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Políticas de Discapacidad: Asamblea del COPRODIS

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, promueve políticas para las personas con discapacidad y participa en distintas instancias institucionales para su efectiva inclusión social.

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El jueves se realizó la tercera asamblea ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS) en el Centro de Día “Betania” del partido de Lomas de Zamora, con la participación de la subsecretaria de Políticas Sociales el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Bernarda Meglia, la directora provincial de Políticas de Cuidado, Natalia Mainoldi, y el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero. 

En esta ocasión, se presentaron los informes elaborados en las distintas comisiones que componen el Consejo. En la Comisión de Accesibilidad, se planteó como problemática la falta de conocimiento y sensibilización respecto a la accesibilidad, los modos de exclusión que se perpetúan y las restricciones en el acceso a derechos de las personas con discapacidad, tanto en los organismos públicos como en la comunidad en general. Por esta razón se propone seguir trabajando en la promoción de una cultura organizacional que
integre la accesibilidad universal como parte fundamental de los servicios públicos.

En la Comisión de Cupo Laboral se abordó la problemática de la exclusión ya que sólo el 30% de las personas con discapacidad están empleadas en comparación con el 70% de la población sin discapacidad. La discriminación, la falta de ajustes razonables y la baja accesibilidad física y digital en los lugares de trabajo, perpetúan esta disparidad, limitando sus oportunidades económicas y aumentando la exclusión social. Ante esta problemática, se propuso identificar las barreras que dificultan el acceso y la permanencia al pleno ejercicio laboral de la PcD, fortalecer la colaboración y desarrollo de redes entre diferentes
participantes para promover la inclusión, la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación del cupo laboral y la calidad del empleo para personas con discapacidad, entre otras acciones. 

Además, se trabajó en las comisiones de Capacitación en perspectiva de Discapacidad, de Consejos municipales, de Armonización legislativa y de Emergentes. 


Encuentro Provincial de Personas con Discapacidad y el Congreso de Discapacidad 

Además de la asamblea del COPRODIS, esta semana semana también se realizaron el  Encuentro Regional para la Visualización de Problemáticas en el Abordaje de la Discapacidad en la ciudad de Dolores y el Séptimo Congreso de Discapacidad en la ciudad de Lobos.  

En Dolores, Graciela Ranni participó por la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del primer encuentro regional para la Visualización de Problemáticas en el Abordaje de la Discapacidad, organizado por el área de Discapacidad del municipio. Se trataron temas claves para el abordaje comunitario de la discapacidad entre los que se destacan: la gestión de riesgo en el abordaje inclusivo; el Sistema de Curadurías Oficiales desde su creación hasta la actualidad; la problemática de las personas con discapacidad que viven en situación de calle; las herramientas que ofrece el Servicio de Colocación Laboral Selectiva para las Personas Con Discapacidad; y las terapias asistidas con caballos.

El día viernes, en Lobos se realizó el 7º Congreso de Discapacidad , con el foco puesto en la promoción de la autonomía de este grupo poblacional. Bajo el título “Discapacidad, Edad Adulta y Vida Independiente”, el Consejo de Discapacidad de la municipalidad convocó a los participantes al Teatro Cine Italiano, donde estuvieron presentes miembros del COPRODIS y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al intendente Jorge Etcheverry, y organizaciones y profesionales que trabajan las distintas problemáticas asociadas a la discapacidad y su vida plena en comunidad.

Buenos Aires

Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J

Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.

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Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.

Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.

El anuncio oficial y la promesa de extradición

La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».

El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.

Un clan familiar en la cima de la estructura

Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.

En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.

Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.

La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara

El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.

Una causa que avanza a cuentagotas

La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.

Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.

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