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ANDIS: aumenta la corrupción por la falta de controles y despido de trabajadores estatales

Mientras el gobierno libertario insiste en avanzar con recortes y desregulaciones, se profundiza un doble efecto: debilitamiento del Estado y mayor permeabilidad a hechos de corrupción.

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El avance de las políticas de ajuste y desregulación del gobierno de Milei comenzó a generar un terreno fértil para la corrupción dentro de distintos organismos estatales. Auditorías desmanteladas, salarios en caída y maltrato laboral son parte de un escenario que preocupa tanto a los gremios como a especialistas en control fiscal y administrativo.

Sturzenegger en la mira

Federico Sturzenegger, ministro de Transformación del Estado y apodado “el titán” por el propio Milei, quedó señalado por diputados opositores como uno de los principales responsables de haber habilitado las condiciones que derivaron en el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Según las denuncias, las medidas de “achique” impulsadas por Sturzenegger debilitaron las áreas de auditoría interna, dejando expuesto al organismo a manejos poco transparentes en contrataciones y licitaciones.

El caso Andis y la caída de Spagnuolo

El ex titular de Andis, Diego Spagnuolo —removido tras la filtración de audios comprometedores— habría permitido compras directas a droguerías sin licitaciones previas, en un esquema que favoreció las sospechas de corrupción. La oficina de control pasó de contar con 16 profesionales a apenas 4 o 5, según fuentes gremiales, lo que redujo drásticamente la capacidad de fiscalización.

Aduana y AFIP: profesionales en fuga

La situación no es distinta en la Aduana y en los organismos impositivos. Trabajadores de ARCA y de la AFIP denuncian que los salarios quedaron muy por debajo de la inflación y que los profesionales especializados en la investigación de maniobras complejas optan por emigrar al sector privado, donde los sueldos son hasta cinco veces más altos.
Julio Estévez (h), de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP), advirtió:

“Estamos perdiendo profesionales valiosos, los que persiguen grandes evasiones y operaciones financieras en la nube. Con esta desidia, los delincuentes económicos se frotan las manos”.

Reclamos gremiales y malestar interno

El gremio aduanero Supara y la propia UPSAFIP cuestionan los aumentos que apenas superan el 1% mensual y denuncian que las convenciones colectivas de trabajo son ignoradas. Según Estévez (h), “en 10 años nunca vivimos una situación de desinterés tan marcada por los trabajadores impositivos y aduaneros”.

Mientras el gobierno libertario insiste en avanzar con recortes y desregulaciones, se profundiza un doble efecto: debilitamiento del Estado y mayor permeabilidad a hechos de corrupción.

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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