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Educación

El Gobierno designa a la SIGEN como auditor de las universidades en medio del conflicto

en las universidades, verificando el uso de los recursos financieros asignados por el Estado.

El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario comenzó tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso.

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El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes un dictamen que establece a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como el órgano auditor de las universidades nacionales.

Esta medida se tomó en medio del conflicto que atraviesan varias casas de altos estudios nuestro país, que han sido tomadas por estudiantes y docentes en rechazo al veto del Gobierno a la Ley de Financiamiento Universitario.

La ley que respalda la decisión

Barra fundamentó su decisión en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, N° 24.156, que estipula el sistema de control interno en instituciones públicas. Según el procurador esta normativa es de aplicación directa a las universidades nacionales, lo que faculta a la SIGEN a auditar las cuentas y gestión financiera de estas instituciones.

El dictamen fue emitido en un contexto donde el Gobierno busca retomar el control sobre las universidades tras las protestas por el veto presidencial a la ley que preveía un mayor financiamiento para estas instituciones.

Rol de la SIGEN en la auditoría

Con esta medida, la SIGEN tendrá la responsabilidad de realizar auditorías de control interno en las universidades, verificando el uso de los recursos financieros asignados por el Estado.

El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario comenzó tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso. La norma buscaba garantizar salarios docentes dignos para las universidades, pero fue rechazada por el Ejecutivo por considerarla incompatible con las políticas de «equilibrio fiscal». Esto generó una serie de protestas y tomas de universidades en distintas partes del país, exigiendo más presupuesto educativo.

Educación

España abre sus aulas a los argentinos mientras Milei asfixia la universidad

Trece universidades españolas desembarcan en Buenos Aires el 17 y 18 de octubre para captar estudiantes argentinos, que ya fueron 2.815 en el último ciclo. La feria llega dos días después de la Marcha Federal Universitaria y con el Gobierno apelando otra vez el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento.

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El Argentino Diario-UBA-Universidad de Buenos Aires.

En el curso académico 2024-2025, las universidades españolas recibieron a 2.815 nuevos estudiantes procedentes de la Argentina, tanto para carreras completas como para estancias de movilidad temporal, según las cifras difundidas en la previa de la feria. Ahora, trece de esas casas de estudio vienen a buscar más. Mientras un Estado europeo sale a captar a los jóvenes argentinos con oferta académica y becas, el Gobierno de Javier Milei sigue litigando para no cumplir la ley que financia a sus propias universidades públicas.

La feria «Estudiar en España» se realizará el sábado 17 y el domingo 18 de octubre en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, en la Ciudad de Buenos Aires, de 15 a 19 horas. La organiza el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en colaboración con la Consejería de Educación de España en el Cono Sur. El Consulado General de España en Buenos Aires también participará para informar sobre el visado de estudios.

Las trece universidades que llegan a Buenos Aires

La nómina combina nueve universidades públicas y cuatro privadas, varias de estas últimas de inspiración católica:

  • Universidad Miguel Hernández de Elche
  • Universidade da Coruña
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universidad de Jaén
  • Universidad Rey Juan Carlos
  • Universitat Politècnica de València
  • Universidad Pública de Navarra
  • Universidad de León
  • Universidad de Cádiz
  • Universidad de Navarra
  • Universidad Loyola Andalucía
  • Universidad Francisco de Vitoria
  • Universidad Católica San Antonio de Murcia

Quienes se acerquen podrán conversar con representantes de cada institución sobre programas de grado y posgrado, requisitos de admisión, costos de los estudios y posibilidades de becas. El programa incluye además presentaciones de la Consejería de Educación de España en el Cono Sur y de las propias universidades, junto con testimonios de antiguos estudiantes que contarán su experiencia académica y personal en España. Las mismas trece universidades participan también de la edición de Montevideo.

Una política de Estado para atraer estudiantes

La cooperación también se canaliza a través del programa Erasmus+ de la Unión Europea: en las convocatorias 2024 a 2026 de su acción de movilidad internacional KA171-HED, los proyectos con Argentina y Uruguay suman 317 movilidades financiadas de estudiantes y personal de educación superior, con un presupuesto adjudicado conjunto superior a 1,5 millones de euros.

Del otro lado del Atlántico, la internacionalización universitaria se planifica y se financia con fondos públicos. Aquí, en cambio, el debate sobre la educación superior transcurre en los tribunales.

Mientras tanto, en casa: la ley que Milei se niega a cumplir

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025. Milei la vetó, ambas cámaras insistieron con mayorías de dos tercios y el Ejecutivo terminó promulgándola mediante el decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó cautelarmente aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles. La Sala III de la Cámara del fuero confirmó la medida y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno. El 22 de septiembre, Cormick concluyó que «no existe cumplimiento total» de la cautelar, intimó al Ejecutivo a cumplir en cinco días y advirtió que podría aplicar multas diarias. El 30 de septiembre volvió a darle cinco días y solo le reconoció un cumplimiento parcial.

El 6 de octubre llegó el fallo sobre la cuestión de fondo: el magistrado hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires, declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 que frenaba la ley y calificó de «extraconstitucional» el mecanismo utilizado por el Gobierno, porque funcionaba como una instancia de veto no prevista en la Constitución. Dos días después, como en cada instancia anterior, el Gobierno apeló a través del Ministerio de Capital Humano. Cormick concedió el recurso y elevó el expediente a la Cámara, pero aclaró que la cautelar sigue vigente y que su ejecución continúa.

El Ejecutivo sostiene que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,8%, por encima del 226,46% de inflación que toma como referencia hasta agosto de 2025, un cálculo que Cormick cuestionó al considerar que no se acreditó la actualización prevista por la ley. En la última paritaria, el Gobierno ofreció un 3% para septiembre, mientras los gremios reclaman una recomposición acumulada que estiman por encima del 30%.

Dos días entre la marcha y la feria

El calendario expone el contraste con crudeza. El jueves 15 de octubre, la comunidad universitaria volverá a movilizarse en la quinta Marcha Federal Universitaria, con concentración frente al Congreso desde las 13:30, para exigir el cumplimiento de la ley, en coincidencia con la sesión especial convocada en Diputados. La semana pasada, un grupo de estudiantes ya había realizado una sentada en el hall del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, con el mismo reclamo.

Apenas dos días después de esa marcha, las universidades españolas abrirán sus stands en Buenos Aires. Estudiar afuera puede ser una elección enriquecedora, pero no debería convertirse en la salida forzada de una generación a la que su propio Gobierno le discute el derecho a una universidad pública financiada. El intercambio académico construye puentes; el desfinanciamiento, en cambio, solo empuja a los que pueden a irse y deja a los que no pueden sin opciones.

Lo que tenés que saber:

  • Trece universidades españolas, nueve públicas y cuatro privadas, participarán de la feria «Estudiar en España» el 17 y 18 de octubre en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, de 15 a 19 horas.
  • En el curso 2024-2025, España recibió a 2.815 nuevos estudiantes argentinos.
  • Los proyectos Erasmus+ con Argentina y Uruguay suman 317 movilidades financiadas y más de 1,5 millones de euros entre 2024 y 2026.
  • El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional el freno a la Ley de Financiamiento Universitario; el Gobierno apeló, pero la cautelar sigue vigente.
  • El 15 de octubre habrá una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.
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