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Era Milei: en 100 días ya salieron del gobierno 30 funcionarios

En los últimos días se conoció la renuncia de funcionarios de segunda línea como el director de control Pesquero, Julián Suárez; el coordinador general de Cancillería, Pablo Ferrara, Coordinador General de Cancillería; el subsecretario de Empleo Público, Ricardo Bocacci; el director de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, Marcelo Basilotta y el director de la Televisión Pública, Juan Parodi.

Publicado hace

2 años

30.03.2024

Redacción

Fuente: SomosTelam.com.ar

Más de 30 funcionarios, entre ministros, secretarios, subsecretarios y directores, dejaron de ser parte del gobierno Javier Milei. producto de renuncias y despidos provocados por diversas controversias generadas en los primeros 100 días de la gestión de la Libertad Avanza.

Suárez y Ferrara presentaron sus renuncias tras la polémica relacionada con la pesca ilegal de merluza negra en Ushuaia por parte de un buque de pesca chino.

Bocacci, en tanto, renunció en medio de una serie de despedidos en diferentes organismos estatales y en la víspera de la conclusión de miles de contratos en diferentes áreas gubernamentales, mientras que Basilotta -mano derecha de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello– se alejó del cargo por “cuestiones de índole personal”.

Por su parte, Parodi, quien asumió en el cargo el mes pasado, renunció tras la “reestructuración” en la programación de la Televisión Pública, en donde se dieron por finalizados varios ciclos televisivos como Cocineros Argentinos y la edición de fin de semana de los noticieros, que serán reemplazados con programación antigua, documentales y transmisiones deportivas.

Fuentes oficiales confirmaron que la renuncia de Parodi “será aceptada está semana” y afirmaron que “asumirá” un reemplazo a la brevedad.

Las primeras renuncias

Las primeras renuncias en el Gobierno fueron el exsubsecretario de Medios, Eduardo Roust y el exdirector de comunicación del gobierno nacional, Juan Caruso, quienes abandonaron sus puestos en el gobierno nacional en la primera semana de gestión. Ambos renunciaron a sus cargos aduciendo “imposibilidades” para trabajar en el área de comunicación del gobierno.

Antes de finalizar el 2023, la exsecretaria de Comunicación, Belén Stettler, quien formaba parte del equipo del asesor de gobierno, Santiago Caputo, renunció a menos de 20 días de iniciada su gestión por causas desconocidas.

Sin embargo, la primera gran salida del gobierno fue la del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a fines de enero, tras ser acusado por sectores del gobierno de “filtrar información” a la prensa.

“Yo decidí renunciar ante el vaciamiento de sentido del Ministerio de Infraestructura”. dijo Ferraro en declaraciones radiales.

El exministro, quien fuera uno de los operadores electorales en la última etapa de la campaña presidencial de Milei, se refirió a las acusaciones vertidas por sectores del gobierno y señaló: “Yo no filtré nada a la prensa y tampoco recuerdo que se haya dicho la frase ‘los voy a dejar sin un peso’ en la reunión de gabinete“.

Cae la ley “Bases”, caen más funcionarios

La derrota legislativa que representó el retorno a comisión de la denominada Ley “Bases” representó la caída de dos funcionarios ligados a los gobernadores de Salta y Córdoba, Flavia Royon (en Minería) y Osvaldo Giordano (Anses).

“La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”, explicó un comunicado difundido por la cuenta oficial de X de la Oficina del Presidente para explicar esas renuncias.

Sin embargo, para Giordano, la explicación fue otra: “La reacción ante el voto, en algunos incisos de la ley ómnibus de mi pareja (la diputada del bloque de Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres), fue lo que motivó esta reacción. Creo que fue una reacción, un enojo a mi juicio mal canalizado, de reacción ante el fracaso, digamos, en el tratamiento de la ley y se tomó esa decisión”, indicó.

Otro despido tras el aumento de sueldos

El decreto 206/24 -que habilitaba una suba de sueldo de un 48% para el Gabinete y luego fue derogado- provocó el alejamiento del Gobierno del secretario de Trabajo, Omar Yasin.

Durante una entrevista televisiva, Milei anunció el despido de Yasin, a quien responsabilizó por el “error”. “Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error”, dijo Milei.

Otros funcionarios que abandonaron la gestión pública durante el gobierno libertario fueron Ricardo Schleiper (Subsecretario de Deportes), Enrique Rodríguez Ghiantore (Superintendente de Salud), Horacio Pitrau (Subsecretario de Trabajo), Armando Guibert (Secretario de Transformación del Estado), Diego Marias (Interventor de Medios públicos), Pablo Rodrigué (Subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez), David Arauchan (Agencia Nacional de Discapacidad), Pablo Lostri (Secretario de Vivienda), Sebastián García de Luca (Secretario de Articulación federal del Ministerio de Seguridad), Cristian Sedam (Gerente de Contar) y Alejandro Guglielmi (Jefe de la Casa Militar).

También renunciaron a sus cargos Guillermo Abdala Bertiche (Director Nacional de Acuicultura), Geraldine Calvella (Dirección de Fiscalización de Centro de Documentación del Registro Nacional de Personas (Renaper), Ricardo Spartano (Secretario de Coordinación Administrativa de Capital Humano), Nicolás Striglio (Gerente de Control Económico y Financiero de la Superintendencia de Salud), Agustín Sánchez Sorondo (Director Administrativo del ministerio de Capital Humano), Daniel Ibáñez (Subsecretario de la pequeña y mediana empresa) y Juan Ignacio López Montoiro (Subsecretario de gestión Administrativa de la secretaria de Trabajo).

Otros funcionarios abandonaron funciones, pero continúan en el gobierno: Rodrigo Aybar renunció a su cargo de Subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria del ministerio de Capital Humano pero luego asumió como subsecretario de Vivienda, mientras que el influencer Iñaki Gutiérrez, quien fuera el encargado de las redes sociales durante los primeros días de la gestión, quedó relegado al manejo del TikTok de Milei, luego de que posteara en la cuenta oficial de Casa Rosada una foto con su novia con la frase “Feliz 2024 a todos”.

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Morón

Morón, en el top 5 del delito del conurbano: los números que Ghi no muestra

El informe oficial del SNIC ubicó a Morón con 2.841 delitos cada 100 mil habitantes, entre los cinco distritos más castigados del conurbano. El problema se concentra en los robos, que superan en un 76% la media bonaerense.

Publicado hace

3 horas

28.09.2026

ElArgentino.ar

Morón, entre los cinco distritos con más delitos del conurbano: los robos violentos casi se duplicaron.

Morón registró en 2025 una tasa de 2.841 delitos cada 100.000 habitantes, casi 10.000 hechos en total, y quedó entre los cinco distritos con peores índices de los 24 que integran el conurbano bonaerense. El dato oficial, comparable con el resto de los municipios, contradice el relato de éxito que la gestión local sostiene con estadísticas de elaboración propia.

Las cifras surgen del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), cuyo informe 2025 para la provincia de Buenos Aires fue publicado en septiembre por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. El período coincide con el giro que dispuso el intendente Lucas Ghi en la política de seguridad al poner al frente del área al secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso, exdiputado provincial del PRO, y dotarlo de un respaldo político y de recursos que la cartera no había tenido hasta entonces.

Un ranking que incomoda

Con esa tasa, Morón ocupó el puesto 20 entre los 24 municipios del Gran Buenos Aires. Solo lo superaron General San Martín (2.886), Avellaneda (2.944), Lanús (3.043) y Ezeiza (3.233). El promedio del conurbano fue de 2.378 delitos cada 100.000 habitantes.

La comparación con sus vecinos es todavía más elocuente. Merlo registró 1.946 delitos cada 100.000 habitantes y Hurlingham, 1.951; ambos figuran, junto con Vicente López, entre los distritos con los niveles más bajos del conurbano. Morón quedó más de 460 delitos por encima del promedio metropolitano y casi 900 por arriba de los partidos con los que comparte límites.

Dónde está el problema: los delitos contra la propiedad

El desglose del informe provincial muestra que la tasa general de Morón se explica, sobre todo, por los robos y los hurtos. En 2025 el distrito registró 1.046,5 robos cada 100.000 habitantes, un 76% más que la media bonaerense (592,9), y 736,7 hurtos, un 70% por encima del promedio provincial (432,4). En ambos rubros encabezó la zona oeste, por delante de La Matanza, Tres de Febrero e Ituzaingó.

En los delitos contra las personas, en cambio, el cuadro es otro. La tasa de víctimas de homicidios dolosos fue de 4,9 cada 100.000 habitantes, apenas por encima de la provincial (4,4). Las lesiones dolosas (273,7), los delitos contra la integridad sexual (37,0) y las amenazas (246,7) quedaron muy por debajo de los promedios bonaerenses (434,6, 84,8 y 398,0, respectivamente). En Morón se roba mucho más que en el resto de la provincia, y esa es la deuda que ninguna estadística municipal logra disimular.

Lo que el informe pide no comparar

El propio SNIC advierte que la provincia de Buenos Aires modificó sus sistemas de registro y cruce de información, lo que configura «una ruptura de la serie estadística». Por ese motivo, el informe no recomienda comparaciones interanuales en las categorías afectadas, entre ellas los delitos contra las personas y contra la propiedad, y pide interpretar con cautela las variaciones calculadas sobre menos de 20 hechos.

La advertencia alcanza a varias cifras que circularon en las últimas semanas. Los robos con lesiones o muertes en Morón pasaron de 44 a 87 y las víctimas de homicidios dolosos, de 15 a 16; en el sentido contrario, el total de robos bajó de 5.209 a 3.449. Ninguna de esas variaciones puede leerse, sin más, como el resultado de una gestión: pueden reflejar cambios reales, una mejor registración o ambas cosas. Los robos violentos, además, crecieron un 55,8% en toda la provincia, y la tasa de Morón en ese rubro (26,4 cada 100.000 habitantes) quedó por debajo de la bonaerense (36,9).

Ni la baja que puede celebrar el municipio ni las subas que le reprochan sus críticos resisten la letra chica del informe; lo que sí resiste es la foto de 2025, medida con la misma vara para todos los distritos.

Las estadísticas propias frente al barrio

Ghi y Cardoso sostienen públicamente el éxito de su política de seguridad y respaldan ese discurso con estadísticas elaboradas con datos propios. El informe nacional, en su dato más sólido, no acompaña esa lectura, y llega en un contexto local ya tensionado. Tras el tiroteo en la puerta del Colegio Emaús de El Palomar, del que fue víctima el comisario retirado Hernán Catarraso mientras dejaba a su hija en la escuela, cientos de vecinos marcharon hasta la casa del intendente y el Concejo Deliberante decidió interpelarlo.

Ghi no se presentó y envió en su lugar a Cardoso, tal como había ocurrido meses antes en la interpelación por el caso de Luna Ortigoza, entonces directora de Género y Diversidades del municipio. Cada vez que la seguridad estalla en Morón, el intendente delega la exposición en su secretario, y los números oficiales comparables tampoco juegan a su favor.

Datos bonaerenses en un informe libertario

El informe lleva la firma de un ministerio del gobierno de Javier Milei, que suele utilizar las estadísticas criminales como vidriera de gestión. Pero la materia prima proviene de los sistemas de la provincia de Buenos Aires, y la propia cartera nacional destacó su calidad. Según el documento, la actualización de los sistemas de carga, los convenios con la Procuración General y la articulación entre ministerios bonaerenses «han incrementado de manera sustantiva la cobertura, la completitud y la calidad de la clasificación de los registros».

Los números que dejan mal parado a Morón no pueden descartarse como una operación política: son registros bonaerenses cuya rigurosidad reconoció hasta un gobierno de signo opuesto. La pregunta que queda abierta es por qué la gestión municipal insiste en medirse con una vara propia cuando la comparación oficial con sus vecinos cuenta otra historia.