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Adorni sin DDJJ actualizada: dos departamentos, dólares y una cuenta en EEUU

La última declaración jurada conocida de Adorni data de marzo de 2025 y corresponde a su período como candidato electoral, no como jefe de Gabinete. El patrimonio bajo investigación judicial supera los US$840.000, con refacciones de lujo pagadas en efectivo sin factura y operaciones inmobiliarias con pagos «de palabra».

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

La declaración jurada de Adorni: lo que declaró y lo que investiga la Justicia

★ El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene en suspenso la presentación de su declaración patrimonial actualizada pese a haberlo prometido públicamente en reiteradas ocasiones. La última declaración jurada conocida, presentada ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025, refleja un patrimonio modesto que contrasta con los más de US$840.000 bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La distancia entre ambos universos es el eje del expediente que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.

Dos departamentos, dólares y una cuenta en el exterior

La declaración jurada presentada por Adorni en marzo de 2025 fue entregada ante la Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas porteñas. Se trata de un documento anterior a su designación como jefe de Gabinete, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2025 al dejar la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Según ese registro, Adorni declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014, del cual posee el 50% de titularidad, valuado en $777.000; el segundo, comprado en 2016, consignado con una valuación de $3.652.682. En el plano financiero, informó una tenencia de US$42.500 en efectivo, monto que ya había aparecido en declaraciones anteriores sin modificaciones, y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de US$6.220. Completó el cuadro con $1.950.000 en pesos en efectivo e ingresos netos anuales de $40,3 millones provenientes de su trabajo en relación de dependencia.

Lo que esa declaración no menciona es, precisamente, lo que más interesa a la investigación judicial: la propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La promesa incumplida y el malestar interno

Desde que asumió la Jefatura de Gabinete, Adorni prometió presentar una nueva declaración patrimonial. Al 30 de mayo de 2026, esa promesa continúa incumplida. El funcionario argumentó públicamente que no difundirá su patrimonio para no «entorpecer» la acción de la Justicia, una posición que, según trascendidos recogidos por medios nacionales, generó fricciones en las propias reuniones de gabinete de mayo. El propio presidente Javier Milei afirmó el 6 de mayo que su funcionario «tiene todo listo para presentarse», pero la presentación nunca llegó.

El contexto político no pasa desapercibido. La senadora nacional Patricia Bullrich presentó el 19 de mayo de 2026 su declaración jurada patrimonial integral ante la Oficina Anticorrupción, más de dos meses antes del plazo máximo. El movimiento fue leído en el tablero político como una diferenciación explícita frente a la demora del jefe de Gabinete. Adorni, formalmente, dispone de plazo hasta el 31 de julio de 2026 para presentar la documentación correspondiente al período 2025.

La brecha entre lo declarado y lo investigado

La investigación judicial construye un cuadro patrimonial radicalmente distinto al reflejado en el documento de marzo de 2025. El patrimonio bajo sospecha supera los US$840.000, según datos incorporados al expediente por el juez Lijo y el fiscal Pollicita.

El primer nodo de la investigación es la compra de un departamento en el barrio de Caballito, escriturado por US$230.000. Adorni habría aportado apenas US$30.000 iniciales, declarando el resto como una deuda con las vendedoras, Claudia Sbabo y Alicia Viegas, dos jubiladas. El vínculo societario que rodea esa operación también fue sometido a escrutinio judicial: los hijos de ambas mujeres son socios en una desarrolladora inmobiliaria, y uno de ellos reconoció ante la Justicia la existencia de un pago adicional de US$65.000 pactado «de palabra», por fuera de la escritura. Además, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni invirtió otros 14 millones de pesos en renovar el mobiliario del mismo inmueble.

El segundo foco es la propiedad en el country Indio Cuá. El mismo Tabar, socio de la empresa Alta Arquitectura, afirmó ante la Justicia que las refacciones en ese predio ascendieron a US$245.000, abonados íntegramente en efectivo y sin factura. Entre las mejoras realizadas se contabilizan una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en US$15.000, y baños con jacuzzi.

A ese cuadro se suman los gastos con tarjeta de crédito. Según fuentes al tanto de la investigación, Adorni y Angeletti acumularon consumos con tarjeta por más de $85,1 millones durante el período 2025, un promedio de $7,1 millones mensuales en un período en que el sueldo bruto del funcionario era de $3,5 millones por mes y su cónyuge se encontraba registrada como monotributista.

Un entorno familiar que suma interrogantes

La causa se extendió al entorno inmediato de Adorni. Su hermano, el diputado provincial Francisco Adorni, rectificó su propia declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción luego de que le iniciaran una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la corrección, informó una herencia de $21 millones que no había sido declarada previamente. Fuentes judiciales consideraron que esa rectificación abona la hipótesis de inconsistencias sistemáticas en el entorno familiar.

La situación de Angeletti también está bajo la lupa. La Justicia investiga el uso del avión presidencial para su traslado a Nueva York, un recurso del Estado estrictamente reservado a funciones de gobierno. En septiembre de 2025, según la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, Angeletti financió en efectivo un viaje en primera clase para ella y cinco amigas a Madrid, seguido de un segundo viaje a Iguazú. Se investigan además posibles triangulaciones mediante contratos de consultoría con empresas estatales y vínculos con el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez Lijo también puso la lupa sobre el productor Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni. Se investiga si su productora, ImHouse, accedió a contratos irregulares en la Televisión Pública, bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete. El magistrado ordenó el peritaje de los teléfonos de Grandio y el secuestro de documentación. Se analiza además la conexión de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de movimientos financieros off-shore que podría haber servido para canalizar fondos utilizados en las adquisiciones y los viajes que el funcionario realizó a destinos como Punta Cana, Nueva York y Punta del Este, con gastos en moneda extranjera que superan los US$27.000.

Medidas judiciales y defensa pública

Las medidas adoptadas por la Justicia incluyen el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, el peritaje de dispositivos del contratista Tabar y del productor Grandio, y la espera formal de la declaración jurada del jefe de Gabinete para su incorporación al expediente.

La diputada Marcela Pagano, impulsora de la denuncia original, solicitó la captura de Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia, alegando que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones. Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que no tiene «nada que esconder» respecto de su patrimonio; sin embargo, al cierre de esta edición no presentó ningún documento que respalde esa afirmación ante la Oficina Anticorrupción ni ante el expediente judicial.

Puntos clave:

  • La última declaración jurada conocida de Adorni data de marzo de 2025 y corresponde a su período como candidato electoral, no como jefe de Gabinete.
  • El documento no incluye la propiedad del country Indio Cuá, registrada a nombre de su esposa Bettina Angeletti.
  • El patrimonio bajo investigación judicial supera los US$840.000, con refacciones de lujo pagadas en efectivo sin factura y operaciones inmobiliarias con pagos «de palabra».
  • Adorni y Angeletti acumularon consumos con tarjeta de crédito de $85,1 millones en 2025, más del doble del sueldo bruto mensual del funcionario.
  • El juez Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y el peritaje de dispositivos en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Maradona: Baudry pidió 16 años para Luque y Forlini y su detención inmediata

El abogado de Dieguito Fernando endureció la acusación de la Fiscalía: reclamó 14 años para Cosachov, 12 para el psicólogo Díaz y la captura inmediata de tres imputados. Sostuvo que «con un simple diurético» Maradona se hubiera salvado.

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La querella de Dieguito Fernando fue más lejos que la Fiscalía: dolo eventual también para el psicólogo de Maradona.

“Con un simple diurético se hubiera salvado”. Con esa frase, el abogado de Dieguito Fernando Maradona resumió ante los jueces lo que, a su entender, separó la vida de la muerte del Diez: un tratamiento elemental que nunca llegó. Al cierre de su alegato, reclamó 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y para la médica de Swiss Medical Nancy Forlini, y pidió que ambos queden detenidos de inmediato junto a la psiquiatra Agustina Cosachov.

El letrado Mario Baudry, querellante en representación del hijo menor de Diego Armando Maradona y pareja de Verónica Ojeda, madre del joven, expuso sus alegatos este martes en los Tribunales de San Isidro, en el tramo final del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte del ídolo, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la casa alquilada de Tigre donde convalecía de una neurocirugía. Baudry calificó a los acusados como una «banda de irresponsables».

Las penas que reclamó la querella

Baudry encuadró la conducta de Luque, Forlini, Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz como homicidio simple con dolo eventual, la figura más grave del expediente, que prevé penas de entre 8 y 25 años de cárcel. Para Luque y para Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, solicitó 16 años; para Cosachov, 14 años; y para Díaz, 12 años de prisión.

En el caso del enfermero Ricardo Almirón y del coordinador de enfermería Mariano Perroni, el abogado bajó la calificación a homicidio culposo y requirió 5 años de prisión para cada uno.

Tras conocerse los pedidos de pena, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta las 14.

Más duro que la Fiscalía con el psicólogo Díaz

Baudry adhirió a los planteos de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sobre la responsabilidad de Luque, aunque anticipó que reclamaría una pena distinta. Donde se apartó con claridad fue en la situación de Díaz: mientras el Ministerio Público Fiscal pidió 5 años de prisión al considerarlo responsable de homicidio culposo, la querella lo ubicó en el mismo plano que los médicos y lo acusó por homicidio con dolo eventual.

Durante la exposición, el abogado también exhibió conversaciones atribuidas a Cosachov, junto a diálogos entre Luque y Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de las marcas de Maradona, Matías Morla, y charlas del neurocirujano con el ex asistente personal del futbolista.

Di Spagna, «el perejil de la película»

En sintonía con la Fiscalía y con el abogado de Diego Junior, Baudry pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. «No vamos a presentar acusaciones de cargo», afirmó, y fue más allá: sostuvo que la defensa de Luque buscó a un «perejil» para desviar responsabilidades y que ese rol recayó en el clínico. «Es el perejil de la película», insistió.

«Con buen criterio, la Fiscalía descubrió la jugada y pidió la absolución», agregó el querellante. La lectura de Baudry apunta a una estrategia defensiva que intentó repartir culpas hacia abajo para aliviar al médico de cabecera.

La mira sobre Swiss Medical

El alegato no se agotó en los siete imputados. Baudry solicitó que se investigue a la gerente de Riesgo de Swiss Medical, Mariana Flichmann, quien intervino en representación de Forlini y declaró como testigo durante el juicio. El pedido vuelve a poner bajo la lupa el papel de la prepaga en la internación domiciliaria que terminó con la muerte de Maradona.

Con las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas sobre la mesa, el juicio avanza hacia los alegatos de las defensas, que deberán responder a una imputación que sostiene que la muerte del Diez no fue un hecho imprevisible, sino el resultado de decisiones y omisiones de quienes debían cuidarlo.

Lo que tenés que saber:

  • Mario Baudry pidió 16 años de prisión para Luque y Forlini, 14 para Cosachov y 12 para Díaz por homicidio simple con dolo eventual.
  • Para los enfermeros Almirón y Perroni requirió 5 años por homicidio culposo.
  • Solicitó la detención inmediata de Luque, Cosachov y Forlini.
  • Coincidió con la Fiscalía en absolver a Di Spagna, a quien llamó «el perejil de la película».
  • Pidió investigar a la gerente de Riesgo de Swiss Medical, Mariana Flichmann.
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