Buenos Aires
A cuántas comidas diarias acceden las y los estudiantes bonaerenses
Más de dos millones de chicos y chicas de escuelas bonaerenses acceden a tres comidas diarias en el marco del Servicio Alimentario Escolar (SAE), lo que significa una cobertura superior al 70% de la matrícula total escolarizada de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a información oficial de la provincia de Buenos Aires, este programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que trabaja sobre la educación y las buenas prácticas nutricionales para las y los escolarizados, son los que organizan la compra de comida para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.
Esos alimentos se distribuyen a través de módulos entregados a cada familia o consumidos durante la jornada escolar.
En la provincia de Buenos Aires, el SAE fue creado con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y las aptitudes para el aprendizaje de la población escolar con necesidades nutricionales insatisfechas, y/o en situación de riesgo social.
Las iniciativas buscan garantizar una cobertura nutricional uniforme a todos los niños, niñas y adolescentes que concurran a instituciones educativas de gestión pública estatal en los niveles inicial, primario, secundario y de la modalidad de educación especial de la provincia de Buenos Aires.
El servicio está dividido entre el desayuno-merienda; la prestación para albergues y residencias; y comedores; y además existe la modalidad «listo consumo», que se distribuye en establecimientos en los que por diferentes cuestiones no existe la posibilidad de cocinar.
En la actualidad, el programa alcanza a 2.275.216 estudiantes en la modalidad desayuno/merienda y a 1.109.927 en el comedor.
Las modalidades desayuno-merienda y comedor «listo consumo» alcanzan a un universo de 18.722 y 48.796 de niños, niñas y adolescentes, respectivamente; mientras que en albergues y residencias la asistencia alimentaria llega 4.385 niños, niñas y adolescentes.
Desde la asunción de la actual gestión, los cupos para las prestaciones presenciales se ampliaron en un 28,62% para la modalidad desayuno/merienda, al tiempo que la asignación presupuestaria para el servicio de comedor tuvo un aumento del orden de 97,91%.
El Gobierno bonaerense invierte $199,88 por cada destinatario en las modalidades presenciales, lo que significa mensualmente $3997,60 para cada niño, niña y adolescente, y destina una inversión total mensual para el Servicio Alimentario Escolar de $13.345.033.508.
La inversión, además, incluye la calidad nutricional del servicio lo que se traduce en el acondicionamiento de la infraestructura de los comedores escolares y en la capacitación de 3.500 auxiliares en 99 distritos de la Provincia para una manipulación segura de alimentos.
Al SAE se le suma el programa MESA, que es una estrategia que se institucionalizó con el retorno a la presencialidad escolar, dado que durante la educación en cuarentena se entregaron módulos alimentarios mensuales a las familias bonaerenses de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares, para asegurar la continuidad de la asistencia alimentaria.
El objetivo del programa consiste en distribuir alimentos de valor nutricional ampliando el acceso a la alimentación sana a los hogares, articulando con las instituciones y las familias; más la entrega de cuadernillos-guías con buenas prácticas nutricionales y recetas de fácil preparación con los productos que contiene el módulo.
El valor actual de los alimentos que contiene el módulo MESA equivale a $3.489,22 y alcanza a un universo de 2.032.712 familias con la incorporación en mayo de 2021 de 310.000 nuevos titulares del derecho.
Para ser beneficiario del SAE en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de CABA donde para acceder al Programa Alimentario Escolar la familia debe presentar una copia del recibo de sueldo, la incorporación se concreta a través de un informe que presenta el equipo de orientación escolar, que está habilitado a recabar datos sensibles de posibles beneficiarios.
El Gobierno bonaerense, además, destina una partida diferenciada para el equipamiento de línea blanca de los establecimientos educativos (heladeras, freezers, cocinas, etc.), con previa solicitud de los entes ejecutores y un presupuesto informado, al igual que para el equipamiento de vajilla y utensilios de los establecimientos educativos, con previa solicitud de los entes ejecutores y un presupuesto informado.
Además, la Dirección General de Cultura y Educación se encarga de designar a los y las auxiliares de cocina en cada establecimiento, lo que genera una relación directa con los establecimientos educativos, y permite una mayor atención y acompañamiento ante eventuales conflictos.
Los menú que se distribuyen son elaborados por el equipo de nutricionistas de la Dirección Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, según las edades de las y los estudiantes; e incluyen, entre otros, leche con cacao, té o mate cocido, yogur, cereales, galletitas, panificados y mermelada; y en el caso de la modalidad «listo consumo», se informó que priorizan sándwiches que sean a base de queso con huevo o carne, y vegetales; tartas o empanadas de verduras; tortillas o croquetas de verduras y cereales.
Buenos Aires
Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.
Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.
Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
El anuncio oficial y la promesa de extradición
La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».
El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.
Un clan familiar en la cima de la estructura
Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.
En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.
Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.
La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara
El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.
Una causa que avanza a cuentagotas
La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.
Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.
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