Judiciales ⚖️
Facultad de la UBA criticó el juicio contra la Vicepresidenta y repudió «la represión» en su casa
Así lo anunció el consejo directivo de Sociales tras aprobar ayer una resolución denominada «Violación de garantías procesales en ‘Causa Vialidad'», en la que hace una semana el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la ex mandataria.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó «preocupación» por «la violación de garantías elementales del debido proceso» en el juicio en el que se investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz, y repudió «la represión a los manifestantes» que se congregaron a respaldarla en su domicilio el sábado pasado.
Así lo anunció el consejo directivo de Sociales tras aprobar ayer una resolución denominada «Violación de garantías procesales en ‘Causa Vialidad'», en la que hace una semana el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la ex mandataria.
«El consejo directivo aprobó una resolución que manifiesta la preocupación por la violación de elementales garantías de debido proceso registradas en la causa vialidad, al negarse el derecho de defensa y ser oída a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», indicó la Facultad a través de un comunicado.
En esa línea, la comisión directiva también rechazó «la represión a los manifestantes que se solidarizaron con la Vicepresidenta» y repudió «el accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad y de sus mandantes».
Por otro lado, la resolución también indica que «diversas escuelas jurídicas y de estudios sobre Comunicación Social y Ciencia Política» advierten la existencia de una «visible articulación de los medios de comunicación concentrados junto a una parte del Poder Judicial».
«Haría suponer la existencia de una condena previamente escrita que pone en serio riesgo no sólo la proscripción de una opción política sino a todo el sistema democrático», detalló la comisión directiva en la resolución.
En ese sentido, la Facultad ejemplificó con el caso del expresidente brasileño Lula Da Silva, quien estuvo preso 580 días en un juicio que luego «fue anulado» y añadió: «Uno de esos antecedentes lo constituye el juicio donde se condenó al ex presidente de Brasil Lula da Silva proscribiéndolo de hecho en la carrera presidencial del 2018».
Por otro lado, los directivos de Sociales también resaltaron que «se han hecho públicos encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes políticos» que demuestran la «falta de imparcialidad en el proceso judicial» contra la Vicepresidenta.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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