Política 📢
El ajuste criminal del gobierno pone en riesgo al Hospital Pediátrico Garrahan
Alejandro Lipcovich, declaró que “es evidente que no hay ninguna posibilidad de que el hospital sostenga su funcionamiento con un recorte presupuestario de tamaña magnitud”.
Delegados y trabajadores del Hospital Pediátrico Garrahan advirtieron que “es una incógnita” determinar “hasta cuándo puede seguir el normal funcionamiento” del establecimiento debido a que el presupuesto asignado para este año es el mismo, en términos nominales, que el correspondiente a 2023, y alertaron sobre la falta de instrumentos para tratamientos de insumos oncológicos.
Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE y administrativo del Hospital Garrahan, declaró que “es evidente que no hay ninguna posibilidad de que el hospital sostenga su funcionamiento con un recorte presupuestario de tamaña magnitud”.
“El presupuesto asignado para 2024 es el mismo nominal que en 2023, es evidente para cualquiera que con 1.000 pesos de febrero de 2024 se compran muchas menos cosas que los de 2023 dada la inflación superior al 250% que hubo este año”, denunció Lipcovich.
El Garrahan es el hospital pediátrico de alta complejidad de referencia del país y el año pasado sus profesionales realizaron 671.205 consultas ambulatorias, 10.430 cirugías, 122 trasplantes, 36.252 sesiones de Hospital de Día; 30.000 teleconsultas y 2.491.363 determinaciones de laboratorio, según el último balance de gestión al mes de diciembre de 2023.
Funciona en forma autárquica y es financiado en un 80 por ciento por el Estado nacional y el 20 por ciento restante es aportado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo territorio está emplazado.
Y advirtió: “Hasta cuándo puede seguir su normal funcionamiento es una incógnita. El recorte de presupuestos públicos es generalizado en salud y en educación, y eso compromete el funcionamiento del hospital”.
Sobre este último punto, contó que “ya se está empezando a sentir en cosas sensibles como insumos que no están”.
“En el área de oncología, la semana pasada, las enfermeras denunciaron faltantes de unas sondas especiales que se utilizan en el tratamiento de niñas y niños con cáncer que concurren al hospital de día”, manifestó.
“Esto es incipiente”, agregó pero advirtió que “todo indica que se va a profundizar esta situación lejos de disminuir”.
También hay denuncias sobre la baja en la calidad de otros insumos.
Otro aspecto fundamental es la cuestión de la dotación de personal, según detalló Lipcovich. En el hospital pediátrico se está implementando, a partir del 1 de abril, una modificación en el sistema de módulos.
“El problema es que se van a recortar enormemente las horas disponibles con un tope mensual y anual. Y de ninguna manera va a suplantar ese trabajo con ingreso de personal, que es lo que correspondería”, añadió.
Y sentenció que “en algunas semanas o a lo sumo en un par de meses, se va a empezar a sentir un faltante de personal en las salas, lo que va a ser dramático”.
Para Lipcovich, estos factores van a influir en los pacientes y en las salas de internación ya que, en cualquier tipo de tratamiento, si la dotación de personal es menor, la calidad de atención necesariamente se resiente y, si hay faltante de insumos o son peores por el recorte de presupuesto, la calidad de atención también se verá afectada.
Por último, señaló que se está aplicando un “ajuste criminal generalizado y también somos parte de la lucha contra los despidos en el Estado, contra el cierre de Telam, contra toda esta ofensiva que pensamos que nos tiene que encontrar muy unidos para defender el trabajo, el salario, la salud y la educación”.
“Como Junta Interna de ATE, rechazamos de plano esta situación y reclamamos que se actualice el presupuesto, en defensa de las condiciones de vida de las y los trabajadores, y en defensa del hospital público y de su calidad de atención, dijo.
Política 📢
Cristina suma al abogado de Lula para intentar revertir la condena por la causa Vialidad
La ex presidenta incorporó al abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para avanzar con una estrategia internacional contra la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim a su equipo legal con el objetivo de avanzar en una nueva estrategia para cuestionar la condena recibida en la causa Vialidad ante organismos internacionales.
La ex mandataria busca revertir el fallo que estableció una pena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
Valim trabajará junto al español Javier Borrego, quien fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la etapa internacional de la defensa.
Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner
Rafael Valim cuenta con más de dos décadas de trayectoria académica y profesional. Es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos.
El jurista brasileño es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y participó en distintos procesos vinculados con tribunales internacionales.
Además, es coautor del libro «Lawfare: una introducción», publicado junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y ex abogado de Lula da Silva, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.
La defensa prepara una presentación ante organismos internacionales
Según trascendió, los abogados buscarán discutir la condena por corrupción que recibió la ex presidenta y plantear cuestionamientos sobre el proceso judicial ante instancias internacionales.
Valim sostuvo en declaraciones a un medio brasileño que Cristina Kirchner fue víctima de «graves violaciones de derechos humanos fundamentales», argumento que formará parte de la estrategia que presentará la defensa.
El equipo legal realizará próximamente una presentación oficial en la Ciudad de Buenos Aires para explicar los próximos pasos.
Qué resolvió la Justicia argentina en la causa Vialidad
La causa Vialidad terminó con una condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El fallo estableció una pena de 6 años de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes por una suma fijada en $685.000 millones.
La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la ex presidenta y otros condenados, dejando firme la sentencia y la obligación de cumplir con el decomiso establecido por la Justicia.
La estrategia internacional llega tras la confirmación del fallo
Luego de que la causa quedara firme en Argentina, la defensa de Cristina Kirchner comenzó a avanzar con una nueva etapa judicial fuera del país.
La incorporación de especialistas con experiencia en derechos humanos y litigios internacionales apunta a llevar la discusión a otros ámbitos jurídicos donde la defensa intentará modificar la situación procesal de la ex mandataria.
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