El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, volvió a exigir al Ejecutivo nacional el pago de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial y estimó que el monto supera el billón de pesos. El reclamo se dio luego de que el distrito oficializara un aumento del 84% en la jubilación mínima, que pasará de $380.000 a $700.000, más un bono adicional.

“La deuda de Nación con Córdoba asciende a más de un billón de pesos. Sería todo más fácil si en Argentina se cumpliera con la ley”, señaló el funcionario del gobernador Martín Llaryora en declaraciones a radio Splendid.

El conflicto gira en torno al financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, como la de Córdoba, que fue excluida del sistema nacional durante los años noventa pero cuyo déficit debe ser cubierto parcialmente por la Nación, de acuerdo a convenios vigentes y fallos judiciales.

Fallo de la Corte y reclamo por el cumplimiento

Calvo recordó que “a través de la Corte Suprema se logró que se reconozca la deuda” que el Gobierno nacional mantiene con la caja previsional cordobesa. En diciembre de 2023, el máximo tribunal ordenó al Estado nacional pagar las transferencias previsionales adeudadas a la provincia, tras años de litigio impulsados tanto por administraciones peronistas como radicales.

A pesar del fallo, desde la Casa Rosada no hubo novedades sobre un eventual pago ni cronograma de saldos, lo que agrava el conflicto interjurisdiccional.

Aumento jubilatorio y superávit fiscal

La medida de Córdoba de incrementar las jubilaciones mínimas fue anunciada esta semana y beneficia, según Calvo, al 50% de los jubilados y pensionados del sistema provincial. La decisión se da en un contexto de fuerte retracción del poder adquisitivo por el ajuste nacional, pero también busca reafirmar el modelo cordobés de “autonomía fiscal” frente a la Nación.

“Córdoba tiene superávit fiscal hace 20 ejercicios consecutivos, y por eso no se ha discontinuado la obra pública”, destacó Calvo, en un mensaje con tono político de cara a las tensiones entre el gobierno de Llaryora y la administración de Javier Milei.

“El Estado no se puede correr de los sectores más vulnerables”, añadió el ministro, diferenciándose del enfoque del Gobierno nacional, que ha implementado recortes severos en transferencias discrecionales y subsidios a las provincias desde principios de año.

Tensión persistente y demandas cruzadas

El reclamo de Córdoba se suma al malestar de otras jurisdicciones que también mantienen deudas previsionales reconocidas por la Justicia, como Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco, entre otras. La falta de un esquema de compensación previsional claro y la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos federales profundizaron la crisis fiscal en las provincias.

Desde el Ejecutivo nacional, en tanto, se mantiene un discurso de austeridad y ajuste estructural, con resistencia a cualquier giro de fondos no contemplado en el presupuesto reconducido de 2023, sin contemplar la inflación acumulada.