El plazo judicial vence este miércoles 30 de septiembre y el Gobierno de Javier Milei no dio ninguna señal de cumplirlo. Ese mismo día, las universidades públicas de todo el país inician un paro de 72 horas, hasta el viernes 2 de octubre, para exigir la recomposición salarial del 33,4% que establece la Ley de Financiamiento Universitario. La norma lleva casi un año sancionada, ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia, pero el Ejecutivo sigue sin aplicarla.

La medida de fuerza fue votada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica, las dos federaciones docentes más grandes del país, y alcanza al personal docente y no docente. Se plegarán todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el resto de las casas de altos estudios públicas.

Silencio oficial y un plazo que vence

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que hasta el momento nadie del Gobierno se comunicó con los gremios y que no tienen expectativas de que la gestión libertaria cumpla con la ley. La paritaria universitaria está, en los hechos, congelada por decisión del Ejecutivo.

«La semana pasada, (el juez federal Martín) Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada», explicó Carboni.

La dirigente admitió que no descarta ese camino, ya que el propio Gobierno lo anticipó públicamente, aunque sostuvo que en términos jurídicos no cabe lugar para ninguna apelación. «Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar», advirtió.

Mientras tanto, los sindicatos no percibieron ninguna mejora más allá del 3% adicional previsto para octubre sobre los haberes de septiembre, una cifra que las organizaciones gremiales ya habían rechazado en la última negociación por considerarla insuficiente. Tampoco hubo un nuevo canal de diálogo con ningún funcionario nacional.

Una cautelar desoída y casi un año de incumplimiento

La Ley 27.795 fue promulgada por el Ejecutivo mediante el Decreto 759/2025, que al mismo tiempo suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. El reclamo judicial comenzó a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo frente a la negativa oficial, sostenida siempre bajo el argumento de la falta de fondos. El 23 de diciembre de 2025, Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó cautelarmente aplicar los artículos 5° y 6° de la norma, referidos a los salarios docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.

El Gobierno intentó frenar esa decisión en todas las instancias. En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso oficial porque apuntaba contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva. Ahora, tras revisar la presentación que el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación hicieron el 21 de septiembre, el juez concluyó que «no existe cumplimiento total» de la cautelar, otorgó cinco días para acatarla y advirtió que aplicará astreintes, es decir, multas por cada día de demora. Según la CONADU Histórica, el Ejecutivo ya acumula más de 330 días de incumplimiento de la ley.

El argumento fiscal tampoco resiste el análisis. En un fallo previo a favor de la UBA contra el Decreto 759/2025, el propio Cormick estimó que el impacto de la ley equivale al 0,23% del PBI y lo calificó como un ahorro poco significativo para el presupuesto global. La negativa a pagar no responde a una imposibilidad económica, sino a una decisión política de ajustar sobre la universidad pública.

Facultades abiertas, abrazos y el camino a la quinta Marcha Federal

El paro convive con acciones de visibilidad. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA abrirá sus puertas a la comunidad de 9 a 19 como parte del reclamo, con asesoramiento para emprendedores, recomendaciones para prevenir estafas, orientación para resolver deudas y cumplir con las obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y propuestas culturales. El jueves se realizará además un abrazo simbólico a la Facultad de Medicina, donde se evalúa instalar una radio abierta y actividades participativas para quienes quieran acercarse.

La huelga de las federaciones nacionales se suma a los planes de lucha de otras organizaciones: la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) sostiene paros regionales, mientras que gremios de la UBA como APUBA, FEDUBA y ADUBA, junto a la UTE, mantienen un esquema de paros de 24 horas en cada sede. Todo el sistema universitario funciona hoy en estado de conflicto permanente.

Las medidas de esta semana son consideradas la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre. Será una nueva prueba de fuerza de una comunidad educativa que ya llenó las calles cuatro veces contra el desfinanciamiento.

Lo que tenés que saber:

• Docentes y no docentes de las universidades públicas paran 72 horas, del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre.
• El reclamo central es la aplicación de la Ley 27.795 y una recomposición salarial del 33,4%.
• El juez Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir la cautelar en cinco días, plazo que vence el 30 de septiembre, bajo apercibimiento de multas diarias.
• Según AGD-UBA, ningún funcionario se comunicó con los gremios y la única mejora prevista es un 3% para octubre.
• La quinta Marcha Federal Universitaria está convocada para el jueves 15 de octubre.