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Detención para Insaurralde, escudo para Adorni: el doble estándar que la Justicia no puede tapar

El fiscal Sergio Mola pidió el arresto del ex jefe de Gabinete bonaerense mientras el caso Adorni sigue sin consecuencias. La comparación entre ambas causas desnuda una asimetría judicial y política que el propio oficialismo ya no puede disimular.

Publicado hace

5 meses

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Insaurralde y Adorni, dos causas, dos realidades: el doble estándar que el oficialismo ya no puede esconder.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, en el marco de la causa que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El pedido llegó días después de la difusión de videos en los que su ex pareja, Jésica Cirio, aparece contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartieron.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, con una causa judicial de mayor envergadura, sigue en su cargo con el respaldo explícito del presidente Javier Milei. El contraste político y judicial es tan evidente que el propio oficialismo admite que no puede usarlo a su favor.

El pedido de detención y los fundamentos del fiscal

El fiscal federal Sergio Mola presentó ante el juez Luis Armella un pedido formal de detención de Martín Insaurralde, sostenido en dos pilares procesales: el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Mola argumentó que la difusión pública de los videos con los fajos de dólares generó un contexto de mayor exposición judicial para el ex funcionario, lo que podría impulsarlo a ocultar pruebas o presionar a testigos.

En paralelo, el fiscal solicitó un peritaje técnico sobre las imágenes protagonizadas por Jésica Cirio para determinar el monto exacto del efectivo que aparece en las grabaciones, y pidió además realizar una inspección ocular en la residencia del country Fincas de San Vicente donde habrían sido filmadas. El objetivo es confirmar que el vestidor que se ve en los videos corresponde efectivamente a esa propiedad. La Justicia ya ordenó el análisis de dos tablets y tres pendrives incautados en el departamento de Cirio en el barrio de Palermo.

Según fuentes judiciales consultadas por medios nacionales, la solicitud de arresto aparece en principio como de difícil aceptación por parte del juez Armella, ya que no estarían plenamente acreditados los requisitos procesales necesarios para ordenar la prisión preventiva. La decisión, en todo caso, quedó en manos del magistrado.

El video, los allanamientos y la defensa de Cirio

El epicentro del nuevo impulso judicial fue la difusión de una serie de siete grabaciones inéditas en las que Jésica Cirio aparece recorriendo el vestidor de uso personal de Insaurralde en la planta alta de la casa del country de San Vicente, abriendo cajones con llave y exponiendo múltiples bolsas con fajos de billetes de cien dólares. Los investigadores estiman que el dinero visible en los registros supera el millón de dólares, un monto que califican como patrimonio no declarado y fuera del radar judicial.

Luego de los allanamientos en dos de sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. Los peritos informáticos trabajan para extraer los metadatos de los archivos originales y determinar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los registros. La conductora, a través de un descargo público, sostuvo que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años, que todos sus ingresos están declarados, y que el material sufrió manipulaciones digitales. También denunció que fue víctima de intentos de extorsión con esas imágenes durante más de un año.

Cirio se encuentra formalmente imputada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y pesa sobre ella una inhibición general de bienes ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara también confirmó en 2024 la inhibición de bienes del propio Insaurralde y de la modelo Sofía Clerici, quien protagonizó el episodio fundacional del expediente.

Del yate «Bandido» al vestidor: tres años de investigación sin indagatoria

La causa judicial contra Insaurralde tiene origen documentado en septiembre de 2023, cuando la modelo Sofía Clerici publicó en sus redes sociales imágenes que la mostraban junto al entonces jefe de Gabinete bonaerense a bordo del yate «Bandido», navegando por el Mediterráneo en lo que la investigación judicial estimó en un costo de alrededor de 50.000 dólares por cinco noches. El episodio, conocido públicamente como el «Yategate», derivó en la renuncia inmediata de Insaurralde a su cargo en el gobierno de Axel Kicillof y en la apertura de múltiples denuncias por inconsistencias patrimoniales.

Sin embargo, a casi tres años del estallido público del escándalo, Insaurralde todavía no fue citado a declarar ante la Justicia. La causa avanzó con allanamientos, imputaciones de actores secundarios y peritajes patrimoniales, pero su protagonista principal aguarda una convocatoria que no llegó. El expediente se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, con el patrimonio del ex funcionario bajo peritaje contable.

El caso Adorni: el espejo incómodo que el oficialismo no puede ignorar

La comparación entre ambas causas se impuso sola en la agenda pública y en la conversación digital. La consultora Ad Hoc relevó que, entre el 20 y el 22 de junio, el 34,5% de las menciones al caso Insaurralde contenían una comparación directa con la situación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Los ejes «corrupción» y «justicia» funcionaron como denominador común entre ambos expedientes.

El contraste entre los dos casos tiene una dimensión política que el propio oficialismo reconoció en privado. Cuando Insaurralde protagonizó el «Yategate» en 2023, renunció en menos de 24 horas; no existía entonces una causa judicial por enriquecimiento ilícito, ni allanamientos, ni testigos ante la Justicia. Adorni, en cambio, enfrenta un expediente con mayor volumen probatorio, incluyendo el levantamiento de su secreto fiscal, el peritaje de dispositivos de testigos clave, refacciones de lujo pagadas en efectivo por 245.000 dólares sin declarar, y su nombre vinculado a la causa $Libra, y Milei lo sostuvo con todo el aparato político: el 29 de abril, el propio presidente se presentó en el Congreso junto a todo su gabinete para «acompañar» al funcionario investigado durante su informe de gestión.

Otro dato que los especialistas en integridad pública señalaron como sintomático: la Oficina Anticorrupción prorrogó el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales del 30 de mayo al 31 de julio de 2026, mediante la Resolución 3/2026, en el momento de mayor exposición judicial de Adorni. La nota que este medio publicó el 26 de abril analizó en profundidad ese doble estándar: mientras el peronismo no tuvo contemplaciones con Insaurralde en 2023, el Gobierno libertario apila maniobras para blindar a su vocero.

Fuentes del propio oficialismo consultadas por medios nacionales admitieron que la situación los inmovilizó políticamente: «No es lo mismo, pero no es momento para salir a apuntar nada», dijo un dirigente libertario a quien prefirió mantener el anonimato. La circulación de los videos de Cirio, que en otro momento hubiera sido «todo ganancia» para el oficialismo, chocó esta vez contra el peso de la causa Adorni.

Puntos clave

  • El fiscal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, con base en el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación.
  • La causa cobró nuevo impulso tras la difusión de videos donde Jésica Cirio aparece contando lo que los investigadores estiman en más de un millón de dólares en el vestidor de la casa de San Vicente.
  • Cirio, imputada en el expediente con inhibición de bienes confirmada por la Cámara Federal, negó irregularidades y denunció extorsiones y manipulación digital de las imágenes.
  • A casi tres años del «Yategate», Insaurralde todavía no fue citado a declarar por la Justicia federal.
  • El contraste entre la causa Insaurralde y la de Manuel Adorni, con mayor peso probatorio y sin consecuencias para el funcionario nacional, expone el doble estándar político y judicial que el propio oficialismo ya no puede capitalizar.
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Corrientes

El juicio por Loan Danilo Peña suma unos 120 testigos y la búsqueda sigue abierta

Este jueves declaran gendarmes, peritos de la PFA y un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a 17 acusados y no hay fecha para los alegatos ni para el veredicto.

Publicado hace

2 horas

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12.11.2026

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Retrato de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dedica este jueves, última audiencia de la semana, a las declaraciones de gendarmes, peritos de la Policía Federal, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga, en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño sigue desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de esa localidad correntina, y la búsqueda sigue abierta. En el debate ya declararon alrededor de 120 personas, según se informó.

El juicio arrancó el 16 de junio de 2026, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. El tribunal lo integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, con Enrique Jorge Bosch como suplente. El Ministerio Público Fiscal interviene a través del fiscal general Carlos Schaefer y de la fiscal general subrogante Tamara Pourcel.

En qué etapa está el debate

Al inicio, la fiscalía previó más de 170 testigos. Con unos 120 escuchados, el juicio sigue en la etapa de prueba testimonial: faltan los testigos restantes, los alegatos y el veredicto, y no hay una fecha oficial para ninguno de los dos últimos. El tribunal fijó dos audiencias semanales, los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se hace efectivo el retiro de Ceroleni, que se jubila. Schaefer afirmó en septiembre que el juicio continúa y que Bosch, que ya integra la sala, puede reemplazarlo.

Quiénes declaran este jueves

Están citados los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, que participaron del rastrillaje y de un allanamiento a fines de junio de 2024. También declara Abril Pizarro, perito química de la Policía Federal Argentina, que inspeccionó la camioneta Ford Ranger del matrimonio acusado, formado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez. Junto a ella exponen Paula Antonella Altamirano, de la sección Rastros de esa fuerza, y Diego Terry. De la inspección ocular de la misma camioneta declaran el gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la Federal Leandro Simón.

Jorge Luis Rómulo es el testigo convocado por lo que observó en el allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio, en julio de 2024. Por último, la psicóloga María Daniela Balbi debe dar cuenta del acompañamiento y de las entrevistas que realizó a menores. Al cierre de esta nota, no había un parte oficial sobre el contenido de esas declaraciones.

Los 17 acusados y lo que se les imputa

Siete personas están acusadas de la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años, previsto en el artículo 146 del Código Penal, con penas de 5 a 15 años de prisión. En calidad de coautores, el requerimiento incluye a Bernardino Antonio Benítez, a su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), a María Victoria Caillava, a Carlos Guido Pérez, a Daniel Oscar Ramírez y a su pareja Mónica del Carmen Millapi. El entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, está acusado como partícipe necesario. Ninguno tiene condena: rige la presunción de inocencia. Al inicio del debate, en junio, la fiscalía informó que esos siete acusados estaban detenidos con prisión preventiva.

La acusación sostiene que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina Peña apartaron al niño de la custodia de su padre, José Peña, con la excusa de ir a buscar naranjas a un monte alejado de la casa de la abuela, Catalina Peña, donde el resto de la familia hacía la sobremesa con Pérez y Caillava. Los fiscales afirmaron que, para concretar la sustracción y el posterior ocultamiento, se contó con la participación de Maciel, “quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda” e impartió medidas para entorpecer el hallazgo. En el requerimiento sostuvieron que el niño fue sustraído y que esa situación “perdura al día de la fecha”.

Los otros diez imputados llegaron a juicio acusados de maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación. Son Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Se les atribuyen, en distinta medida, delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, el grupo se presentó como integrante de la “Fundación Dupuy”.

Qué sostiene cada parte

En una entrevista de septiembre, Schaefer dijo que la acusación debe demostrar “quién se lo llevó”, que tiene pruebas para la sustracción y el ocultamiento, y que el delito es permanente porque se ignora el paradero del niño. Citó la prueba odorológica entre los elementos centrales y afirmó que “el entorpecimiento comenzó en el minuto uno”. Reconoció que siguen sin respuesta el motivo de la sustracción y el destino de Loan, que se investigan por separado.

Las defensas no coinciden entre sí. Ernesto González, abogado de Pérez y Caillava, afirmó en septiembre que “no hay nada objetivamente demostrable respecto de un accidente de tránsito”, una versión que ubicó en la estrategia de la defensa de Maciel, y cuestionó cómo se hicieron las pericias odorológicas. Según las coberturas locales, Laudelina Peña declaró ante el tribunal que la historia del accidente fue inventada y se la atribuyó a un abogado. Son planteos de las partes en el juicio, que todavía no fueron resueltos.

Una de las líneas de la causa quedó cerrada en primera instancia. El 25 de agosto, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas por trata de personas, al concluir que no hubo finalidad de explotación. Schaefer aclaró que esa decisión no afecta al juicio y, en septiembre, informó que la fiscalía la apeló, por lo que no está firme.

La desaparición y una búsqueda que no se cerró

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela, en 9 de Julio. Tenía 5 años. La última fotografía lo registró a las 13.52, cuando se dirigía a una zona de monte con naranjales junto a otras personas. El juicio evalúa las responsabilidades penales de los 17 acusados, pero el niño no apareció y la búsqueda sigue abierta. Al inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal recordó que la Alerta Sofía permanecía vigente y que “la familia espera justicia”.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos por datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, una suma que fijó en enero la Resolución 51/2026. La recompensa figura vigente en la página oficial de búsqueda de personas del organismo. Pozzer Penzo ordenó en agosto renovar las alertas de Interpol y volver a difundir la foto del niño y la recompensa.

Lo que deja la investigación

La causa se inició en la Justicia provincial y pasó al fuero federal. Más de dos años después, la acusación sostiene que parte de la pesquisa se desvió desde adentro, por la actuación del entonces comisario, y desde afuera, por las maniobras de otros diez imputados. Schaefer dijo que nunca vio algo así en una causa. Si esas hipótesis se confirman o no es algo que decidirá el tribunal en su sentencia; hasta entonces, el dato firme es que Loan no apareció y que las preguntas centrales siguen abiertas.

Lo que tenés que saber:

  • Este jueves, última audiencia de la semana, declaran gendarmes, peritos de la PFA, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga.
  • El juicio comenzó el 16 de junio de 2026 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Ya declararon alrededor de 120 personas; no hay fecha oficial para los alegatos ni para el veredicto.
  • Siete acusados deben responder por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña; otros diez, por el presunto desvío de la investigación. Ninguno tiene condena.
  • Las audiencias son los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se retira el juez Ceroleni.
  • La recompensa de 20 millones de pesos por datos sobre Loan figura vigente. El niño desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, y sigue sin aparecer.
  • Al cierre de esta nota, no trascendió un parte oficial sobre el contenido de las declaraciones de hoy.
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