Un cambio de nombre para no ceder terreno político. Eso fue, en síntesis, lo que el oficialismo propuso en el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados: en lugar de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, tal como reclamaban las organizaciones del sector y la oposición, La Libertad Avanza presentó un proyecto alternativo titulado «Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad» que retoma varios artículos de la emergencia pero evita llamarla por su nombre.

El dictamen de mayoría de LLA fue firmado por 42 diputados, con el acompañamiento del PRO, la UCR y los sanjuaninos de Producción y Trabajo. El MID, La Neuquinidad y Argentina Federal suscribieron en disidencia. El texto fue cerrado la jornada anterior por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en acuerdo con los jefes de bloques aliados, y la sesión quedó convocada para después del 29 de septiembre, cuando también se dictaminará un proyecto sobre endeudamiento familiar.

Tres derrotas evitadas, un colectivo en vilo

El contexto no es menor: el oficialismo se encaminaba a perder por tercera vez consecutiva en un tema vinculado al colectivo de personas con discapacidad, uno de los sectores más castigados por el ajuste del gobierno de Javier Milei. La Ley de Emergencia en Discapacidad vence el 31 de diciembre de 2025 y su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 era el eje del proyecto impulsado por el diputado Juan Marino, que reunió 36 firmas: 29 de Unión por la Patria, 5 de Provincias Unidas, Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.

La maniobra del oficialismo se ejecutó en vísperas de la visita a la Argentina del papa León XIV, un dato que la oposición no dejó pasar. «Me encantaría votar este tema por unanimidad, hasta sería un gran ejemplo antes que llegue el Papa», dijo el diputado Eduardo Valdés, quien aun así condicionó su apoyo: «Retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo, y les vamos a creer».

Qué dice el proyecto del oficialismo

La propuesta oficialista busca eliminar la categoría de «transitoriedad» que caracteriza a la declaración de emergencia, con el argumento de que las herramientas deben ser permanentes y no depender de renovaciones. Uno de sus puntos centrales ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793, lo que garantiza la continuidad del sistema de aranceles universales y homogéneos y su mecanismo de actualización. También regula la compatibilidad de la pensión por discapacidad con el trabajo formal hasta dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y establece la rehabilitación inmediata del beneficio ante el cese de la actividad laboral.

En materia de salud, el texto garantiza la continuidad de la cobertura a través del programa Incluir Salud o el que lo reemplace en el futuro. Además, fija una articulación federal permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad, e incorpora obligaciones de capacitación para quienes presten servicios al colectivo. El financiamiento, sin embargo, dependerá de partidas asignadas anualmente en el presupuesto, una fórmula que la oposición señala como la trampa del proyecto: si el Ejecutivo no asigna fondos, la ley queda en letra muerta.

«La emergencia permanente es para tapar que la política estable no funciona»

La diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, vocera del proyecto oficialista, defendió el giro con una lógica que no convence a quienes llevan años trabajando en el sector. «Cuando la emergencia es permanente es para tapar que la política estable no funciona y estas leyes hacen falta cuando hacen mal las cosas», sostuvo. Y apuntó directamente contra la oposición: «Permitir esto hizo que a los que les corresponde este derecho tengan menos presupuesto».

La réplica de quienes impulsaron la prórroga fue contundente. Marino remarcó que la insistencia en la emergencia «es un compromiso con las personas con discapacidad y un pedido de las organizaciones de y para las personas con discapacidad». La diputada jujeña María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, fue más directa: «Llama la atención el giro hasta con el lenguaje, pero que no han tenido con el colectivo de la discapacidad».

El Presupuesto 2027 como prueba de la hipocresía

El argumento más demoledor contra la postura oficialista lo aportó el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas: «Claramente, por la presión que hicimos desde la oposición y porque hay una sociedad que se moviliza, hoy el gobierno debe dar marcha atrás con el nuevo ataque contra las personas con discapacidad que se planteó en la ley de Presupuesto 2027». El dato que Juliano puso sobre la mesa no tiene vuelta atrás: hace solo días, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que borró de un plumazo la Ley de Emergencia en Discapacidad. «¿Cómo podemos creerle a un gobierno que cuando envió el Presupuesto la semana pasada borró de un plumazo la ley de Emergencia en Discapacidad?», planteó el legislador.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan nombramientos irregulares y desvíos de fondos, opera como telón de fondo que agrava la desconfianza. El historial del gobierno libertario con el colectivo de la discapacidad no admite lecturas benevolentes.

Lo que tenés que saber

• El oficialismo impuso su dictamen con 42 votos al evitar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre.
• La propuesta de LLA se titula «Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad» y retoma varios artículos de la emergencia, pero el financiamiento queda sujeto a partidas presupuestarias anuales.
• El proyecto opositor de Juan Marino, que buscaba prorrogar la emergencia hasta 2027, reunió 36 firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT y Elijo Catamarca.
• La contradicción central: el Ejecutivo envió un Presupuesto 2027 que eliminaba la emergencia en discapacidad y solo dio marcha atrás ante la presión parlamentaria y social.
• La sesión quedó convocada para después del 29 de septiembre, cuando también se tratará un proyecto sobre endeudamiento familiar.