​★ La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal asestó un duro revés al Gobierno Nacional al ordenar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y ratificó la vigencia de la norma sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2025 por amplia mayoría. En su fallo, la Justicia calificó de poco serios los argumentos oficiales para eludir el cumplimiento de la ley y sentenció que la suspensión de la misma a través de decretos resulta ilegítima.

​Recomposición salarial y actualización de becas

​La resolución judicial no solo exige el cumplimiento de la normativa presupuestaria, sino que impone obligaciones específicas sobre la deuda acumulada con el sector. El fallo ordena al Ejecutivo ejecutar la recomposición salarial para el personal docente y no docente, retroactiva al periodo comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Esta medida busca subsanar la pérdida de poder adquisitivo que motivó tres semanas de paro nacional universitario y dejó a las instituciones en una situación de parálisis operativa.

​Asimismo, la Justicia determinó que el Gobierno debe poner en marcha la actualización de las becas estudiantiles a la brevedad. El tribunal subrayó que la voluntad expresada por el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no puede ser ignorada por el Ejecutivo mediante maniobras administrativas. La decisión judicial desestima el intento de la Procuración del Tesoro, que el mes pasado apeló la cautelar dictada originalmente en diciembre de 2025.

​El conflicto de fondo y el rol del CIN

​El origen de esta disputa legal radica en el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante lo que denunciaron como un desfinanciamiento sistemático del sistema público. Las universidades nacionales advirtieron durante meses sobre la imposibilidad de mantener los estándares mínimos de funcionamiento y de investigación frente a la inflación y el congelamiento de partidas. La resolución de la Cámara llega en un clima de alta tensión social, tras las masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública y el reclamo conjunto de rectores, gremios y estudiantes de todo el país.

​El fallo ratifica que la autonomía universitaria y su sustento económico poseen protección legal y constitucional que el Ejecutivo no puede vulnerar discrecionalmente. La decisión judicial marca un precedente sobre la validez de los decretos que intentan anular leyes de presupuesto educativo ya votadas, devolviendo la discusión al marco de la institucionalidad y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con la educación superior.

​Puntos clave

• ​La Justicia calificó de poco serios los argumentos del Gobierno para no aplicar la ley.
• ​Se ordenó la recomposición salarial docente y no docente desde diciembre de 2023.
• ​El fallo declara la ilegitimidad de la suspensión de la ley mediante decreto.
• ​El Ejecutivo debe actualizar las becas estudiantiles de manera inmediata.
• ​La resolución responde a un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional. ★