El número de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un récord histórico, según datos oficiales, mientras el Gobierno porteño minimizó la magnitud del fenómeno y atribuyó gran parte de la responsabilidad a la provincia de Buenos Aires.

El Informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), citado por Chequeado, indicó que la población en situación de calle pasó de 3.560 personas en abril de 2024 a 4.522 en mayo de 2025, un aumento del 27% interanual. El documento señaló además que la cantidad de gente durmiendo en la vía pública «alcanzó el valor más alto de la serie exhibida».

Ministro Mraida relativiza la crisis

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida, cuestionó la dimensión del problema en una entrevista radial: «Hace un año hicimos un censo y registramos que hay 60 chicos de CABA viviendo en la calle», afirmó, un dato que contrasta con los registros oficiales del IDECBA.

El funcionario también buscó responsabilizar a otra jurisdicción: «Es necesario que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ponga manos a la obra con los chicos en situación de calle. El 70% viene de allá», sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Organizaciones sociales alertan sobre gravedad

La visión del Gobierno porteño contrasta con los datos de organizaciones sociales. El 3° Censo Popular, cuyos resultados preliminares se conocieron en julio, estimó que 11.890 personas viven en situación de calle en CABA, un 64% más que en 2019. De ese total, el 38% lleva menos de un año en la calle, lo que refleja una aceleración de la crisis.

El Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) vinculó este fenómeno a la crisis habitacional y económica, la desregulación de alquileres y los desalojos, factores que no dependen del domicilio de origen de las personas.

Mientras el ministro defiende su política de paradores —“Tenemos 50 paradores”, “dan las cuatro comidas”—, el dato oficial sobre la población durmiendo en la vía pública pone en duda la efectividad de dichas medidas.

El CELS cuestionó además la decisión del Gobierno nacional de transferir la responsabilidad de la problemática a las jurisdicciones, rompiendo con el espíritu de la ley nacional que buscaba políticas coordinadas y preventivas, y no la mera derivación del problema.