Por Mariana Collante

En la Ciudad de Buenos Aires, cada vez somos más inquilinos, cada vez son menos los propietarios de viviendas porque el mercado tiende a su concentración. Las propiedades están dolarizadas desde la dictadura, y son inaccesibles para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cobran en pesos. Esa lógica también se traslada a los alquileres: los rentistas quieren cobrar en dólares para resguardar su inversión. Aquí se chocan dos concepciones; quienes tienen la necesidad de un hábitat digno (¿alguien puede optar por no tenerlo?) y quienes convierten a la vivienda en un negocio. Entre estas fuerzas, debe mediar el Estado amparando a la parte más débil que, en este caso, son los inquilinos e inquilinas.

En la Ciudad de Buenos Aires, ocurre todo lo contrario: el mercado inmobiliario impone sus necesidades de negocio, y decide quién puede habitarla, y cómo lo hará. Dos medidas conocidas en estos últimos días, dan cuenta de la dimensión distópica del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La primera es la aprobación, por parte de la Legislatura porteña, de un conjunto de medidas de ‘alivio’ para quienes pretendan alquilar una vivienda. El jefe de gobierno porteño y candidato a presidente por el PRO ya había anunciado estos ejes que, más bien, alivian y benefician a los propietarios, y constructoras. Repasemos: exención del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del impuesto inmobiliario para incentivar la oferta, exención impositiva de ingresos brutos para contratos de alquiler, mediante el aumento del tope de $ 75.000 a $ 220.000 y la suba de la cantidad máxima de departamentos a eximir por propietario, de 2 a 3.  Además, establece estímulos para la construcción en las comunas del sur de la ciudad, y un plan a largo plazo denominado covivienda. Este mecanismo supone endeudarse junto a una comunidad, familiares o amigos, para construir o refaccionar alguna vivienda existente pero con un uso previsto de 70 años.  Por último, como frutilla del postre, Larreta propone créditos para financiar los gastos que atañe al acceso a una vivienda de alquiler: bonificaciones en seguros de caución, cuotas para pagar la renta inicial y créditos para refaccionar la propiedad de alquiler. En fin, propone endeudar aún más a los trabajadores y trabajadoras que no tienen casa propia.

Debemos reconocer que en estos 16 años de gestión del macrismo, han sido muy consecuentes con el sector inmobiliario, porque esto no termina acá.  El próximo 5 de junio se abrirán las ofertas para concesionar Punta Carrasco por 10 años. Se trata de 4, 5 hectáreas en las que la empresa adjudicataria podrá construir edificios de hasta 12 metros de altura, locales gastronómicos, y locales bailables. Este tipo de edificaciones están destinadas al 3 por ciento de la población, la que puede acceder y moverse en la suntuosidad y el lujo. Para el resto, consecuencias nada deseables; carestía en los precios de los alquileres, de los bienes en general e impacto a nivel ecológico. La zona ribereña de la Ciudad de Buenos Aires es sumamente sensible, en términos de biodiversidad, y su modificación traerá aparejado, entre otras cosas, la aceleración del calentamiento urbano.  Algo que vamos a poder apreciar cuando caminemos por las calles porteñas en los meses de diciembre, enero, febrero un desafío solo para personas valientes.

En las últimas décadas, el proceso de presión sobre el diseño de las ciudades y del acceso a la vivienda se incrementó en todo el mundo. El mercado logró imponer que la rentabilidad sea la medida de todas las cosas, y recién ahora algunos países tratan de imponer algún marco regulatorio para frenar esta incidencia destructiva en el  tejido social. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno elige ir para el lado contrario y gestionar para los sectores más poderosos.