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★ El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, cuatro meses después del estallido del escándalo de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo «Lule» Menem en un supuesto esquema de coimas del 3% sobre las compras de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

La disolución del organismo se concreta mientras avanza en Comodoro Py la investigación judicial que reveló un esquema de sobrecostos de entre 10% y 20% en la compra de medicamentos e insumos, con un perjuicio al Estado que supera los 48.000 millones de pesos.

«La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud», anunció Adorni, quien aclaró de manera enfática: «Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo».

El escándalo que el Gobierno prefiere no mencionar

Lo que Adorni omitió cuidadosamente en su conferencia fue cualquier referencia al escándalo de corrupción que precipitó esta decisión. El cierre llega tras la filtración en agosto de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, quien era abogado personal de Javier Milei y dirigía ANDIS hasta que fue eyectado del cargo.

En esas grabaciones, difundidas originalmente por el periodista Mauro Federico en Carnaval Stream, Spagnuolo detalla que «a Karina le debe llegar el 3 o el 4» del sobreprecio en medicamentos, y describe cómo la droguería Suizo Argentina imponía condiciones a los proveedores: «La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia'».

Según confirmaron Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, y Agustín Rodríguez, productor de Alejandro Fantino, Spagnuolo les contó que el papel central lo jugaba Eduardo Lule Menem y que «el 3 por ciento iba para la Casa Rosada».

La dimensión del esquema de corrupción

La fiscalía a cargo de Franco Picardi documentó el funcionamiento de lo que calificó como «una organización delictiva» especializada en direccionar compras con sobrecostos. El mecanismo era sofisticado: manipulaban las compulsas de precios para restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito cerrado de proveedores predeterminados.

Un ejemplo del nivel de los sobreprecios: el medicamento BUROSUMAB 20 MG tuvo un sobrecosto del 115%. En otro caso, una auditoría del Gobierno reveló que la ANDIS pagó 27% más caro la PEG Asparaginasa, un medicamento para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en niños.

El fiscal Picardi identificó a 15 personas como parte de la organización criminal, incluyendo al propio Spagnuolo y a varios funcionarios de ANDIS que habrían manipulado el sistema informático SIIPFIS para simular transparencia mientras fragmentaban las adquisiciones para sacar empresas del sistema e incluirlas en «compulsas reducidas» de 3 o 4 firmas, logrando así precios más altos.

Un cierre sin rendición de cuentas

Adorni justificó la disolución de ANDIS con una narrativa centrada en «capas burocráticas» y «descontrol administrativo», y enumeró irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando pensiones, y la Fundación METAS, que supuestamente brindaba clases de apoyo escolar pero cuyas instalaciones solo tenían «suciedad, moho, escombros y excremento de roedores».

Sin embargo, el jefe de Gabinete no hizo mención alguna a:

• Los audios que involucran a Karina Milei y Lule Menem
• El perjuicio fiscal de 48 mil millones de pesos
• Los sobrecostos de hasta 115% en medicamentos para niños con cáncer
• La investigación judicial en curso

La medida incluye la eliminación de 16 cargos políticos (una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica) y el nombramiento de Alejandro Vilches, actual interventor, como secretario del área dentro del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

Adorni prometió que las políticas de discapacidad se administrarán «de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades», con «auditorías permanentes» y «criterios sanitarios», pero no especificó si habrá una auditoría externa e independiente que investigue el destino de los miles de millones de pesos desviados.

El silencio cómplice del poder

Lo más significativo del anuncio es lo que no se dijo. Según informó Página 12, Adorni «justificó la decisión en supuestas irregularidades, entre las que no mencionó el escándalo de coimas que involucra a funcionarios del Gobierno».

Mientras tanto, la causa judicial avanza. En agosto, el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos que incluyeron las sedes de ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y los domicilios de varios involucrados. En el operativo se encontraron 266 mil dólares y siete millones de pesos en sobres con anotaciones en poder de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

Spagnuolo cambió su estrategia de defensa: primero reconocía ser él quien hablaba en los audios pero alegaba espionaje ilegal; ahora, con su nuevo abogado Mauricio D’Alessandro, niega que los audios sean reales y los atribuye a inteligencia artificial.

Martín Menem salió a defender a su primo Lule y a Karina Milei, repitiendo siete veces la frase «pongo las manos en el fuego», mientras atribuía todo a una «operación» electoral.

El trasfondo político: desmantelar para ocultar

La decisión de cerrar ANDIS en lugar de sanearla plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. Disolver el organismo justo cuando se investiga un esquema de corrupción que salpica al círculo íntimo presidencial puede interpretarse como una operación para diluir responsabilidades y dificultar el seguimiento de los fondos desviados.

La absorción de ANDIS por el Ministerio de Salud, una estructura mucho más grande, podría hacer más difícil rastrear qué pasó con los 48 mil millones de pesos del erario que se habrían perdido en sobreprecios, y quiénes fueron los beneficiarios finales de ese esquema.

El caso expone, además, la hipocresía del discurso anticorrupción de un gobierno que se autoproclamó como abanderado de la transparencia y la «motosierra» contra el Estado, pero que cuando la corrupción toca a su propio círculo íntimo, prefiere cerrar organismos antes que investigar a fondo.

Puntos clave:

• El Gobierno disolvió ANDIS cuatro meses después de la filtración de audios que involucraban a Karina Milei y Lule Menem en un esquema de coimas del 3% sobre compras de medicamentos para personas con discapacidad

• La investigación judicial detectó sobrecostos de entre 10% y 20% en compras, con casos extremos como el medicamento BUROSUMAB que tuvo un sobreprecio del 115%, afectando el tratamiento de niños con cáncer

• El perjuicio al Estado supera los 48 mil millones de pesos, según la fiscalía a cargo de Franco Picardi, que identificó una «organización delictiva» con 15 imputados

• Adorni omitió toda referencia al escándalo de corrupción en su anuncio y no especificó si habrá auditoría externa e independiente

• Se eliminarán 16 cargos políticos (45,7% de reducción) y las funciones pasarán al Ministerio de Salud, lo que podría dificultar el rastreo de los fondos desviados