La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó «preocupación» por «la violación de garantías elementales del debido proceso» en el juicio en el que se investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz, y repudió «la represión a los manifestantes» que se congregaron a respaldarla en su domicilio el sábado pasado.

Así lo anunció el consejo directivo de Sociales tras aprobar ayer una resolución denominada «Violación de garantías procesales en ‘Causa Vialidad'», en la que hace una semana el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la ex mandataria.

«El consejo directivo aprobó una resolución que manifiesta la preocupación por la violación de elementales garantías de debido proceso registradas en la causa vialidad, al negarse el derecho de defensa y ser oída a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», indicó la Facultad a través de un comunicado.

En esa línea, la comisión directiva también rechazó «la represión a los manifestantes que se solidarizaron con la Vicepresidenta» y repudió «el accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad y de sus mandantes».

Por otro lado, la resolución también indica que «diversas escuelas jurídicas y de estudios sobre Comunicación Social y Ciencia Política» advierten la existencia de una «visible articulación de los medios de comunicación concentrados junto a una parte del Poder Judicial».

«Haría suponer la existencia de una condena previamente escrita que pone en serio riesgo no sólo la proscripción de una opción política sino a todo el sistema democrático», detalló la comisión directiva en la resolución.

En ese sentido, la Facultad ejemplificó con el caso del expresidente brasileño Lula Da Silva, quien estuvo preso 580 días en un juicio que luego «fue anulado» y añadió: «Uno de esos antecedentes lo constituye el juicio donde se condenó al ex presidente de Brasil Lula da Silva proscribiéndolo de hecho en la carrera presidencial del 2018».

Por otro lado, los directivos de Sociales también resaltaron que «se han hecho públicos encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes políticos» que demuestran la «falta de imparcialidad en el proceso judicial» contra la Vicepresidenta.