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Educación

Educación implementará en febrero programas de recuperación y revinculación escolar

El ministro Nicolás Trotta sostuvo que para recuperar el vínculo con las aulas se buscará que los estudiantes «vuelvan y se queden en la escuela», ya que a raíz de la pandemia de coronavirus en 2020 tuvieron trayectorias escolares discontinuas.

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El ministro Nicolás Trotta sostuvo que para recuperar el vínculo con las aulas se buscará que los estudiantes «vuelvan y se queden en la escuela», ya que a raíz de la pandemia de coronavirus en 2020 tuvieron trayectorias escolares discontinuas.

Las provincias implementarán a partir de febrero programas de recuperación de contenidos educativos y espacios para la revinculación de estudiantes que a raíz de la pandemia de coronavirus tuvieron trayectorias escolares discontinuas el año pasado y para ello pondrán en marcha unidades pedagógicas, actividades especiales y tutorías docentes, ante el inicio del ciclo lectivo 2021.

Varias de esas actividades se enmarcan en el Programa Acompañar, Puentes de Igualdad implementado por el Ministerio de Educación de la Nación, cuyo titular, Nicolás Trotta, recordó este miércoles que para recuperar el vínculo con la escuela buscará que «cada una de nuestras niñas y niños vuelvan y se queden en la escuela» con un plan de «codiseño federal, que está dirigido a complementar iniciativas existentes y generar solidaridades territoriales atendiendo a las necesidades de cada región».

En ese sentido, la ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, resaltó como un desafío «proponer una agenda desde ahora, durante la post-pandemia inmediata y a mediano plazo» con «políticas de solidaridad, reconocimiento, participación y diálogo».

Al describir el objetivo de los programas que arrancan en febrero, la funcionaria explicó que se apela a «una solidaridad que tiene su trama en lo que no es escolar pero que se pone al servicio de lo escolar, para propiciar unos modos hacia el ‘adentro’ de la escuela que aminoren frustraciones y decepciones».

Según un reporte de las corresponsalías, en la provincia de Buenos Aires se reanudarán en febrero los procesos de intensificación de la enseñanza, con el objetivo de acompañar a los estudiantes que durante 2020 tuvieron trayectorias educativas discontinuas, dado que según una resolución del área educativa se contempla como un mismo ciclo a la unidad pedagógica 2020-2021 a raíz de la pandemia.

Durante enero, la provincia lleva adelante el ciclo «Verano ATR» (Ante Todo Responsables), destinado a más de 300 mil estudiantes que realizarán actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas para abordar los contenidos curriculares priorizados en cada año y nivel de enseñanza.

En Córdoba, 232 escuelas de la provincia van a disponer de docentes tutores para empezar un trabajo de apoyo para quienes por diversas circunstancias discontinuaron la presentación de los trabajos escolares, y de este modo reforzar su situación educativa.

En Santa Fe, donde las clases comenzarán el 15 de marzo, los docentes regresarán a las escuelas el 17 de febrero para completar con los alumnos de 7mo grado y 5to y 6to año de la secundaria el «período de intensificación pedagógica» que culminará el 10 de marzo.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, expresó que «a partir de ese momento vamos a trabajar con los grupos prioritarios hasta el 10 de marzo, complementando y asegurando las competencias básicas del nivel».

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez ratificó que «el 10 de febrero comienzan los chicos de trayectorias débiles que no han podido acceder durante el 2020 a las clases por la falta de acceso tecnológico».

El director general de escuelas, José Thomas, explicó que «el plan que se maneja en el gobierno de la provincia es que haya asistencia con la mayor intensidad posible para los primeros meses del año», ya que fueron casi 19.000 los estudiantes con inconvenientes.

La revinculación arranca en febrero.

En Santiago del Estero, el 17 de febrero volverán a clases los alumnos de los años superiores del Nivel Primario y Secundario que no pudieron alcanzar los objetivos en diciembre quienes, según la ministra de Educación, Mariela Nassif, van a trabajar «en unidades pedagógicas para que los contenidos no abarcados se puedan unir con los de este año».

Nassif señaló que «es esencial que los chicos puedan estar incluidos en el sistema educativo» y sostuvo que «están puestos en marcha todos los mecanismos para que nuestros alumnos avancen y recuperen los contenidos».

«Es un trabajo artesanal, para que la escuela sea el mejor lugar donde los chicos puedan estar», añadió y recordó que el 8 de febrero los equipos de gestión, administrativos y de maestranza retomarán el acondicionamiento y la organización de las instituciones educativas.

Además, detalló que están «incluidos en el programa Acompañar: Puentes de Igualdad, que significa que muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales nos van a acompañar en este proceso de revincular a los alumnos que quizás no pudieron cumplir con los objetivos del 2020 o que han estado desvinculado del ámbito educativo».

En Río Negro, donde las clases comienzan el 3 de marzo, «los docentes podrán comenzar con tareas de vinculación desde el 8 de febrero y los cursos no podrán superar una capacidad máxima de 15 estudiantes», señalaron fuentes de la cartera educativa provincial.

La ministra de Educación de Tierra del Fuego, Analía Cubino, detalló que para reactivar el dictado de clases «lo primero será concluir las actividades de los estudiantes que están terminando el nivel secundario, y que corresponden al ciclo 2020».

«Estos alumnos volverán a tener contacto con sus docentes desde el 17 de febrero y hasta el 30 de marzo, de manera virtual y con la realización de un trabajo final integrador», acotó.

Jujuy, por su parte, desarrolló en noviembre y diciembre un programa destinado a la revinculación social escolar, de carácter optativo, del cual participaron los alumnos de primero a sexto grado de la primaria y de primero a cuarto de secundaria.

Las escuelas de educación técnica y agrotécnica realizaron prácticas en talleres, laboratorios y espacios productivos, y cada tres horas un intervalo de quince minutos para la higienización.

En esa provincia, las clases comenzarán el 17 de febrero de forma presencial, día hábil de por medio, en los horarios habituales para diferentes turnos. Los días en que no asistan deberán cumplir con tareas que los docentes les asignen.

En Misiones se instalarán Centros de Apoyo Pedagógicos y Tecnológicos en cada municipio para acompañar a los estudiantes de sexto grado hasta el nivel superior, a alcanzar los contenidos del ciclo lectivo 2020-21, informó hoy el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología local.

Los Centros de Apoyo comenzarán a funcionar en febrero, serán gratuitos y estarán equipados con computadoras, wifi, entornos virtuales formativos y serán espacios no escolares que buscarán garantizar y democratizar el acceso a la educación.

En Neuquén, el Ministerio de Educación implementará el programa «Puentes de Verano», para generar estrategias de regreso y revinculación escolar a trayectorias educativas interrumpidas total o parcialmente durante el 2020.

La ministra de Educación y presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Cristina Storioni explicó que «se proyecta acompañar a más de 2.200 trayectorias de estudiantes de secundaria y tercer ciclo de primaria, para lo que se dispondrán 35 nodos que desplegarán diferentes actividades».

«Acompañar implica asumir políticas de solidaridad, reconocimiento, participación», añadió y destalló que una de las acciones del Puentes de Verano consiste en la implementación de Centros Educativos Comunitarios en los que se desarrollarán espacios artísticos, a partir de talleres de: música, medios audiovisuales, literarios, artes visuales, oralidad, lúdico y organización escolar.

Asimismo, los programas Puentes de Verano que se vinculan con el nacional Acompañar se implementan en Chaco, Salta, Catamarca y otras provincias.

Educación

La Justicia le pone freno a Milei: el decreto universitario es inconstitucional

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, el mecanismo con el que el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero la dejó sin efecto. El fallo ordena el cumplimiento inmediato de la norma ratificada por el Congreso con dos tercios de los votos y abre un nuevo capítulo en el conflicto que ya llegó a la Corte Suprema.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Juan Bautista Mahiques.
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que vaciaba de contenido la Ley de Financiamiento Universitario.

Un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario pero bloqueó su aplicación real. La sentencia, de aproximadamente 50 páginas, calificó el mecanismo empleado por el Ejecutivo como un «mecanismo extraconstitucional» y ordenó el cumplimiento inmediato de la norma. Es el capítulo más reciente de un conflicto judicial que ya acumula más de un año de litigios, una cautelar firme avalada por la Corte Suprema y una quinta Marcha Federal Universitaria anunciada para el 15 de octubre.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a los amparos colectivos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del Decreto 759/2025 que, al tiempo de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, condicionó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento; una remisión al artículo 5° de la Ley 24.629 que, en los hechos, dejó la norma vigente pero inoperante. El fallo fue dictado el 6 de octubre de 2026.

El decreto: promulgar y vaciar

La Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) fue sancionada por el Congreso y, luego de que Milei la vetara, fue ratificada con los dos tercios de los votos que la Constitución exige para que una insistencia parlamentaria sea irrecusable. Sin margen para vetarla nuevamente, el Ejecutivo eligió otra estrategia: la promulgó mediante el Decreto 759/2025, pero incorporó una cláusula que supeditaba su aplicación material a que el Parlamento previese expresamente las fuentes presupuestarias; algo que, en ausencia de partidas asignadas, equivalía a dejarla sin efecto indefinidamente.

Cormick rechazó de plano ese razonamiento. El magistrado señaló que el decreto «no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas». Y fue más lejos: subrayó que una vez que el Congreso insiste con los dos tercios de los votos tras un veto presidencial, no existe otro camino para el presidente que la promulgación irrestricta. Utilizar un decreto para vaciar el contenido de esa insistencia parlamentaria implica introducir un veto encubierto que la Constitución no prevé ni autoriza.

El juez también cuestionó el argumento fiscal del Gobierno y evaluó que la propia ley contemplaba mecanismos de financiamiento, al facultar al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias. La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la norma, referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles.

Una historia de recursos y dilaciones

El fallo del 6 de octubre no es el punto de partida del conflicto, sino su último capítulo hasta ahora. El mismo juez Cormick había dictado meses antes una medida cautelar que obligó al Estado a comenzar a aplicar la ley. El Gobierno apeló esa cautelar; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la confirmó. El Ejecutivo llevó entonces el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, que el máximo tribunal rechazó el 25 de junio de 2026 por no estar dirigido contra una sentencia definitiva, dejando firme la medida cautelar.

En septiembre, Cormick volvió a intimar al Estado al considerar que el cumplimiento acreditado era parcial y le otorgó cinco días para regularizar la situación. El Gobierno apeló nuevamente esa intimación y solicitó que se le otorgara efecto suspensivo. Mientras el expediente avanzaba, el Ejecutivo reconoció en distintas instancias que cumplir con la norma representaría un costo estimado de 2,5 billones de pesos, una cifra que declaró no poder afrontar en el corto plazo. Las negociaciones del Presupuesto 2027, que el Gobierno presentó con un recorte real del 24,9% respecto de 2023 según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), enmarcan el conflicto en un escenario de desfinanciamiento estructural del sistema universitario.

Gremios y universidades en estado de alerta

Las organizaciones gremiales y universitarias celebraron el fallo, aunque advirtieron que el Gobierno intentará dilatar su cumplimiento. Los gremios universitarios reclaman una recomposición salarial del 32,5%, cifra que vinculan con la pérdida acumulada que busca corregir la Ley 27.795. Ante la negativa del Gobierno a avanzar más allá de aumentos del 3% mensual, el conflicto derivó en nuevas medidas de fuerza: la UBA anunció un paro escalonado de 23 días durante cinco semanas, y los gremios convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, la segunda durante 2026.

El CIN, que fue uno de los actores que impulsó la acción judicial, exigió al Ministerio de Educación que instrumente de forma urgente los mecanismos de transferencia presupuestaria. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.

El cálculo político en año preelectoral

El fallo coloca al Ejecutivo ante una disyuntiva de alto costo político. Apelar y extender el conflicto universitario en un año preelectoral implica mantener encendida una disputa que en cuatro oportunidades ya traccionó hacia las calles a más de un millón de personas. Cumplir el fallo, en cambio, significa asumir el impacto fiscal que la Casa Rosada argumentó como inasumible y flexibilizar el ajuste que sostiene como eje de su gestión. El control judicial de las decisiones presupuestarias, que Cormick reivindicó en la sentencia como una consecuencia propia de la justiciabilidad del Estado, se convierte así en el principal obstáculo institucional a una estrategia que eligió desobedecer la voluntad del Congreso antes que revisar su modelo económico.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que la Procuración del Tesoro analizaba los alcances de la sentencia para definir la estrategia procesal. Al cierre de esta edición, el Gobierno no había emitido una posición oficial sobre si apelará el nuevo fallo de fondo.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que vaciaba de contenido la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso con dos tercios de los votos.
  • La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de los artículos de la ley referidos a la recomposición salarial docente y la actualización de becas estudiantiles.
  • El conflicto acumula más de un año de litigios: la Corte Suprema rechazó en junio de 2026 el recurso extraordinario del Gobierno, dejando firme la medida cautelar.
  • Las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026, según el CIN.
  • Los gremios anunciaron un paro escalonado de 23 días en la UBA y una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.
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