DDHH
Denuncian vaciamiento en programas clave para protección de DDHH
La cartera de Defensa, que encabeza Luis Petri, despidió a 10 de los 13 trabajadoreas de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, programas cruciales para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
En el marco de la ola de despidos a empleados de la administración pública nacional, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre “el desmantelamiento y cierre de programas cruciales” para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
Así lo afirmaron en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional, a cargo de Valeria Taramasco, y la Junta Interna del sindicato en el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri.
Según denunciaron, en las últimas horas, se produjeron despidos en distintas dependencias de esa cartera, pero las áreas que tuvieron mayor cantidad son los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del ministerio de Defensa, los cuales fueron “desmantelados y cerrados los programas a los que pertenecían”.
La decisión -adoptada por el ministro Petri; el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general (R) Claudio Pasqualini y del Director Nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes- implicó el despido de 10 de los 13 trabajadores de esas áreas.
“Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales”, señalaron en un comunicado de prensa.
Cómo funcionan los Equipos de Relevamiento y Análisis
Según se explicó, los Equipos de Relevamiento y Análisis documental “trabajan desde hace 13 años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de Lesa Humanidad, tanto nacionales como internacionales”.
Además, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los archivos de las Fuerzas Armadas.
“La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística”, remarcaron también.
Finalmente, desde ATE se solicitó “la continuidad de esta política pública de prestigio nacional e internacional” así como “la reincorporación a sus puestos de trabajo de todos los profesionales despedidos, para garantizar de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el Ministerio de Defensa tiene con el Poder Judicial y con la sociedad en su conjunto”.
DDHH
Amnistía denunciará a Milei a nivel internacional por hostigar a periodistas
La ONG cerró los escritos para presentar la denuncia formal esta semana. Según FOPEA, en 2025 hubo 278 ataques contra la prensa y el Presidente fue autor de 119. La frase sobre la hoguera, dicha en la Fundación Faro, aceleró el reclamo.
El jefe de Estado argentino, Javier Milei, fue autor de 119 de los 278 ataques contra la prensa que se registraron durante 2025, y ahora Amnistía Internacional prepara una denuncia en su contra ante organismos internacionales. El dato surge del último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que la organización utilizó como uno de los argumentos centrales de su presentación.
Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos, anunció a través de su cuenta oficial de X que denunciará al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una «escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina». La entidad aseguró que los dichos del mandatario «profundizan el hostigamiento a la prensa» y confirmó que «está cerrando los escritos» para que las presentaciones formales se realicen «esta semana».
El discurso en la Fundación Faro
El origen del reclamo es el discurso que Milei brindó en la Fundación Faro, el think tank libertario que encabeza Agustín Laje. Según Amnistía, allí el Presidente individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA, una causa que compromete al propio Gobierno.
En ese mismo discurso, Milei afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera». Para Amnistía, la frase evoca «una violencia extrema» y constituye un motivo de preocupación por el impacto que tienen los mensajes presidenciales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, calificó el accionar del mandatario como «gravísimo» porque la máxima autoridad del país «naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento» contra quienes ejercen el periodismo. Y fue más allá: «La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible», sentenció.
Los números del hostigamiento
El informe de FOPEA que cita la ONG contabilizó 278 ataques contra la prensa durante 2025, un 55% más que en 2024. Más de cuatro de cada diez de esos episodios, 119 en total, tuvieron al propio Presidente como autor. Amnistía sostuvo que el objetivo de los insultos de Milei al periodismo es «silenciar para generar autocensura».
La denuncia también recuerda otras acciones ya documentadas: las restricciones que sufrieron los periodistas acreditados para acceder a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó adelante contra periodistas críticos del Gobierno nacional.
Un reclamo que no es nuevo
La preocupación de Amnistía por el trato del oficialismo hacia la prensa viene de lejos. En julio de 2024, a casi ocho meses del inicio de la gestión libertaria, la organización advirtió que cerca de 30 periodistas habían recibido hostigamiento en redes y medios de comunicación. Dos años después, el escenario no solo persiste sino que escala de la mano del propio jefe de Estado.
En septiembre de este año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal por los ataques del Gobierno de Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, y exigió explicaciones y el cese inmediato de esas prácticas.
Cuando la voz más poderosa del país convierte la crítica periodística en blanco de insultos y amenazas, el daño no se limita a los periodistas señalados: se extiende a todo el debate público. La presentación que Amnistía concretaría en los próximos días busca que la comunidad internacional tome nota de esa deriva.
Lo que tenés que saber
- Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante organismos internacionales por sus ataques a periodistas; las presentaciones formales se harían esta semana.
- El detonante fue el discurso del Presidente en la Fundación Faro, donde agredió a periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.
- Milei dijo que sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera»; la ONG advirtió que esa frase evoca «una violencia extrema».
- FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.
- La denuncia suma las restricciones de acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales del Ejecutivo contra periodistas críticos.
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