El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy (Cedems) convocó este martes a sus afiliados para iniciar una demanda penal contra el gobernador Gerardo Morales por ordenar descuentos salariales «exorbitantes, arbitrarios e ilegales» a docentes que llevaron a cabo una huelga.

El sindicato consideró que a raíz de «las malas liquidaciones» efectuadas con los sueldos de julio y agosto «se le ha metido la mano en el bolsillo al trabajador» y sostiene que el Gobierno carece de un procedimiento administrativo o jurídico para aplicar descuentos.  

«Solo cinco días huelga y los docentes de enseñanza media han padecido descuentos exorbitantes, indebidos, arbitrarios e ilegales porque no existe acto administrativo que justifique cuál es el criterio utilizado», expresó hoy la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa.

Agregó que «hay docentes que han padecido el descuento del 80% de su salario», con lo cual «no hay una relación entre los días trabajados y lo que se ha descontado, incluso sábados y domingos como si pagaran esos días».

El reclamo tiene que ver con las medidas de fuerza de los días 30 de junio, 13, 14, 31 de julio y 2 de agosto, en los que los docentes «ejercieron su derecho a huelga contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional», que se convirtió en «un instrumento para poder mejorar nuestra condición salarial, en un contexto donde nuestros sueldos estaban ubicados entre los peores pagos del país».

En total, unos 1.000 docentes de nivel medio fueron alcanzados por las «malas liquidaciones» y el sindicato con las pruebas en la mano realizó el reclamo en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo pero allí «nos dijeron que esa no era la vía», señaló la dirigente.

En consecuencia, el Cedems decidió acudir a la vía penal para la devolución de los descuentos mediante el llenado de formularios que presentaron esta mañana a sus afiliados en una conferencia de prensa.

«Cuando recurrimos a la vía del contencioso administrativo se hizo el planteo de que tenía que haber una devolución porque el descuento de los días de huelga no estaba ni reglamentado ni existe un dispositivo legal o jurídico que lo avale», explicó por su parte la abogada del sindicato docente, Alejandra Cejas.

Además, precisó que «en la audiencia de conciliación que tuvimos, el procurador que representaba a Morales dijo que el descuento solamente se habilitó porque hubo una decisión del gobernador en una conferencia de prensa de realizar los descuentos».

Desde el sindicado convocaron a los docentes afectados por los descuentos hayan adherido o no a las huelgas a completar los formularios para ser presentados en el Ministerio Público de la Acusación en octubre.

«A otros gremios que adhirieron a la huelga no se les realizó descuentos y si se hubo se les devolvió íntegramente», señaló, y apuntó que «el Gobierno provincial es la patronal y no puede descontar más del 20% según la ley de contrato de trabajo».