Gremiales
Paro de colectivos: el ajuste en el transporte paraliza el AMBA y complica a los trabajadores
La retención de tareas de la UTA expone el desfinanciamiento estatal y la crisis de los subsidios. Miles de usuarios enfrentan esperas interminables mientras el Gobierno y las empresas mantienen una disputa por fondos que no llegan a los salarios.
★ La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició desde las 00 horas de este jueves 9 de abril una medida de retención de tareas en un centenar de líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La paralización del servicio, que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables que dependen del transporte público, es el resultado de la falta de pago íntegro de los salarios correspondientes al mes de marzo en múltiples empresas del sector.
El laberinto de los subsidios y el recorte de frecuencias
La crisis no comenzó hoy; durante las últimas 48 horas, las cámaras empresarias ya habían implementado una reducción del 30 por ciento en las frecuencias, bajo el argumento de que el esquema de costos actual es insostenible frente al aumento del 25 por ciento en el valor del gasoil. Según la carta enviada por las patronales al ministro de Economía, Luis Caputo, las empresas advirtieron que sin una actualización de la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados, no pueden garantizar la prestación del servicio ni el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Desde el sindicato, la conducción de la UTA emitió un comunicado donde explicó que la medida se toma como una autotutela de los trabajadores ante el incumplimiento salarial. «Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios en determinadas empresas, se resuelve la retención de tareas», señalaron fuentes gremiales. La medida de fuerza afecta a líneas troncales como la 1, 2, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 53, 59, 60, 70, 86, 91, 100 y 152, entre otras.
Cruce de versiones y la inacción oficial
Mientras las paradas de colectivos exhiben filas interminables y malestar social, el Gobierno nacional intentó deslindar responsabilidades afirmando que ya giró los fondos correspondientes. Sin embargo, los representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA sostuvieron que el dinero acreditado es insuficiente para cubrir la brecha generada por la inflación y el incremento de los insumos operativos.
Para este mediodía, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a una reunión de urgencia con el objetivo de acercar posiciones. Fuentes del ámbito de transporte consultadas por este medio indicaron que la gestión oficial ha evitado hasta el momento dictar la conciliación obligatoria, apostando a que la tensión entre el gremio y las patronales se resuelva sin comprometer partidas adicionales del presupuesto nacional, en el marco del severo plan de ajuste fiscal que lleva adelante la administración central.
Un sistema al borde del colapso
El conflicto pone de manifiesto la fragilidad de un sistema de transporte que se encuentra en el centro de la puja por la redistribución de recursos. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue tajante al señalar que el que decide si se pone la plata o no es el ministro Luis Caputo. Según el funcionario bonaerense, si los costos no se actualizan, los trabajadores no aceptarán percibir un 30 por ciento menos de sus ingresos, lo que garantiza una escalada en la conflictividad.
Puntos clave:
- La UTA inició una retención de tareas por falta de pago total de los salarios de marzo.
- Más de 100 líneas de colectivos del AMBA se encuentran afectadas por la medida.
- Las empresas denuncian un retraso en los subsidios y un fuerte aumento en el precio del gasoil.
- El Gobierno nacional asegura haber enviado fondos, pero las cámaras empresarias lo consideran insuficiente.
- Se realiza una reunión clave en la Secretaría de Trabajo para intentar destrabar el conflicto.
CABA
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados
Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.
Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.
El repudio de la CGT y las CTA
En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.
La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.
Derechos humanos y estatales se suman al reclamo
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.
Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal
Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.
No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.
Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.
Lo que tenés que saber:
- La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
- La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
- La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
- Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
- Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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