La pelea por la universidad pública llegó al fuero penal. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron denunciados por «desobediencia y abuso de autoridad» por no cumplir la orden judicial que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

La denuncia la presentó Gabriel Solano, legislador porteño, dirigente del Partido Obrero (PO) y referente del Frente de Izquierda, que lo anunció en su cuenta de X: «Presenté una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía por desobediencia y abuso de autoridad». Y agregó: «El Congreso rechazó el veto presidencial con los dos tercios y la Justicia ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno sigue desconociendo estas resoluciones y profundizando el ahogo presupuestario de las universidades públicas».

Una ley vetada, insistida y congelada

La Ley 27.795 actualiza los salarios y los fondos del sistema universitario en la misma proporción que la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según el escrito, el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso la ratificó con mayoría calificada y el Gobierno igual eludió su aplicación: al promulgarla, la suspendió en el mismo acto mediante el Decreto 759/2025 «hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere».

El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa disposición del decreto y ordenó cumplir la ley de inmediato. El Gobierno apeló y el juez concedió el recurso, lo que suspendió esa sentencia, aunque no la obligación de pagar que fija la medida cautelar dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en marzo. La denuncia de Solano, radicada en el Juzgado Federal 4, pide investigar a Milei, a Caputo y a cualquier otro funcionario que haya intervenido en el presunto incumplimiento de esa medida cautelar.

La calle, el jueves

La presentación judicial llega en la previa de una nueva movilización: el jueves 15, el movimiento estudiantil marchará al Congreso por el financiamiento universitario, el mismo día en que la oposición busca sesionar en Diputados para derogar el DNU 70/2023. Mientras el Gobierno litiga para no pagar, docentes y no docentes siguen esperando la recomposición que la ley y la Justicia les reconocen.

Lo que tenés que saber:

• Gabriel Solano (PO) denunció penalmente a Milei y Caputo por «desobediencia y abuso de autoridad».
• El motivo es el incumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
• El Gobierno había suspendido la ley con el Decreto 759/2025 al promulgarla.
• El 6 de octubre el juez Martín Cormick declaró inconstitucional esa suspensión; el Gobierno apeló.
• El jueves 15 es la Quinta Marcha Federal Universitaria al Congreso.