El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el comienzo de las prácticas educativas obligatorias en empresas de la ciudad de Buenos Aires, como parte del plan de la Secundaria del Futuro. El anuncio fue cuestionado por diversos sectores que se oponen al carácter obligatorio de la iniciativa, prohibido por una ley local.

«Ya tenemos casi 600 empresas con las que estamos trabajando para que los chicos hagan las prácticas», afirmó a la prensa junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel en una de las sedes del Banco Galicia.

La iniciativa establece que cerca de 30 mil estudiantes del último año del nivel secundario de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada de CABA tendrán que realizar de forma obligatoria, prácticas educativas en los ámbitos laborales como condición para aprobar.

“Se contemplan como mínimo 120 horas cátedra del diseño curricular, más 30 horas de educación financiera y habilidades blandas para la empleabilidad, distribuidas a lo largo del ciclo lectivo”, según consta en la página web del gobierno porteño.

La implementación encuentra voces críticas entre estudiantes, sindicatos docentes y también de parte de organismos como la Asesoría Tutelar de Cámara, cuyo titular, Gustavo Moreno presentó este mismo martes una nota ante la responsable del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley, para que recame al máximo tribunal de la Ciudad que resuelva respecto de la obligatoriedad de las prácticas.

En 2019, un tribunal de primera instancia ratificó la letra de la ley 3541, que especifica que las prácticas profesionales no pueden tener carácter obligatorio, pero posteriormente la Cámara revocó el fallo. Moreno presentó un recurso de queja que está en manos del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad desde septiembre de 2020.

“Bajo el eufemismo de ‘Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores’, el Poder Ejecutivo local impone con carácter obligatorio” prácticas preprofesionales expresamente reguladas en la ley 3541, cuyo art. 2”, sostuvo Moreno.

“Ni los estudiantes ni la asesoría estamos en contra de las prácticas educativas, de lo que estamos en contra es de la imposición porque de esa manera se vulneran los derechos de los chicos, pero también la división de poderes porque una ministra no puede pasar por encima de una ley”, detalló Moreno.

En 2019, con el fallo adverso recién conocido, el Ejecutivo porteño había hecho saber a la prensa que pediría a la Legislatura la modificación de la ley 3541, para garantizar la obligatoriedad de las prácticas. Sin embargo, con el fallo de la cámara, no avanzaron en esa línea.

El auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, aseguró que el problema que presenta esta política del ministerio que encabeza Soledad Acuña es que “no incorpora prácticas laborales al programa de educación media, sino que remplaza contenidos educativos por prestar servicios en puesto de baja calificación y entrenamiento laboral”. Además, aseguró que el programa, tal como se implementa, “no aporta capacidades significativas a las y los estudiantes, sin herramientas de control que permitan garantizar la no explotación laboral”.

Las prácticas obligatorias se realizarán en empresas como Banco Galicia, Banco Ciudad, Infobae, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Pampa Energía, la red de gimnasios Megatlon, Bolsas y Mercados Argentinos y la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio.