Esta mañana, a las 9.30, organizaciones sociales, ambientales y vecinales de todo el AMBA se concentraron frente a la sede del Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, bajo la consigna «No a la privatización de AySA». La movilización coincidía con la fecha originalmente fijada para la apertura de sobres de la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), pero el Gobierno debió correrse: la apertura fue postergada al 15 de septiembre debido a pedidos de prórroga formulados por las propias empresas que participan del proceso. La postergación no apaciguó el rechazo social. Lejos de eso, el movimiento de resistencia salió a las calles con más argumentos.

Una licitación sin precio base y con asesor israelí

La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases (N° 27.742) y fue impulsada por la Resolución 704/2026 del ministro Luis Caputo, que lanzó el proceso en mayo de 2026. El esquema prevé vender el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación y colocar el 39% restante en bolsa; el 10% quedaría en manos de los trabajadores. La concesión es por 30 años, prorrogable por 10 más, sin precio base fijado por el Estado. Es decir, el Gobierno no estableció un piso mínimo para entregar el control del agua de millones de personas.

Lo que agrava el cuadro es la presencia de Mekorot, la empresa estatal israelí, en el proceso. Según consta en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública firmado por el licenciado Raúl Soria, AySA firmó un Acuerdo Marco con esa firma el 28 de octubre de 2024 y un Contrato de Consultoría el 4 de noviembre de 2024 por 12 meses. Mekorot asesora técnicamente el proceso licitatorio y promueve, en palabras de su propio coordinador de Proyectos Especiales, Diego Berger, concebir al agua como un bien escaso al que debe asignársele un valor alto. Las organizaciones que integran la campaña «Fuera Mekorot» señalaron además que esa firma fue denunciada por instrumentar la provisión de agua a la población palestina como parte de la política israelí de apartheid.

Los decretos que habilitan lo que antes era prohibido

Los manifestantes señalaron una trama regulatoria que acompaña el proceso de transferencia y que ya tiene efectos concretos sobre los usuarios. Los decretos DNU 493/25, 494/25 y 805/25 habilitaron cortes del servicio de cloacas y agua por falta de pago; autorizaron un aumento mensual acumulativo del 3% en las tarifas; y redujeron las exigencias en los controles de calidad del agua. Desde el inicio de la gestión Milei, las tarifas de AySA acumularon una suba cercana al 300%, mientras se paralizaron las obras de extensión y mantenimiento de la red y se cerraron las sedes de atención al público en los distritos del AMBA. Más tarifas, menos controles, más riesgos para la salud: esa es la ecuación que las organizaciones denuncian como el resultado visible del proceso privatizador en curso.

La batalla judicial: amparos frenados y una Cámara que debe resolver

El proceso privatizador enfrenta una resistencia legal que el Gobierno ha maniobrado sistemáticamente para neutralizar. Existen dos denuncias de inconstitucionalidad paralizadas por falta de designación de jueces. Más relevante: el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un amparo para suspender los cortes de servicio por falta de pago, pero el Gobierno apeló y la resolución final quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata. Ese amparo, mientras tanto, debe renovarse cada tres meses para mantener su vigencia.

En paralelo, el Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora rechazó in limine una acción de amparo ambiental colectivo presentada por el Foro Hídrico de Lanús, FARN, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y otras entidades, después de que el fiscal Sergio Mola emitiera dictamen en contra. La justicia desestimó los planteos sobre la opacidad del pliego, la falta de audiencias públicas y la restricción de la información técnica a un Data Room confidencial al que solo acceden las corporaciones interesadas, excusándose en formalismos procesales.

El Senado, el campo popular y las exigencias en la calle

En el Senado, la oposición logró instalar el debate. El senador Wado de Pedro (Unión por la Patria) impulsó una moción de preferencia para darle prioridad al tratamiento de un proyecto que declara a AySA «de interés público y estratégico para el desarrollo humano» en los términos del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, e impide la transferencia de las acciones estatales. La moción se aprobó por 35 votos contra 33. La iniciativa debe aún superar el debate en comisión y el pleno, en un Congreso donde el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para bloquear cualquier avance que contrarie su agenda de desguace.

Las organizaciones que encabezaron la movilización de hoy exigieron, además de frenar la privatización, la reapertura de las oficinas de atención al público, la reactivación del plan de obras paralizadas y la rescisión del contrato con Mekorot. La consigna que sintetizó el espíritu de la jornada es tan simple como contundente: «El agua no se vende, la vida se defiende.»

Puntos clave

• La apertura de sobres de la licitación fue postergada al 15 de septiembre por pedidos de prórroga de las propias empresas interesadas.
• AySA abastece de agua potable y saneamiento a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del AMBA.
• Mekorot, empresa israelí, asesora el proceso de privatización desde un contrato firmado en noviembre de 2024.
• Los DNU 493/25, 494/25 y 805/25 habilitan cortes por falta de pago y reducen los controles de calidad del agua.
• El amparo del Defensor del Pueblo bonaerense, apelado por Milei, aguarda resolución en la Cámara Federal de La Plata.