El movimiento obrero avizora un escenario de profundización de la conflictividad y ya debate la posibilidad de organizar y convocar a una nueva huelga nacional en rechazo de las políticas económico-sociales del Gobierno, mientras crecen las protestas sectoriales por reclamos paritarios, despidos y posibles privatizaciones de empresas públicas.

Los ferroviarios de La Fraternidad y los trabajadores de la sanidad paralizaron las tareas durante 24 horas la semana última en demanda de una recomposición salarial paritaria ante el elevado proceso inflacionario, mientras que los docentes, marítimos y portuarios, entre otros, decidieron el estado de alerta por variadas reivindicaciones.

A diferencia del camino elegido por los otros tres gremios ferroviarios -Unión Ferroviaria, señaleros y jerárquicos ferroportuarios- que optaron por la continuidad del diálogo en la secretaría de Trabajo en procura de una mejora salarial, el líder de La Fraternidad, Omar Maturano, se pronunció por el llamado a la huelga el miércoles último y paralizó el país.

Aunque en esa misma jornada fue finalmente también convocado al diálogo convencional, advirtió que las protestas continuarán de no producirse una real recomposición salarial.

«Los periodistas empleados del poder afirman que los paros son políticos, pero callan que en solo tres meses la inflación superó el 50 por ciento y que las empresas ofrecen un aumento del 12 por ciento. Las molestias que ocasionan esos paros no es culpa de quienes ejercen derechos constitucionales sino de aquellos que alimentan a la casta y empobrecen a los trabajadores y a los jubilados», señaló en declaraciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera el rionegrino Rodolfo Aguiar, parará mañana en todo el país, en una jornada de lucha que incluirá cortes y movilizaciones y una concentración frente al Inadi ante el anuncio oficial de su cierre.

Aguiar calificó esa decisión como «totalmente ilegal» y sostuvo que la posibilidad de cerrar el organismo representa «un retroceso absoluto del sistema democrático», además de rechazar «el 12 por ciento de aumento impuesto por el Gobierno para febrero, lo que acelera los niveles de pobreza e indigencia en el sector público», puntualizó.

El jefe del gremio de Sanidad (Fatsa) y cotitular de la CGT, Héctor Daer, llamó a la huelga durante 24 horas el pasado jueves ante «la intransigencia de las cámaras empresarias» y concentró a sus huestes frente al sanatorio Otamendi, donde advirtió que la entidad profundizará las medidas de no haber respuestas para defender el poder adquisitivo.

Juan Carlos Schmid, líder de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), declaró el estado de alerta y movilización ante «la profunda crisis por la que atraviesa el país y la actividad», y fue aún más lejos al señalar que, como adjunto de la CATT, propondrá a la organización de gremios del transporte que disponga protestas y denunció el intento oficial de privatizar Tandanor y la Administración General de Puertos.

Otro grave conflicto podría estallar en breve en el sector bancario ante la posibilidad de que el Gobierno avance con el intento de privatización del Banco de la Nación Argentina (BNA), por lo que los trabajadores ya realizaron actos y mantienen el alerta.

El conductor del sindicato, el diputado nacional Sergio Palazzo, advirtió que «el Nación y la Patria no se venden», mientras otros dirigentes de la organización se preparan para una extensa lucha y recuerdan los tiempos de Mauricio Macri en la presidencia, cuando la Bancaria acampó más de 50 días frente al Banco Central ante decenas de despidos.

Los ferroviarios continuarán las negociaciones paritarias el martes próximo, el mismo día que lo harán los gremios docentes adheridos a la CGT -Sadop, UDA, AMET y CEA-, que suspendieron un paro nacional ante la urgente convocatoria oficial a paritarias.

Sin embargo, el otro gremio con representación nacional, la Ctera de Sonia Alesso, convocó a una huelga para mañana en rechazo de las políticas educativas del Gobierno.

En un documento, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) que dirige Marina Jaureguiberry advirtió que el martes exigirá en Trabajo el urgente aumento del salario mínimo inicial docente, el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) en todo el país y del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales a las provincias y, junto con los otros tres gremios alineados en la CGT, ratificó el alerta y movilización.

Aunque la Federación de Choferes de Camiones logró el viernes último un aumento paritario del 45 por ciento -en dos tramos de 25 y 20 por ciento para marzo y abril próximos-, Pablo Moyano no se cansa de advertir que «este proceso terminará mal» y que, «ante la implementación de estas políticas económicas, la CGT no tendrá otra alternativa que prepararse para la lucha y convocar a una nueva huelga nacional».

En ese sentido, el líder camionero coincide con Maturano -exsecretario de Empleo de la central obrera-, quien en reiteradas reuniones de mesa chica de la CGT planteó «la urgencia de convocar a nuevas huelgas ante las políticas oficiales».

El movimiento obrero debate por estos días esa posibilidad por «el avance de los despidos, el intento de cierre o privatización de empresas y la desregulación producida en el sistema de obras sociales sindicales», aunque existe un sector que mantiene el diálogo con las autoridades y ya se pronunció por la necesidad de ese mecanismo.

En efecto, para Gerardo Martínez es imprescindible generar «consensos» porque ninguna fuerza política por sí sola podrá lograr que la Argentina emerja de la actual realidad socio-económica, y reclamó la conformación de una mesa de diálogo.

Aunque demandó «inversiones productivas y la valorización oficial del trabajo y la cultura», el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT e integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insiste desde hace tiempo en la necesidad de tender inmediatos puentes de diálogo institucionales para emerger de la crisis.

Esa posición choca de cuajo con el discurso de Moyano y otros sectores sindicales, que no avizoran posibilidades de diálogo con un Gobierno que «golpea a diario la dignidad y los bolsillos de los trabajadores y que acrecentará la pobreza», sostienen.

Además de la realidad salarial, económica y social y del sistema de salud nacional las organizaciones sindicales asisten a lo que el propio Pablo Moyano denominó «la muerte del peronismo» y la necesidad de su pronta «reorganización y readecuación».

En ese sentido, ya las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas -el brazo político del sindicalismo justicialista- reclamó la inmediata renuncia del expresidente Alberto Fernández a la titularidad del PJ y criticó «su autoexilio en España durante dos meses».

Esa renuncia de Fernández fue reclamada por «las 62» ante los propios integrantes del bloque de senadores de Unión por la Patria (UXP), luego de juzgarla «fundamental».

De esa forma, el movimiento obrero asiste de forma diaria no solo a la necesidad de enfrentar las políticas económicas y sociales oficiales sino a «la imprescindible reorganización y rearmado partidario para emerger de la anarquía y ausencia absoluta de conducción política por la que atraviesa hoy el peronismo», afirman sus dirigentes.

«Es cuestión de tiempo. Lo importante es mantener una férrea unidad interna ante los embates oficiales. La única y verdadera oposición a Javier Milei es la CGT. De allí que pretendan venir por ella y sus dirigentes. Pero el movimiento obrero no se quebrará. Hubo tiempos peores. Lo que el Gobierno ignora es que el peronismo es como la ola del mar: parece que siempre se va, pero siempre vuelve», dijo un sindicalista.