La bandera de Malvinas no alcanzó para tapar el resto del proyecto. El oficialismo tuvo que frenar la firma del dictamen de la ley de «Defensa de la Soberanía Nacional» porque la mayoría de los bloques rechaza las reformas de seguridad interior que viajan escondidas detrás del reclamo por las islas.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles por cuarta vez desde que empezó el debate. El Gobierno había fijado esa fecha para firmar despacho y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre, pero la reunión terminó como una jornada informativa más. El presidente de la comisión de Defensa, el libertario Carlos Zapata, anticipó que habrá una nueva convocatoria. Javier Milei había presentado la iniciativa por cadena nacional hace más de un mes.

Cuarenta artículos de Malvinas, noventa de otra cosa

«Bajo un título paródico que tiene que ver con la soberanía de las Malvinas, nos ponen a debatir 133 artículos de los cuales 40 aluden más o menos a las Malvinas», planteó la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Y fue al hueso: «El corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político para el próximo tiempo, donde los conflictos razonablemente se van a profundizar, porque están yendo contra los más desposeídos y los más marginados de esta sociedad y en algún momento la paciencia se va a acabar».

El primer título, con el régimen sancionatorio para las empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, es el único que reúne un acuerdo parcial. El peronismo propuso tratar solo ese capítulo y separar el resto; el Gobierno se niega a dividir el proyecto.

Las críticas se concentran en las atribuciones del Consejo de Seguridad que crea la ley, que integrarían el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, en los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques y en la falta de precisión para definir qué es una «amenaza externa» o una «actividad terrorista». Para buena parte de la oposición, esas definiciones abiertas pueden convertirse en un pretexto para perseguir la protesta y la disidencia interna.

«No intenten traficar ese Consejo de Seguridad, porque van a crear un estado de sitio no legislado», advirtió el socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, definió la iniciativa como una ley «basada en la dictadura de Onganía».

El artículo 111 y el derribo de aviones

El punto más resistido es el artículo 111, que incorpora al Código Penal la figura de influencia extranjera indebida, con penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, con fondos o instrucciones de otros países, financien o coordinen campañas de «desinformación masiva», intenten alterar procesos electorales o colaboren con campañas de «sabotaje» al orden público. Ante las objeciones, el oficialismo se mostró dispuesto a retirarlo o reformularlo, y hasta ahora solo admitió quitar la referencia a la «manipulación de la opinión pública» y crear una Comisión Bicameral de control.

El diputado Eduardo Falcone, del MID, puso el foco en el protocolo militar, que «prevé la posibilidad de derribar un avión hostil o un barco o un buque hostil por parte del presidente», y pidió que cualquier acción bélica requiera aprobación del Congreso.

Sin cambios de fondo

Desde La Libertad Avanza dejaron claro que no habrá cambios sustanciales y que se mantendrá el corazón de la reforma del sistema de seguridad nacional. La diputada Silvana Giudici pidió dejar de lado las diferencias para respaldar las acciones del Gobierno ante el Tribunal del Mar: «Yo les pediría a todos que, con buena voluntad, deponiendo las cuestiones partidarias, podamos aportar a la sanción de esta ley». Su compañera de bancada Patricia Vázquez reclamó que todos estuvieran «firmando con las dos manos» el dictamen para «defender la patria».

Pero el reconocimiento más sincero llegó en reserva. «Vamos a tenerla que cambiar porque sino no llegamos a sacarla», admitieron en el bloque libertario, según trascendió. El proyecto quedó fuera del temario de la sesión que el oficialismo pidió para el 21 de octubre.

La soberanía que se negocia en otro lado

La paradoja es evidente. Mientras en Diputados el Gobierno usa Malvinas para empujar un Consejo de Seguridad con poderes amplios, el Reino Unido avanza sin pausa: como informó este diario, Londres aprobó el desarrollo del yacimiento Sea Lion y anunció medidas para blindar a las petroleras que operan en las islas. Y la misma noche del plenario, en Washington, Milei presentó la ley ante un auditorio de la derecha estadounidense como un aporte «a la seguridad hemisférica» junto a Estados Unidos.

Una ley que dice defender la soberanía y que se vende en Washington como pieza de la seguridad de otro país difícilmente pueda ser la herramienta de un reclamo anticolonial.

Lo que tenés que saber:

• El oficialismo no logró dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el cuarto plenario de comisiones de Diputados.
• De 133 artículos, unos 40 se refieren a Malvinas; el resto reforma el sistema de seguridad nacional.
• La oposición rechaza el Consejo de Seguridad, los protocolos de derribo y el artículo 111 sobre «desinformación masiva».
• Frade habló de «control social y político», Paulón de «un estado de sitio no legislado» y Bregman lo comparó con la dictadura de Onganía.
• El proyecto quedó fuera de la sesión del 21 de octubre.