La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó hoy el paro nacional de 24 horas desde esta medianoche en los servicios de corta y media distancia en demanda del cumplimiento patronal de las escalas salariales determinadas por una resolución conjunta de Trabajo y Transporte, en tanto el Grupo Dota inició por la tarde un lockout con la paralización de varias líneas que dejó a pie a millares de personas, que debieron acudir repentinamente a otros transportes.

Fuentes oficiales dijeron que el cese anticipado de Dota fue «un lockout patronal» y ratificaron que a las empresas «se les depositó en las últimas horas» el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados recientemente, pero algunas «están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación».

Las fuentes oficiales dijeron que «hay empresas que pagan y otras que no pagan» los aumentos correspondientes y admitieron que hay disparidad en ese sentido.

Tampoco descartaron que sea una forma de «presión» de las compañías que podrían pretender «una nueva estructura de costos y más margen de ganancias» de manera inmediata y destacaron que recientemente hubo un aumento de valor de los pasajes.

«Solo el monopolio Dota lanzó desde las 16 de hoy un adelanto de la medida de fuerza, que es absolutamente patrocinada por ese sector patronal», dijo a Télam el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, quien añadió que la protesta comenzará a la medianoche en todas las empresas que incumplan el incremento salarial.

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, ratificó también la huelga, en tanto el Ministerio de Transporte confirmó que esta semana abonó un monto suficiente para que las compañías paguen los incrementos salariales, según las fuentes oficiales.

«En la empresa que no pague lo que se acordó, no se trabajará y no habrá servicios desde la medianoche», afirmó hoy Fernández a Télam, pero las cinco cámaras del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) respondieron a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales que las escalas de haberes dispuestas por esa resolución conjunta «no están homologadas, son ilegítimas y carecen de validez jurídica».

Las fuentes de la cartera laboral indicaron a Télam que en caso de iniciarse la huelga nacional no será posible dictar una nueva conciliación obligatoria, según lo estipula la Ley 14.786, ya que ese instrumento fue aplicado por «su plazo máximo».

Según las fuentes gremiales, no todas las empresas del AMBA abonarán el incremento dispuesto por Trabajo y Transporte a partir de que la cartera que encabeza el ministro Diego Giuliano «no pagó la totalidad del dinero al que en su momento se comprometió».

Sin embargo, las fuentes de ese ministerio señalaron hoy que ya abonó el 65 por ciento del monto convenido, lo que de forma holgada cubre «los costos laborales».

A través de la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aeta), se aseguró que «la UTA reclama la aplicación de aumentos salariales dispuestos por esa resolución conjunta, pero no tiene validez jurídica, ya que la imposición de la mejora no se obtuvo a partir de un acuerdo entre gremio y cámaras».

El documento también fue rubricado por las Cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap); Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) y Aaeta.

Las empresas advirtieron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas «a precios de diciembre último», y exigieron «el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora».

Las cinco cámaras respondieron que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación «no están homologadas y son ilegítimas».

«La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector», añadieron.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había asegurado hoy en la Casa de Gobierno que Trabajo y Transporte «trabajarán durante todo el día» para evitar el paro de la UTA, en tanto Transporte sostuvo que el monto girado a las compañías «es suficiente para abonar los aumentos salariales el quinto día hábil del mes siguiente».

En tanto, desde el Ministerio de Transporte, que encabeza Diego Giuliano, se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.

Según Transporte, ese adelanto de dinero contempló la actualización de costos no salariales como combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril, y dijo que realiza un análisis y evaluación del funcionamiento del sector, incluido el parque automotor y su operación real para considerar futuras compensaciones.

También detalló que la mejora salarial del mes anterior tuvo que realizarse a través de una resolución conjunta porque el empresariado «no acordó la paritaria laboral y pretendió que el Estado reconociera incrementos sobre sus márgenes de ganancia».

«El Estado, responsable de aportar más del 80 por ciento del financiamiento del sistema de transporte automotor, que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores», indicaron desde Transporte.

Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis «en profundidad sobre el funcionamiento del sector», incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar «futuras compensaciones económicas».

La UTA y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron «la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)», y rechazaron que el personal de todo el país «se convierta en rehén de las problemáticas que puedan afrontar los servicios».

«Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio», afirmó el comunicado de la UTA de esta semana.

La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas, desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.