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Educación

Tercera marcha federal universitaria: la respuesta al veto que profundiza la crisis educativa

Gremios anunciaron una huelga de 24 horas para hoy viernes en rechazo a la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización coincidirá con el tratamiento del veto en el Congreso.

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⬛ La comunidad universitaria argentina prepara una nueva jornada de protesta tras la confirmación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre en todas las universidades del país, mientras que ya diseñan la Tercera Marcha Federal Universitaria para exigir al Congreso que rechace el veto de Milei.

El secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, describió la situación salarial como «crítica» y «alarmante». Los docentes universitarios han sufrido la mayor pérdida salarial en 40 años de democracia, con aumentos muy por debajo de la inflación, como el 2% otorgado en noviembre, el 1% en diciembre y el 0% en enero.

«El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor», expresó Ricci según la información proporcionada. La Universidad de Buenos Aires había declarado el pasado julio la emergencia en materia salarial, donde autoridades y sindicatos denunciaron una pérdida del 40% del poder adquisitivo durante el primer semestre del 2024.

Unidad gremial en defensa de la universidad pública

Desde la Federación Argentina del Personal Nodocente de las Universidades (FADUN) remarcaron que «continuarán con la lucha en unidad» para defender la universidad pública y gratuita, considerándola «un derecho humano fundamental» y «un pilar esencial» para el desarrollo del país.

El movimiento estudiantil y gremial convocó a una Marcha Federal Universitaria que coincidirá con el día en que la Cámara de Diputados intente revertir la medida del presidente Javier Milei. La dirigenta estudiantil y miembro de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, indicó que los estudiantes «continuarán acompañando la lucha de la docencia y no docencia».

Plan de lucha intensivo

«El veto decretado por Javier Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública», expresó Barbas. La dirigente estudiantil adelantó que «se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes y ocupaciones de las facultades».

La tercera marcha federal confluirá con médicos y trabajadores del Garrahan, ampliando así el arco de resistencia a las políticas del gobierno nacional. El veto fue publicado en el atardecer del miércoles mediante el decreto 647/2025 en el Boletín Oficial.

Antecedentes de movilización

Las marchas anteriores no impidieron que el oficialismo consiguiera blindar el primer veto de Milei gracias a los «85 héroes», entre ellos los flamantes «radicales con peluca» que acompañaron al oficialismo. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había votado previamente en Rosario que convocaría a una nueva Marcha Federal si el presidente cumplía con su promesa de vetar la ley.

La situación salarial se agravó durante 2024, cuando el Ministerio de Capital Humano estableció un aumento del 7,5% entre septiembre y noviembre, incremento que fue rechazado por los gremios por considerarlo insuficiente frente a la inflación.

Puntos clave:

  • Paro de 24 horas en todas las universidades públicas del país para este viernes 12 de septiembre
  • Tercera Marcha Federal Universitaria coincidirá con el tratamiento del veto en el Congreso
  • Los docentes perdieron más del 50% del poder adquisitivo el año pasado frente a la inflación
  • La movilización incluirá a médicos y trabajadores del Hospital Garrahan
  • Se convocan asambleas en todas las facultades para profundizar las medidas de protesta

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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