DDHH
El Gobierno desmanteló el Centro Cultural Haroldo Conti: otro golpe a la Memoria, Verdad y Justicia
La decisión se comunicó en vísperas de Año Nuevo. Los trabajadores convocaron a una protesta el 2 de enero frente a la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia. Denuncian despidos masivos y desmantelamiento de la ex Esma.
La Secretaría de Derechos Humanos anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA, apenas horas antes del Año Nuevo. Este espacio, dedicado a la memoria y la promoción de los derechos humanos desde su creación en 2004, cesará sus actividades a partir del 2 de enero de 2025, según informó el organismo.
Una decisión en la previa de Año Nuevo
El anuncio llegó mediante un mensaje difundido por WhatsApp a los empleados del Centro Cultural. En el comunicado, señalaron: «El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025». La notificación agregó que la medida responde a una «reestructuración interna» que implicará el rearmado de equipos de trabajo y el análisis de la programación para el próximo año.
Además, se aclaró que el personal quedará «en guardia pasiva en sus respectivos domicilios» y que aquellos trabajadores que no se hayan adherido al Plan de Retiro Voluntario no deberán presentarse a partir de la fecha mencionada, salvo que hayan sido considerados «imprescindibles».
Convocatoria en rechazo al cierre
El cierre provocó una inmediata reacción de los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes convocaron a una manifestación para el jueves 2 de enero en la puerta de la sede de la Secretaría en la ex ESMA. Desde allí, planean marchar hacia el Ministerio de Justicia para unificar las protestas junto a otros sectores afectados por despidos.
«Ante los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan», manifestaron los delegados en un comunicado.
Una política de desmantelamiento
El cierre del Centro Cultural Haroldo Conti se suma a una serie de medidas que, según los trabajadores, apuntan a desmantelar las políticas públicas de derechos humanos. La pérdida de estos espacios no solo significa la desvinculación de empleados, sino también el abandono de una agenda que busca preservar la memoria de lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar.
Los Sitios de Memoria como el Haroldo Conti no solo representan espacios de reflexión histórica, sino que también cumplen un rol educativo y social. Su cierre pone en jaque la continuidad de actividades vinculadas a la promoción de los derechos humanos en un contexto político y social que demanda su fortalecimiento.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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