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Política 📢

Reino Unido «incumple el Derecho internacional» sobre Malvinas

Así lo dijo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Remarcó que los británicos fueron los «grandes ausentes» de la Sesión Especial del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU).

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El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, calificó al Reino Unido como el «gran ausente» de la Sesión Especial del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, que aprobó el proyecto para que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas siga vigente, y sostuvo que «es una referencia clara de las injustificadas reticencias que incumplen el Derecho internacional».

En una entrevista con Télam, Carmona criticó la decisión de «no presentarse a la sesión del Comité, como no lo hace en los otros nueve casos que es potencia colonial», en referencia al dominio que también tiene en América sobre Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Monserrat y Santa Elena; en Europa ante Gibraltar, y en la denominada zona de Asia y el Pacifico sobre Pitcairn.

Los otros siete casos de colonialismo en el mundo son de Estados Unidos, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en América; y Guam y Samoa Americana, en Asia y el Pacífico; Francia, en Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, también en Asia y el Pacífico; Marruecos, en Sáhara Occidental, en África; y Nueva Zelanda, en Tokelau, en Asia y el Pacífico.

Carmona señaló que los británicos no se presentan «a plantear sus argumentos» y aclaró que «la presencia de peticionarios», dos kelpers que asistieron a la sesión, «no representan al Reino Unido», sino que «eran isleños integrantes de la ilegítima asamblea» del 11 de noviembre pasado en la que se eligieron en Malvinas ocho nuevos legisladores.

«Los hemos escuchado con atención, pero ni cuentan al momento de contabilizar la presencia del Reino Unido, lo que habla de la fragilidad de sus argumentos», apuntó, y agregó que «no tienen el carácter representativo para los otros habitantes de las islas».

Según el funcionario, «todo esto acrecienta los problemas de reputación que el Reino Unido tiene en la Cuestión Malvinas», porque «la disputa de la soberanía es con el Reino Unido, no con los isleños».

Y remarcó: «Incumplir normas internacionales tiene un costo, como también la ocupación colonial lo tiene», y eso «no es una cuestión menor en el Derecho internacional» por parte «de una potencia que integra el Consejo de Seguridad de la ONU y se supone que debe ser un ejemplo para el mundo».

«La colonización tiene un alto costo, la militarización fundamentalmente», consideró Carmona, y manifestó que «por los incumplimientos las consecuencias ya las está teniendo».

En Malvinas «hay 3.000 residentes isleños y unos 1.500 efectivos militares», informó, y señaló que «esa presencia es un ejemplo militarización, en donde Malvinas es una de las zonas más militarizadas del mundo».

«Además, no se trata solo de efectivos. El canciller (Santiago Cafiero) dijo que hay una acelerada acción armamentista y un sistema de misiles de última tecnología que amenaza a la parte del continente argentino y a la región, y además señaló la presencia de embarcaciones capaces portar armamento nuclear», añadió.

Además, planteó que existen «dudas» sobre si «hay armas nucleares o no, porque la falta de transparencia del Reino Unido no permite saber si es así».

Destacó el discurso de Brasil, «donde fue muy contundente» con el tema de la militarización, «e hizo referencia a que el continente sur es paz y cooperación, y el Reino Unido busca tensionar esa parte de la región».

Por otra parte, Carmona calificó de «sumamente positivo el resultado» del jueves y amplió: «Hemos conseguido la Resolución, por consenso, del Comité de Descolonización y hemos tenido récord de presentaciones de países, algunos a título nacional y otros también como grupos de países».

Para el titular de la Secretaría creada en 2013 bajo la órbita de la Cancillería argentina, «fue muy significativa la presencia del G-77 más China, en la voz de Pakistán, y que nuclea a 133 países».

«Hemos tenido también la presencia de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Mercosur (Mercado Común del Sur) y una cantidad de países muy importante, la mayor en las últimas intervenciones», resumió sobre las sesiones en el citado Comité.

De esta manera «crece el apoyo a la posición argentina sobre Malvinas», remarcó Carmona, y expresó que Argentina sigue un «plan» que es «persistencia y el reclamo de soberanía».

Además, el diplomático destacó «la presencia de pluralismo y unidad en las diferencias políticas» de la delegación argentina con «legisladores del Consejo Nacional de Malvinas del oficialismo y oposición.

Lo hizo en referencia al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos e Insulares, creado en 2020 por la ley 27.558 y aprobado por unanimidad en el Congreso, y que está compuesto por representantes de los principales bloques parlamentarios, además de académicos, excombatientes de Malvinas y habitantes de Tierra del Fuego.

Así, en esta ocasión acompañaron a Cafiero los senadores Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Unidad Justicialista San Luis), María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio-TdF); y los diputados Alberto Asseff (PRO-Buenos Aires), Rosana Bertone (FdT-TdF), Federico Frigerio (PRO-TdF); Aldo Leiva (FdT-Chaco); Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y Eduardo Valdés (FdT-CABA).

«En ocasiones anteriores ha ocurrido también este espíritu con la consigna de que Malvinas nos una», remarcó Carmona.

Con estas acciones, el Gobierno «trabaja para consolidar la posición argentina y avanzar en todas aquellas acciones que le den contundencia a la Cuestión Malvinas», refirió.

Sobre la idea de llevar el planteo ya directamente a la Asamblea General de la ONU, expresó que «es un tema que siempre está en análisis» aunque alertó que «pacientemente hay que crear las condiciones».

«Cuando se dé la instancia de la asamblea la evaluaremos, este año o el próximo», indicó, pero aclaró que «no es una cuestión que tengamos predeterminada». Este año la Asamblea General de la ONU se realizará en septiembre. «El objetivo era mejorar el posicionamiento y creo que lo hemos logrado», completó el funcionario de Cancillería.

Economía 💲

Milei enviará al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para blindar el programa económico del FMI

El presidente Javier Milei confirmó que remitirá al Senado un proyecto para modificar la ley que regula el Banco Central, con el objetivo declarado de prohibir que la entidad financie el déficit. La iniciativa, elaborada en conjunto por el Ministerio de Economía, el de Desregulación y el propio BCRA, incluye sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del organismo y un mecanismo de «shutdown» estatal. El blanco explícito es la reforma sancionada en 2012 durante el kirchnerismo.

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El presidente Javier Milei confirmó que remitirá al Senado un proyecto para modificar la ley que regula el Banco Central, con el objetivo declarado de prohibir que la entidad financie el déficit. La iniciativa, elaborada en conjunto por el Ministerio de Economía, el de Desregulación y el propio BCRA, incluye sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del organismo y un mecanismo de «shutdown» estatal. El blanco explícito es la reforma sancionada en 2012 durante el kirchnerismo.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la norma que desde 1992 establece las funciones, los límites y los objetivos de la autoridad monetaria. Según fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto presentar los lineamientos centrales de la iniciativa a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, para luego remitir el proyecto al Senado e iniciar el tratamiento legislativo durante el segundo semestre.

La propuesta es elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Para el Gobierno, se trata de una reforma estructural destinada a impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar el Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público.

Qué propone la reforma y qué quiere eliminar

El texto definitivo del proyecto todavía no fue presentado, pero desde el oficialismo adelantaron los principales ejes que contendrá. El primero y más enfático es la prohibición expresa de que el BCRA financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, uno de los pilares del programa económico de la gestión libertaria. En esa dirección, la iniciativa propone eliminar las denominadas «letras intransferibles», el mecanismo históricamente utilizado para asistir al Tesoro nacional sin registro contable directo en las reservas.

El proyecto también prevé endurecer las condiciones para remover a las autoridades del directorio del BCRA, reforzar la independencia institucional del organismo frente al Poder Ejecutivo y terminar con el esquema de «utilidades contables» o «ficticias», salvo en escenarios excepcionales de deflación. Entre las novedades más llamativas aparece la incorporación del concepto de «shutdown», un mecanismo que limitaría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, al estilo del modelo estadounidense. Asimismo, se contemplan sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o autoricen emisiones prohibidas por la nueva ley.

La reforma de 2012, en el centro del blanco

El objetivo político de la iniciativa tiene un destinatario histórico preciso. La última gran modificación de la Carta Orgánica ocurrió en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, mediante la Ley 26.739 impulsada por la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. Aquella norma amplió significativamente el mandato del organismo al incorporar, junto a la estabilidad monetaria, objetivos vinculados con el desarrollo económico con equidad social, el empleo y la estabilidad financiera. Además, flexibilizó los mecanismos de asistencia al Tesoro, habilitando una mayor utilización de la emisión monetaria para financiar necesidades fiscales.

Milei apuntó específicamente contra ese cambio durante una exposición reciente en la Fundación Faro, donde sostuvo que «la bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos» y que, con esa reforma, quedó habilitado emitir dinero «por cualquier motivo». «Así estábamos, nos dejaron plantada una hiper», afirmó. La frase condensa el argumento central del libertarismo: que la inflación argentina tiene su origen en la permisividad legal con la que distintos gobiernos utilizaron el Banco Central para cubrir déficits, y que la solución es blindar institucionalmente la prohibición de emisión.

Una reforma en sintonía con el FMI

Lo que el discurso oficial no suele mencionar con igual énfasis es que la reforma de la Carta Orgánica es también una exigencia implícita del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares. El organismo viene señalando en distintas revisiones la necesidad de avanzar en una mayor independencia del BCRA y en un esquema monetario que consolide la prohibición de financiamiento al Tesoro, objetivos que coinciden punto por punto con la propuesta gubernamental. En abril de 2026, la segunda revisión del acuerdo habilitó un desembolso adicional de 1.000 millones de dólares, mientras la deuda total con el FMI rondaba los 57.100 millones de dólares al cierre de 2025.

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