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Legislativo

Oposición busca limitar los DNU con nuevo dictamen en Diputados

La reforma establece que el rechazo de una sola cámara será suficiente para derogar un DNU.

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En la Cámara de Diputados, distintas fuerzas de la oposición se unieron para emitir dictamen de mayoría a favor de una reforma que busca limitar el poder de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente. La propuesta, que ya cuenta con 36 firmas del plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, se encuentra lista para ser tratada en el recinto a la espera de una sesión especial solicitada por los impulsores.

La iniciativa, liderada por el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), toma como base su proyecto e incluye elementos de otras propuestas de Unión por la Patria y del nuevo bloque radical Democracia para Siempre. El dictamen establece que el rechazo de una sola cámara será suficiente para derogar un DNU, un cambio significativo respecto de la ley 26.122, vigente desde 2006, que requiere el rechazo de ambas cámaras para que un DNU pierda vigencia.

Contexto político y el recorte al poder presidencial

La oposición asegura que esta reforma se vuelve urgente en el contexto actual, donde diversos sectores buscan limitar la capacidad de gobernar por decreto del presidente Javier Milei. Durante años, algunos sectores se opusieron a reformar el uso de los DNU, ya que resultaba beneficioso para gobiernos anteriores. No obstante, en la coyuntura actual, la oportunidad de recortar el poder presidencial generó un consenso inesperado.

Además de modificar los requisitos para derogar un DNU, el proyecto establece un plazo de 90 días corridos para que ambos cuerpos legislativos aprueben los decretos. En caso de no cumplir con este período, el decreto caducaría. También incluye disposiciones especiales para aquellos DNU emitidos durante el receso parlamentario, donde el Congreso deberá tratar de inmediato las medidas, según el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Debate y posturas disidentes

La propuesta, aunque contó con un respaldo mayoritario de la oposición, no unió a todos los sectores. El bloque de la UCR “Radicales con peluca” propuso su propio dictamen de minoría, estableciendo un plazo de diez días hábiles para que la Comisión Bicameral Permanente evalúe el DNU y once su dictamen al pleno. Además, plantea que las cámaras no pueden modificar el contenido del decreto, debiendo aprobar o rechazar la norma en su totalidad.

Por otro lado, la Coalición Cívica también presentó un dictamen de minoría, mientras que La Libertad Avanza rechazó el proyecto y el PRO decidió no respaldar ninguno de los textos. Rodrigo de Loredo, titular del bloque radical Democracia para Siempre, defendió el apoyo de su grupo, sosteniendo que mantiene una postura «coherente con la línea histórica» ​​de la UCR, al margen de la postura del PRO y otros bloques.

“Una reforma urgente”

Entrevistada por Radio Splendid, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) consideró que la reforma de la ley de DNU es “imperiosa”. Aunque expresó su preferencia por una reforma integral, reconoció la importancia de avanzar con una propuesta que cuente con consensos mínimos, donde “el rechazo de una sola cámara implica la pérdida de vigencia de un DNU”.

Por su parte, Mónica Litza (Unión por la Patria) calificó el consenso alcanzado como “un logro muy importante” y explicó que el dictamen se estructuró en base a coincidencias entre los bloques opositores. La legisladora explicó que el proyecto invierte la lógica de la ley de 2006 al establecer que el silencio del Congreso ante un DNU lo invalidaría. Además, mantuvo que espera que el proyecto avance pronto en el recinto.

Economía 💲

La oposición negocia a contrarreloj un dictamen contra la usura crediticia

Los bloques opositores buscan sumar firmas por encima de las que logró el oficialismo para el emplazamiento y avanzan hacia un dictamen que topea tasas y elimina intereses punitorios. Mientras tanto, LLA mantiene en secreto su propia iniciativa.

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Seis millones de argentinos en mora: la oposición corre contra el reloj para frenar el abuso crediticio.

Unas 6 millones de personas están hoy en situación de mora en la Argentina, un número que se disparó un 80% en poco más de dos años, mientras la masa total de créditos otorgados apenas creció un 8% en el mismo período. Ese contraste es el que empuja a la oposición en Diputados a cerrar, a contrarreloj, un dictamen que ponga límites al costo financiero y alivie a los deudores antes de que termine el mes.

El próximo martes se realizará el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde está previsto que se firmen los dictámenes sobre el paquete de proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. La fecha responde al emplazamiento que la oposición logró votar en el recinto el 26 de agosto pasado, con 133 votos a favor.

Un bloque amplio, con aliados inesperados del oficialismo

Al desglosar esos 133 votos que impulsaron el emplazamiento, aparece no solo el bloque estable de la oposición (Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) sino también sectores que en general acompañan al Gobierno, como Argentina Federal (misioneros y salteños), Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad. Ese dato incomoda a La Libertad Avanza, que ve cómo parte de sus aliados legislativos se corre hacia una ley que el oficialismo no impulsa.

Tras varias rondas de negociación, Unión por la Patria logró cerrar una propuesta consensuada puertas adentro y la hizo circular entre los referentes de los demás bloques. «Estamos negociando con todos los que votaron el emplazamiento», confirmó uno de los diputados de Unión por la Patria, autor de uno de los proyectos sobre el tema, que pidió reserva de identidad. El diputado Pablo Juliano, autor de otra de las iniciativas, es uno de los principales articuladores: negocia no solo en nombre propio sino en representación de un grupo de legisladores de Provincias Unidas, con llegada también a sectores de la Coalición Cívica. La negociación alcanza además a Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y a Yolanda Vega y Bernardo Biella, de Argentina Federal, cuyas firmas son consideradas imprescindibles si la oposición aspira a un dictamen de mayoría.

Algunos bloques, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, no cuentan con vocales en ninguna de las dos comisiones, por lo que sus firmas no serán necesarias en la instancia del martes, aunque sí sus votos cuando el proyecto llegue eventualmente al recinto.

Topes a las tasas y fin de los intereses punitorios

Según pudo reconstruirse, el proyecto consensuado dentro de Unión por la Patria consiste en una ley de emergencia por 180 días, prorrogable por otro período igual, que fija un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras virtuales, límites a los gastos y las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses según los montos adeudados. Un punto central de la iniciativa es la eliminación total de los intereses punitorios, respetando el capital y los intereses compensatorios.

El proyecto también apunta a la disparidad de tasas que cobran las billeteras según el scoring de cada cliente, una práctica que quedará bajo la lupa de Defensa del Consumidor, que tendrá competencia para exigir la apertura del algoritmo utilizado y transparentar ese mecanismo.

Mientras la oposición expone su propuesta con relativa transparencia, el proyecto de La Libertad Avanza se mantiene bajo cuatro llaves. Lo único que trascendió hasta ahora es que trabajarían sobre un esquema de advertencias al usuario, educación financiera, concientización y doble autenticación, sin mención a topes de tasas ni condonación de intereses. «Lo estamos haciendo con aliados», respondieron, sin dar mayores precisiones, fuentes oficialistas de la comisión de Finanzas.

Una crisis que crece diez veces más rápido que el crédito

El fenómeno que empuja esta discusión legislativa no es menor: unas 6 millones de personas se encuentran hoy en situación de mora, es decir, con atrasos en el pago de deudas de más de tres meses. Se trata de un problema multicausal, ligado al deterioro del nivel de ingresos, al costo creciente de la canasta de servicios y a la desregulación de tasas de interés dispuesta por el Gobierno nacional.

El ratio de morosidad se disparó desde fines de 2024 y desde entonces no dejó de empinarse: en la actualidad, el 12,8% de los créditos otorgados por bancos están en mora, proporción que trepa al 25% en el caso de los préstamos concedidos por billeteras y otras plataformas fintech. Entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de créditos otorgados creció un 8%, mientras que la morosidad se disparó un 80%, al pasar de 3,3 a 6 millones de personas, un ritmo de incremento diez veces mayor.

Desde el oficialismo y desde referentes bancarios sostienen que el crecimiento del crédito es un signo positivo en un país con índices de bancarización todavía deficientes. Del lado de la oposición y de las organizaciones de deudores, en cambio, la discusión no pasa por el crédito en sí, sino por su destino: según advierten, alrededor de dos tercios de los préstamos se destinan a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos, una señal de que el endeudamiento dejó de ser una decisión de consumo para convertirse, para millones de familias, en la única vía para llegar a fin de mes.

Lo que tenés que saber

  • El plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor se reúne el martes próximo para firmar dictamen sobre los proyectos de morosidad.
  • La oposición consensuó un proyecto que declara la emergencia por 180 días, topea tasas y comisiones, y elimina el 100% de los intereses punitorios.
  • El proyecto de La Libertad Avanza sigue en secreto y trabajaría sobre educación financiera y alertas al usuario, sin topes a tasas.
  • Unas 6 millones de personas están en mora en la Argentina, con un salto del 80% en poco más de dos años.
  • La morosidad alcanza al 12,8% de los créditos bancarios y al 25% de los préstamos otorgados por fintechs y billeteras.
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