Gremiales
Ex trabajadores de Guilford reciben indemnizaciones tras 8 años de espera
Después de un largo proceso judicial, los ex empleados de la textil Guilford reciben finalmente sus pagos, aunque algunos aún enfrentan incertidumbre en su futuro laboral.
Lo que tenés que saber
- La subasta de la planta de Guilford permitió a un gran número de trabajadores cobrar sus indemnizaciones.
- Los pagos se hicieron con base en una sentencia de 2021, aunque los montos están afectados por la devaluación.
- Aún quedan pendientes juicios para unos 40 trabajadores, en su mayoría de entre 50 y 60 años, que enfrentan dificultades para reintegrarse al mercado laboral.
- El Grupo Aldana, comprador de la planta, podría destinar el inmueble a un mercado concentrador o un corralón de materiales.
- Las indemnizaciones fueron posibles gracias a la subasta de la planta en 2023, después de años de demoras.
El largo proceso de indemnizaciones
El cierre de la textil Guilford en 2016 dejó a 200 trabajadores sin empleo, sin recibir sus indemnizaciones ni los sueldos adeudados. Muchos de ellos, con años de antigüedad en la empresa, encontraron complicado reinsertarse en el mercado laboral. Los primeros años fueron un período de lucha constante por parte de los afectados, aunque la situación fue empeorando con el tiempo.
A pesar de los reclamos, solo en diciembre de 2023 se concretaron pagos importantes a la mayoría de los trabajadores. Jorge Echelini, abogado de varios de los afectados, explicó que la planta se vendió a través de una subasta pública, y con los ingresos se pudieron abonar los juicios pendientes. No obstante, los pagos fueron inferiores a lo esperado, ya que se efectuaron según los valores de 2021, lo que implica un desajuste debido a la devaluación. “Cada trabajador cobró lo correspondiente a la liquidación de la sentencia, aunque hablamos de valores de 2021. Hay un desfase importante por las devaluaciones, pero al menos permitió a los trabajadores recibir algo de su despido, tras haber visto muy poca plata hasta ahora”, comentó Echelini.
La situación de los trabajadores mayores
Un grupo de operarios que se encuentra entre los 50 y 60 años de edad enfrenta un panorama aún más complicado, ya que tienen serias dificultades para acceder a un empleo o bien obtener jubilaciones anticipadas. Echelini destacó que muchos de estos trabajadores vivían con subsidios de 40.000 pesos mensuales, sin poder cubrir siquiera sus necesidades básicas como el pago de la electricidad. «Muchos no podían pagar la luz y vivían con subsidios de 40.000 pesos mensuales», señaló el abogado, quien también alertó sobre el panorama de despidos crecientes en la industria, lo que refleja una desaceleración en el mercado laboral.
¿Qué pasará con la planta de Guilford?
El comprador de la planta, el Grupo Aldana, ya ha manifestado su interés por destinar una parte del edificio a un Mercado Concentrador, mientras que otro espacio podría convertirse en un corralón de materiales. Según Echelini, la planta es enorme y cualquier persona que haya trabajado allí sabe lo grande que es. «La planta es inmensa. Cualquiera que estuvo adentro sabe que es la más grande de la ciudad. Ahora depende de ellos comunicar cuál será el destino final de la propiedad», afirmó.
El impacto de las demoras
Las indemnizaciones se concretaron después de un proceso judicial largo que incluyó juicios complicados, huelgas en la Justicia y la pandemia, que retrasó aún más los trámites. “Estos trabajadores han tenido muchísima mala suerte. Si hubiéramos vendido la planta en 2018, habrían cobrado a valores plenos. Pero enfrentamos un juicio que duró años, huelgas en la Justicia y luego la pandemia, que paralizó los trámites durante meses. Fue literal remar en dulce de leche, pero hemos llegado a buen puerto”, concluyó Echelini.
CABA
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados
Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.
Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.
El repudio de la CGT y las CTA
En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.
La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.
Derechos humanos y estatales se suman al reclamo
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.
Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal
Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.
No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.
Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.
Lo que tenés que saber:
- La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
- La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
- La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
- Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
- Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
-
CABA6 díasCarbón Blanco: vuelven a rematar un departamento decomisado en Villa Urquiza, 18% más barato
-
Elecciones7 díasBrasil en empate técnico: Flávio Bolsonaro saca dos puntos y el miedo se reparte
-
Mundo 🌐7 díasFin de la 6×1 en Brasil: el Senado aprobó dos días de descanso y Lula celebra antes del balotaje
-
Investigación 🔎6 díasDel 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS
-
Fútbol & Goles!7 díasConmebol rechazó a Marcos Rojo: no juega ante Flamengo y Estudiantes irá al TAS
-
Geopolítica 🌎7 díasMilei en Washington: jura lealtad a Trump y quiere sacar «a patadas» a Lula
-
Combustibles ⛽7 díasLa nafta empujó la inflación de EEUU al 3,7% y presiona a la Reserva Federal
-
Economía 💲6 díasInflación por provincia: Río Negro, Neuquén y Tucumán superaron el 1,9% nacional de septiembre
