Gobierno logra suspender la cautelar universitaria; el CIN rechaza la versión oficial y convoca a marcha federal

★ La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió, este jueves, el efecto suspensivo del recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa «Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986» (CAF 039475/2025). La decisión judicial dejó en suspenso la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Estado a implementar los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.775 de Financiamiento Universitario, al menos hasta que el expediente transite las instancias judiciales pendientes.

El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que celebró la resolución y sostuvo que la suspensión de la cautelar regirá «hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva». Sin embargo, fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionaron esa lectura: aclararon que la suspensión no alcanza hasta que el máximo tribunal resuelva, sino que es provisoria mientras la propia Cámara evalúa si habilita la instancia ante la Corte. «Primero debe expedirse la Cámara respecto del recurso del Poder Ejecutivo Nacional para ir a la Corte. No suspende la cautelar ni sus términos, sino la ejecución y, como dice: por el momento», remarcaron las fuentes del CIN.

Una batalla judicial con historia reciente

El trasfondo de esta resolución es una disputa judicial que viene escalando desde finales de 2025. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara, con las firmas de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, había confirmado el fallo de primera instancia y ratificado la medida cautelar que ordenaba al Gobierno implementar la ley y actualizar los fondos destinados a las universidades nacionales, incluyendo la recomposición salarial de docentes y no docentes y la convocatoria a paritaria trimestral.

Frente a esa derrota judicial, el 17 de abril, la Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la conducción de Sebastián Amerio, presentó en horas de la madrugada un recurso extraordinario federal con pedido de efecto suspensivo. En su argumentación, el Ejecutivo planteó que la cautelar equivalía a una «sentencia anticipada» irreversible, advirtió sobre el «gravísimo impacto» que tendría sobre la estabilidad macroeconómica y alertó sobre un supuesto «riesgo de parálisis del Estado». La fundamentación invocó también la Ley de Presupuesto 2026, que impone al Estado la obligación de mantener un resultado financiero equilibrado o superavitario.

El ajuste real sobre las universidades

Más allá del vocabulario técnico-legal, los números del propio CIN describen una realidad contundente: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios crecieron un 158%, mientras la inflación acumuló un 280%. Ese desfasaje se tradujo en una caída del 32% en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, lo que equivale a una quita real de 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años.

El deterioro no se limita a los ingresos del personal. Las transferencias presupuestarias del Estado nacional a las universidades registraron un desplome real del 45,6% entre 2023 y 2026, de acuerdo con datos del propio CIN. Esta cifra se suma al recorte real del 31,6% en el financiamiento universitario consignado en informes de este medio, que dan cuenta del impacto concreto del ajuste libertario sobre la educación pública superior.

El Gobierno promete y los fondos no llegan

Mientras la disputa judicial continúa, el Ministerio de Capital Humano ratificó, a través de su comunicado, «el compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender» en el marco de la «sostenibilidad de las cuentas públicas». La fórmula ya es conocida: el Gobierno invoca el equilibrio fiscal como condición previa a cualquier otro derecho.

El decreto que promulgó la Ley N° 27.775 (Decreto N° 759/25) condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, arguyendo que de lo contrario se comprometería el equilibrio de las cuentas públicas. El Congreso aprobó la norma con amplio respaldo, en medio de marchas estudiantiles y movilizaciones de los gremios docentes que tensaron el escenario político durante 2024 y principios de 2025. Pero los fondos nunca llegaron.

Marcha Federal convocada para el 12 de mayo

El Consejo Interuniversitario Nacional rechazó la caracterización oficial de la resolución y anticipó que apelará la medida. En paralelo, convocó a una Marcha Federal para el martes 12 de mayo de 2026 en distintas ciudades del país, bajo la consigna de reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la universidad pública, la educación y la ciencia nacional.

La movilización llega en un contexto de disputa judicial abierta. Dentro del propio Ejecutivo, reconocieron que es «altamente improbable» que la Corte Suprema conceda el efecto suspensivo definitivo, dado que no existen muchos antecedentes de ese tipo de resoluciones en materia de medidas cautelares. La pregunta que queda en pie es cuánto tiempo más podrá el Gobierno posponer el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso, avalada por la Justicia y reclamada por todo el sistema universitario nacional.

Puntos clave:

• La Cámara Contencioso Administrativa suspendió la ejecución de la cautelar que obligaba al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
• El CIN disputó la versión oficial: aclaró que la suspensión es provisoria mientras la Cámara evalúa el recurso, no hasta que la Corte Suprema se expida.
• Los salarios universitarios cayeron un 32% en términos reales entre 2023 y 2026, equivalente a 7,3 sueldos mensuales perdidos.
• Las transferencias a las universidades nacionales registraron un desplome real del 45,6% en el mismo período.
• El CIN convocó a una Marcha Federal para el 12 de mayo en reclamo del cumplimiento de la ley.