Educación
Freno al ajuste: la Justicia ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y exigió la recomposición salarial urgente frente al desfinanciamiento de las casas de altos estudios.
★ La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal asestó un duro revés al Gobierno Nacional al ordenar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y ratificó la vigencia de la norma sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2025 por amplia mayoría. En su fallo, la Justicia calificó de poco serios los argumentos oficiales para eludir el cumplimiento de la ley y sentenció que la suspensión de la misma a través de decretos resulta ilegítima.
Recomposición salarial y actualización de becas
La resolución judicial no solo exige el cumplimiento de la normativa presupuestaria, sino que impone obligaciones específicas sobre la deuda acumulada con el sector. El fallo ordena al Ejecutivo ejecutar la recomposición salarial para el personal docente y no docente, retroactiva al periodo comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Esta medida busca subsanar la pérdida de poder adquisitivo que motivó tres semanas de paro nacional universitario y dejó a las instituciones en una situación de parálisis operativa.
Asimismo, la Justicia determinó que el Gobierno debe poner en marcha la actualización de las becas estudiantiles a la brevedad. El tribunal subrayó que la voluntad expresada por el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no puede ser ignorada por el Ejecutivo mediante maniobras administrativas. La decisión judicial desestima el intento de la Procuración del Tesoro, que el mes pasado apeló la cautelar dictada originalmente en diciembre de 2025.
El conflicto de fondo y el rol del CIN
El origen de esta disputa legal radica en el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante lo que denunciaron como un desfinanciamiento sistemático del sistema público. Las universidades nacionales advirtieron durante meses sobre la imposibilidad de mantener los estándares mínimos de funcionamiento y de investigación frente a la inflación y el congelamiento de partidas. La resolución de la Cámara llega en un clima de alta tensión social, tras las masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública y el reclamo conjunto de rectores, gremios y estudiantes de todo el país.
El fallo ratifica que la autonomía universitaria y su sustento económico poseen protección legal y constitucional que el Ejecutivo no puede vulnerar discrecionalmente. La decisión judicial marca un precedente sobre la validez de los decretos que intentan anular leyes de presupuesto educativo ya votadas, devolviendo la discusión al marco de la institucionalidad y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con la educación superior.
Puntos clave
- La Justicia calificó de poco serios los argumentos del Gobierno para no aplicar la ley.
- Se ordenó la recomposición salarial docente y no docente desde diciembre de 2023.
- El fallo declara la ilegitimidad de la suspensión de la ley mediante decreto.
- El Ejecutivo debe actualizar las becas estudiantiles de manera inmediata.
- La resolución responde a un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional. ★
Educación
La UBA lleva sus aulas y servicios a Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento universitario
La jornada se realizará este martes frente al Ministerio de Economía, de 8 a 24. Habrá atención médica gratuita, asesoramiento profesional, clases magistrales y muestras de proyectos científicos para visibilizar el aporte de la universidad pública.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes una jornada de visibilización en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La actividad se desarrollará frente al Ministerio de Economía, entre las 8 y la medianoche, y buscará mostrar a través de distintas propuestas el impacto concreto que tiene la universidad pública en la vida cotidiana, la salud, la investigación y la formación profesional.
Servicios gratuitos para la comunidad
Durante la jornada, la UBA ofrecerá atención gratuita en distintas especialidades, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica.
También habrá espacios de asesoramiento jurídico y contable, además de orientación psicológica.
La propuesta busca acercar a la comunidad parte de los servicios que habitualmente brindan las distintas facultades y mostrar el alcance de las actividades que desarrolla la universidad pública.
Clases magistrales y proyectos científicos
Los 13 decanos de las facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas al público a lo largo de la jornada.
Además, la universidad exhibirá distintos proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico. Entre las iniciativas que podrán conocerse estará un auto de competición diseñado y construido por estudiantes y docentes.
Mientras se desarrolla la actividad en Plaza de Mayo, las distintas facultades de la UBA mantendrán sus clases con normalidad.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
El reclamo se produce en medio del conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno por la aplicación de la Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta determinar las fuentes de financiamiento. Las universidades cuestionaron la decisión y recurrieron a la Justicia.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley, incluyendo la actualización de salarios y becas.
El Gobierno apeló la resolución, pero distintas instancias judiciales ratificaron la decisión.
La Justicia volvió a ordenar la ejecución de las partidas
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El conflicto continuó y el 1° de septiembre, Cormick dictó una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA. En esa resolución ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas por la ley para gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.
Según señaló el magistrado, el impacto fiscal de esas disposiciones representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
La jornada de este martes busca, así, llevar el reclamo universitario al espacio público y mostrar qué significa en términos concretos sostener el sistema de educación, investigación y servicios que brinda la universidad pública.
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