La masiva movilización a los Tribunales llevada a cabo este miércoles por la CGT y otras organizaciones sociales y gremiales en contra del DNU firmado por el presidente Javier Milei puso a prueba otra vez la implementación del protocolo de orden público con un importante operativo dispuesto en los alrededores de Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentraron los manifestantes, y los principales accesos a la capital que, sin embargo, no impidió que se registraran cortes de tránsito en calles y avenidas y la detención de al menos cuatro personas.

Los alcances del operativo, en el que participaron agentes de la Policía Federal, de la Ciudad y la Gendarmería Nacional, fueron monitoreados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo en comunicación con Milei, que permaneció en Casa de Gobierno.

Bullrich siguió los alcances del protocolo, implementado por el Ministerio de Seguridad, junto a su par de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, y el jefe de la Policía porteña, Diego Kravetz.

«De manera coordinada se cumplió con el objetivo que las principales avenidas estuvieran la mayor parte del tiempo liberadas» de manifestantes, dijo Wolff a la prensa tras seguir la aplicación del protocolo en las oficinas del Departamento Central de Policía.

Wolff, sin embargo, admitió que el tránsito de vehículos por las avenidas 9 de Julio, Corrientes y Córdoba, en el centro porteño, estuvo durante «algún momento» cortado para «permitir la desconcentración y el desarrollo del acto» convocado por la CGT.

La avenida Corrientes, a la altura de la calle Uruguay, estuvo cerrada al tránsito durante varios minutos después del mediodía a raíz de que un agente de la Policía porteña sufrió heridas al ser atropellado por un colectivo de la línea 26.

El oficial primero Gabriel Piri, de la División Verificación Vehicular, padeció un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y provocó que fuera trasladado en una ambulancia al Hospital Italiano, se informó oficialmente.

Agentes policiales avanzaron en ese momento con sus escudos caminando sobre la avenida para desplazar a los manifestantes que se mantenían en la zona cuando ya se había iniciado la desconcentración de la movilización y allí detuvieron a Martín Brunás, dirigente del partido Unidad Popular y de la CTA Autónoma. Brunás fue arrestado cuando filmaba el operativo policial.

En uno de los operativos dispuestos con motivo del protocolo de seguridad fue impedido de continuar por la Gendarmería un ómnibus en el que viajaban desde Jujuy a Buenos Aires unas 45 personas, entre ellas el sindicalista municipal de la provincia norteña Carlos «Perro» Santillán.

El micro fue detenido a la altura de la localidad bonaerense de Zárate-Campana, a unos 70 kilómetros al norte de Buenos Aires, cuando se dirigía hacia el acto de la CGT.

«Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina», opinó Santillán en declaraciones radiales.

«Patricia Bullrich se hace el Rambo con su protocolo, bajando trabajadores de colectivos y filmándolos, mientras el sueldo de los laburantes se desangra», expresó, por su parte, el dirigente del gremio de camioneros Pablo Moyano, en declaraciones a la radio digital Futurock.

Por su parte, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo afirmó por medio de un comunicado que «protestar es un derecho» y que deben defenderse «los mecanismos democráticos» que permiten manifestarse en las calles.

El protocolo de orden público había sido implementado por primera vez justo una semana antes, cuando las organizaciones sociales y políticas agrupadas en la Unidad Piquetera marcharon hacia la Plaza de Mayo al conmemorarse 22 años del estallido social que en diciembre de 2001 provocó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Aquellas protestas llevadas a cabo a principios de siglo fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad y dejaron un saldo de 38 personas muertas en todo el país.