sintió de lleno en los salarios. De acuerdo con el mismo relevamiento, en marzo de 2026 el sueldo real de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva era 25% inferior al de tres años antes, y el ingreso promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del registrado entre 2011 y noviembre de 2023. Mientras tanto, la matrícula siguió creciendo. ACIJ también señaló que parte de la escasez de recursos se explica por la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales, que implicó una merma de unos 5 billones de pesos en dos años: el Estado resignó recaudación de los sectores de mayor patrimonio mientras ajustaba sobre las aulas.

Una ley insistida por el Congreso y frenada por decreto

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras con la mayoría necesaria para insistir. El Ejecutivo debió promulgarla, pero lo hizo a través del Decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento y la dejó, en la práctica, suspendida.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires y gremios docentes acudieron a la Justicia. A fines de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó en forma cautelar aplicar los artículos referidos a salarios y becas, y la Cámara del fuero confirmó esa decisión al señalar que el Ejecutivo no podía suspender una ley del Congreso invocando una norma anterior.

El 6 de octubre de este año, el juez Martín Cormick fue más lejos: declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la norma a la definición de recursos y ordenó al Gobierno su «cumplimiento inmediato». El magistrado consideró que la ley sí contemplaba pautas de financiamiento, ya que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas. El Gobierno apeló con el argumento de que la norma compromete el equilibrio de las cuentas públicas.

En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes y a sostener los programas estudiantiles. Aun con el máximo tribunal en contra, los fondos no llegaron a las universidades.

Presupuesto 2027: un tercio menos de lo necesario

El próximo capítulo se juega en el Congreso. Según el CIN, las universidades nacionales necesitan 11 billones de pesos para funcionar en 2027, mientras que el proyecto oficial les asigna alrededor de 7,3 billones. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional para el miércoles 25 de noviembre, el mismo día en que la Cámara de Diputados prevé tratar el Presupuesto, con movilización al Congreso.

«Paramos porque quieren asignar un 33% menos de lo que quiere el sistema para funcionar», señaló el gremio en un comunicado. Su secretaria general, Clara Chevalier, sostuvo que «la pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo«. La CONADU Histórica, por su parte, encadenó semanas de paro desde fines de octubre en reclamo del cumplimiento de la ley y del pago de la deuda salarial.

Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario de Catamarca, advirtió que «hace más de un año que la ley no se aplica» y reclamó que se apruebe el presupuesto universitario «con los 11 billones de pesos para poder trabajar tranquilamente«. Sin esos recursos, alertó, quedarán sin pagar becas y proyectos de investigación y extensión.

La paradoja es evidente: el país celebra una conquista que nació de la decisión política de financiar la educación superior, mientras el Gobierno actual litiga hasta la Corte para no cumplir una ley que busca garantizarla. La gratuidad sobrevive como principio; lo que está en disputa es si quedará algo que sea gratuito de verdad.

Lo que tenés que saber:

  • El 22 de noviembre de 1949, Perón firmó el Decreto 29.337, que suspendió los aranceles universitarios; la Ley 26.320 instituyó la fecha como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.
  • Según ACIJ, el presupuesto universitario cayó 29% real entre 2023 y 2025 y el financiamiento por estudiante es el más bajo desde 2004.
  • La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue insistida por el Congreso, pero el Gobierno la frenó con el Decreto 759/2025, declarado inconstitucional por el juez Cormick.
  • La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a actualizar salarios y sostener programas estudiantiles.
  • El CIN pide 11 billones de pesos para 2027 y el proyecto oficial prevé unos 7,3 billones; la CONADU para el 25 de noviembre.

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