El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, en el marco de la causa que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El pedido llegó días después de la difusión de videos en los que su ex pareja, Jésica Cirio, aparece contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartieron.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, con una causa judicial de mayor envergadura, sigue en su cargo con el respaldo explícito del presidente Javier Milei. El contraste político y judicial es tan evidente que el propio oficialismo admite que no puede usarlo a su favor.

El pedido de detención y los fundamentos del fiscal

El fiscal federal Sergio Mola presentó ante el juez Luis Armella un pedido formal de detención de Martín Insaurralde, sostenido en dos pilares procesales: el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Mola argumentó que la difusión pública de los videos con los fajos de dólares generó un contexto de mayor exposición judicial para el ex funcionario, lo que podría impulsarlo a ocultar pruebas o presionar a testigos.

En paralelo, el fiscal solicitó un peritaje técnico sobre las imágenes protagonizadas por Jésica Cirio para determinar el monto exacto del efectivo que aparece en las grabaciones, y pidió además realizar una inspección ocular en la residencia del country Fincas de San Vicente donde habrían sido filmadas. El objetivo es confirmar que el vestidor que se ve en los videos corresponde efectivamente a esa propiedad. La Justicia ya ordenó el análisis de dos tablets y tres pendrives incautados en el departamento de Cirio en el barrio de Palermo.

Según fuentes judiciales consultadas por medios nacionales, la solicitud de arresto aparece en principio como de difícil aceptación por parte del juez Armella, ya que no estarían plenamente acreditados los requisitos procesales necesarios para ordenar la prisión preventiva. La decisión, en todo caso, quedó en manos del magistrado.

El video, los allanamientos y la defensa de Cirio

El epicentro del nuevo impulso judicial fue la difusión de una serie de siete grabaciones inéditas en las que Jésica Cirio aparece recorriendo el vestidor de uso personal de Insaurralde en la planta alta de la casa del country de San Vicente, abriendo cajones con llave y exponiendo múltiples bolsas con fajos de billetes de cien dólares. Los investigadores estiman que el dinero visible en los registros supera el millón de dólares, un monto que califican como patrimonio no declarado y fuera del radar judicial.

Luego de los allanamientos en dos de sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. Los peritos informáticos trabajan para extraer los metadatos de los archivos originales y determinar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los registros. La conductora, a través de un descargo público, sostuvo que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años, que todos sus ingresos están declarados, y que el material sufrió manipulaciones digitales. También denunció que fue víctima de intentos de extorsión con esas imágenes durante más de un año.

Cirio se encuentra formalmente imputada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y pesa sobre ella una inhibición general de bienes ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara también confirmó en 2024 la inhibición de bienes del propio Insaurralde y de la modelo Sofía Clerici, quien protagonizó el episodio fundacional del expediente.

Del yate «Bandido» al vestidor: tres años de investigación sin indagatoria

La causa judicial contra Insaurralde tiene origen documentado en septiembre de 2023, cuando la modelo Sofía Clerici publicó en sus redes sociales imágenes que la mostraban junto al entonces jefe de Gabinete bonaerense a bordo del yate «Bandido», navegando por el Mediterráneo en lo que la investigación judicial estimó en un costo de alrededor de 50.000 dólares por cinco noches. El episodio, conocido públicamente como el «Yategate», derivó en la renuncia inmediata de Insaurralde a su cargo en el gobierno de Axel Kicillof y en la apertura de múltiples denuncias por inconsistencias patrimoniales.

Sin embargo, a casi tres años del estallido público del escándalo, Insaurralde todavía no fue citado a declarar ante la Justicia. La causa avanzó con allanamientos, imputaciones de actores secundarios y peritajes patrimoniales, pero su protagonista principal aguarda una convocatoria que no llegó. El expediente se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, con el patrimonio del ex funcionario bajo peritaje contable.

El caso Adorni: el espejo incómodo que el oficialismo no puede ignorar

La comparación entre ambas causas se impuso sola en la agenda pública y en la conversación digital. La consultora Ad Hoc relevó que, entre el 20 y el 22 de junio, el 34,5% de las menciones al caso Insaurralde contenían una comparación directa con la situación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Los ejes «corrupción» y «justicia» funcionaron como denominador común entre ambos expedientes.

El contraste entre los dos casos tiene una dimensión política que el propio oficialismo reconoció en privado. Cuando Insaurralde protagonizó el «Yategate» en 2023, renunció en menos de 24 horas; no existía entonces una causa judicial por enriquecimiento ilícito, ni allanamientos, ni testigos ante la Justicia. Adorni, en cambio, enfrenta un expediente con mayor volumen probatorio, incluyendo el levantamiento de su secreto fiscal, el peritaje de dispositivos de testigos clave, refacciones de lujo pagadas en efectivo por 245.000 dólares sin declarar, y su nombre vinculado a la causa $Libra, y Milei lo sostuvo con todo el aparato político: el 29 de abril, el propio presidente se presentó en el Congreso junto a todo su gabinete para «acompañar» al funcionario investigado durante su informe de gestión.

Otro dato que los especialistas en integridad pública señalaron como sintomático: la Oficina Anticorrupción prorrogó el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales del 30 de mayo al 31 de julio de 2026, mediante la Resolución 3/2026, en el momento de mayor exposición judicial de Adorni. La nota que este medio publicó el 26 de abril analizó en profundidad ese doble estándar: mientras el peronismo no tuvo contemplaciones con Insaurralde en 2023, el Gobierno libertario apila maniobras para blindar a su vocero.

Fuentes del propio oficialismo consultadas por medios nacionales admitieron que la situación los inmovilizó políticamente: «No es lo mismo, pero no es momento para salir a apuntar nada», dijo un dirigente libertario a quien prefirió mantener el anonimato. La circulación de los videos de Cirio, que en otro momento hubiera sido «todo ganancia» para el oficialismo, chocó esta vez contra el peso de la causa Adorni.

Puntos clave

• El fiscal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, con base en el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación.
• La causa cobró nuevo impulso tras la difusión de videos donde Jésica Cirio aparece contando lo que los investigadores estiman en más de un millón de dólares en el vestidor de la casa de San Vicente.
• Cirio, imputada en el expediente con inhibición de bienes confirmada por la Cámara Federal, negó irregularidades y denunció extorsiones y manipulación digital de las imágenes.
• A casi tres años del «Yategate», Insaurralde todavía no fue citado a declarar por la Justicia federal.
• El contraste entre la causa Insaurralde y la de Manuel Adorni, con mayor peso probatorio y sin consecuencias para el funcionario nacional, expone el doble estándar político y judicial que el propio oficialismo ya no puede capitalizar.