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Buenos Aires

Kicillof: “Los recortes a universidades ponen en peligro el derecho a la educación”

El gobernador encabezó un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, con rectores y rectoras de universidades públicas y referentes del sistema científico tecnológico

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló este martes que los recortes presupuestarios que está aplicando el Gobierno nacional a las universidades “ponen en peligro el derecho a la educación”.

El mandatario formuló esas declaraciones al encabezar un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, con rectores y rectoras de universidades públicas y referentes del sistema científico tecnológico, donde se analizó la crítica situación que están atravesando esas casas de altos estudios.

Vamos a estar presentes en la marcha del 23 de abril porque somos una provincia universitaria, científica y tecnológica”

“No se trata de adoctrinamiento o sentido común, sino de tener la posibilidad de soñar con un país más justo: no nos vamos a callar porque está en juego el derecho de los pibes y las pibas de poder ir a la universidad y tener un futuro mejor”, distinguió el bonaerense.

“Hemos trabajado durante todos estos años para alcanzar una mejor articulación con el sistema científico y universitario, ya que lo consideramos fundamental para el desarrollo de la provincia”, sostuvo Kicillof, y remarcó que “ahora estamos entrando en una etapa absolutamente distinta debido a las políticas de un Gobierno nacional dispuesto a desfinanciarlo, a pesar del enorme costo social que tendría la interrupción de proyectos e investigaciones en marcha”.

Entre otras políticas provinciales, el Gobernador destacó la implementación y la expansión del boleto estudiantil; la puesta en marcha de proyectos de integración entre industria, producción y universidades; la actividad científica promovida por la CIC; el programa Puentes para llevar educación superior al interior bonaerense; y el acompañamiento a los proyectos de creación de nuevas universidades.

Es crucial pensar conjuntamente y coordinar estrategias para acompañar en este momento tan complejo” señaló el Gobernador. Foto X@Kicillofok

En ese sentido, Kicillof resaltó: “Que esté en juego si va a haber o no universidad pública es discutir si vamos a tener o no un país con mayor desarrollo”.

“En la provincia de Buenos Aires el mandato de nuestro pueblo es que redoblemos los esfuerzos para seguir defendiendo la educación y los derechos que nos permitan alcanzar una Argentina con más justicia social”, indicó.

“Las medidas del Gobierno nacional afectan la continuidad y el sostenimiento de estas instituciones tan importantes para nuestro desarrollo y ponen en peligro el derecho a la educación. Por eso, es crucial pensar conjuntamente y coordinar estrategias para acompañar en este momento tan complejo”, indicó Kicillof tras el encuentro.

En ese marco, el bonaerense planteó que desde la Provincia se trabaja “en una política de recuperación, articulación e integración con las universidades y centros de investigación” y rememoró que se creó el programa Puentes “para extender a todo el territorio la llegada de la formación universitaria y que cualquier bonaerense pueda estudiar en el lugar donde nació”.

Por último, Kicillof resaltó: “No podemos sustituir la deserción de un Gobierno nacional que está incumpliendo leyes y normas, pero tenemos el compromiso de apoyar dentro de nuestras posibilidades en todo lo que sirva para contrarrestar este ataque contra la educación y la ciencia” y concluyó: “Vamos a estar presentes en la marcha del 23 de abril porque somos una provincia universitaria, científica y tecnológica”.

El encuentro se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Salud, Nicolás Kreplak; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza.

A su turno, Costa dijo que “en la Nación hay un desprecio absoluto por las universidades públicas y el trabajo de los investigadores científicos, por eso desde la Provincia trabajamos para sostener las líneas de trabajo que hemos implementado durante los últimos cuatro años”. Y añadió: “El objetivo es seguir articulando al Estado provincial con el sistema científico y universitario para aportar juntos al fortalecimiento de nuestro entramado productivo”.

En la Nación hay un desprecio absoluto por las universidades públicas y el trabajo de los investigadores científicos, por eso trabajamos para sostener las líneas de lo que implementamos durante los últimos cuatro años”

En tanto, Bianco resaltó que “la idea de esta reunión fue escuchar de primera mano la situación que está atravesando el sector científico y universitario producto de las políticas del Gobierno nacional”.

“Los rectores nos han contado que han llegado a racionar gastos corrientes para insumos básicos producto del recorte en el presupuesto. Desde la Provincia los apoyamos y vamos a seguir trabajando en conjunto para brindar soluciones”, agregó.

Luego, Katopodis dijo: “Vamos a convocar a las universidades para definir un plan de infraestructura que permita que las obras se puedan terminar, entendiendo que, en el contexto actual, el presupuesto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia tiene que estar destinado a que la comunidad tenga lo que se merece”.

Las universidades nacionales de todo el país deben afrontar los costos de funcionamiento para 2024 con los mismos fondos que recibieron el año pasado, dado que se trata de una prórroga del presupuesto 2023, pero con una inflación anual superior al 200%.

También estuvieron presentes los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; el director del Programa Puentes, Juan Brardinelli; y el director Ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar.

Es que las universidades nacionales de todo el país deben afrontar los costos de funcionamiento para 2024 con los mismos fondos que recibieron el año pasado, dado que se trata de una prórroga del presupuesto 2023, pero con una inflación anual superior al 200%.

Pese a que el Poder Ejecutivo nacional oficializó una suba del 70% para gastos de funcionamiento, en la mayoría de los casos, el dinero sólo alcanza para cubrir los aumentos del primer trimestre del año.

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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