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Pagano acusó a Adorni de usar el Estado para su “ascenso social”: los escandalosos negocios del entorno de Karina

La diputada que presentó la denuncia judicial por conflicto de intereses ratificó sus acusaciones contra el jefe de Gabinete y amplió el cuadro: señaló al entorno de Karina Milei por usar el poder para «hacer negocios», denunció que los legisladores de LLA son «una escribanía del Ejecutivo» y describió un oficialismo atravesado por internas permanentes.

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Marcela Pagano: Adorni usó el Estado para su propio “ascenso social” (con la nuestra)

★ La diputada nacional Marcela Pagano ratificó este domingo sus acusaciones contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y amplió su diagnóstico sobre el funcionamiento interno de La Libertad Avanza en una entrevista con Splendid AM 990. Con una semana marcada por tres causas judiciales abiertas simultáneamente en Comodoro Py contra Adorni, la legisladora fue directa: «Hay personas que utilizaron al Estado para un ascenso social, como Adorni», afirmó.

La declaración se produce en el cierre de las tres semanas de cobertura más intensas que este medio sostuvo sobre el caso Adorni, que comenzó el 9 de marzo con el viaje de Bettina Angeletti en el ARG-01 y escaló esta semana a un tercer frente judicial con la declaración en Comodoro Py del piloto Agustín Issin Hansen, a quien le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete desde Punta del Este, y con la apertura de una investigación por una propiedad en un country que no habría sido declarada en tiempo y forma.

El Estado como herramienta de enriquecimiento personal

Pagano extendió la acusación más allá de Adorni. Sostuvo que dentro del oficialismo existen dirigentes que «utilizan su lugar de poder en el Ejecutivo o en la función pública para incrementar su situación económica», y que ese comportamiento convive con otro segmento que «no roba pero mira para otro lado». La distinción es política y moralmente precisa: no solo señala a quienes actúan, sino también a quienes toleran.

La diputada vinculó esa dinámica con el entorno más cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: «Todos los que la rodean son personas que buscan hacer negocios», afirmó, y señaló que las decisiones políticas y de gestión del Gobierno se concentran en ese círculo. Esas afirmaciones provienen de las declaraciones públicas de Pagano y no fueron refutadas ni confirmadas de manera oficial por el Ejecutivo al cierre de esta edición.

El señalamiento de Pagano hacia el entorno de Karina Milei se produce en el mismo contexto en que este medio documentó, a partir de versiones extraoficiales, que la secretaria general avanza en la sustitución de equipos en distintas áreas de la administración para ampliar su influencia, proceso que ya incluyó los cambios en el Ministerio de Justicia, con la salida de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio y el ingreso de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Legisladores sin autonomía: «una escribanía del Ejecutivo»

Pagano apuntó también a la lógica interna del bloque legislativo de La Libertad Avanza. «Los diputados y senadores no tienen ninguna autonomía. Son una escribanía del Poder Ejecutivo», afirmó, y describió un sistema de filtros para la presentación de proyectos que depende de la aprobación previa de funcionarios designados como enlaces parlamentarios. «Todo lo que veníamos a combatir: militamos la independencia de poderes y hacemos lo contrario», agregó.

La denuncia tiene un peso institucional específico: la propia Pagano presentó a fines de la semana pasada, con nombre propio y sin coordinación con el bloque, la denuncia judicial ante el Juzgado Federal N°11 del juez Ariel Lijo por los contratos de la consultora +BE de Angeletti con empresas vinculadas al Estado, incluyendo el presunto «circuito triangular» entre YPF, la naviera National Shipping y la firma de coaching de la esposa del jefe de Gabinete. Fue también la misma legisladora que estableció, en ese escrito judicial, una comparación explícita con las causas Hotesur y Los Sauces, herramientas históricas del discurso anticorrupción libertario, ahora aplicadas contra un funcionario del propio espacio.

La descripción de un bloque legislativo verticalista y sin autonomía encuentra un dato concreto de respaldo en el comportamiento del oficialismo durante la crisis Adorni: ningún legislador de La Libertad Avanza salió a cuestionar al funcionario de manera pública y orgánica. La única excepción fue la propia Pagano y, en otro registro, la jefa del bloque senatorial Patricia Bullrich, cuyo silencio durante los días más álgidos del escándalo generó malestar interno dentro de Balcarce 50, según fuentes extraoficiales que este medio documentó.

Un espacio «atravesado por internas» y en deterioro

Pagano también cuestionó el clima político dentro del Congreso y describió un deterioro del debate institucional. «La capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de lectura está muy degradada en los propios funcionarios públicos», sostuvo. Y agregó: «Se exhiben internas que nada tienen que ver con la labor legislativa», al tiempo que señaló que el protagonismo se disputa por exposición mediática antes que por iniciativas concretas. «Hay más internas que funcionarios. No son un equipo que se quiere entre sí», afirmó.

La legisladora también cuestionó la ausencia de políticas de Estado y denunció la existencia de un «gabinete paralelo» que se instaló tras la asunción de Milei. «Se fue armando un gabinete paralelo y desembarcaron personas que yo no sabía que iban a trabajar conmigo», sostuvo, en una descripción que remite directamente al proceso de consolidación del poder de Karina Milei dentro del Ejecutivo.

El contexto: tres causas judiciales y ninguna respuesta documental

Las declaraciones de Pagano cierran una semana judicial decisiva para el caso Adorni. Como informó este medio el jueves, el piloto Agustín Issin Hansen declaró ante el juez Lijo a pedido propio para dar su versión sobre la facturación del vuelo de regreso desde Punta del Este. La Justicia tiene en su poder dos facturas que no están a nombre del jefe de Gabinete: el vuelo de ida figura a nombre de Imhouse SA, productora del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni con contratos en la TV Pública; el de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares pagados en efectivo, facturado a Issin. La noche anterior a esa declaración, la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) allanó las oficinas de Alpha Centauri, la empresa operadora del vuelo, en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juez Lijo.

Adorni respondió en conferencia de prensa que pagó el viaje, pero no explicó por qué ninguna factura está a su nombre. Ante las consultas periodísticas, dijo: «Vos no sos juez. No tengo por qué darte explicaciones» y «yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente». Desde el 9 de marzo, ninguna de las preguntas institucionales abiertas recibió respuesta documental verificable: ni el manifiesto de vuelo del ARG-01, ni la partida presupuestaria afectada por el traslado de Angeletti, ni una explicación patrimonial que cierre con los datos del BCRA que revelaron un stock de deuda financiera de más de 9.350.000 pesos en enero, casi el triple de su salario mensual de aproximadamente 3.500.000 pesos.

La afirmación de Pagano sobre el uso del Estado como «ascenso social» no requiere inferencia: está sostenida por tres causas judiciales abiertas, dos series de facturas que no están a nombre del funcionario, una denuncia por conflicto de intereses con documentación societaria, y datos del Banco Central que la propia Justicia ya incorporó a su análisis.

Puntos clave:

  • Pagano afirmó en Splendid AM 990 que Adorni «utilizó al Estado para un ascenso social» y que dirigentes del entorno de Karina Milei «usan su lugar de poder para incrementar su situación económica».
  • Denunció que los legisladores de LLA «no tienen ninguna autonomía» y funcionan como «una escribanía del Poder Ejecutivo», con filtros para proyectos que dependen de la aprobación de funcionarios del Ejecutivo.
  • Señaló la existencia de un «gabinete paralelo» que desplazó a los equipos técnicos originales tras la asunción de Milei, vinculado a la influencia de la secretaria general de la Presidencia.
  • Las declaraciones se producen tras la declaración de Issin ante Lijo, el allanamiento de Alpha Centauri y la apertura de una tercera causa judicial contra Adorni por una propiedad no declarada en tiempo y forma.
  • Desde el 9 de marzo, Adorni no respondió con documentación verificable ninguna de las preguntas institucionales abiertas por la Justicia y el Congreso.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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