El fiscal federal Eduardo Taiano analiza si la compra del departamento de San José 1111, en el barrio porteño de San Cristóbal, tiene vinculación con la investigación que tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini por presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El inmueble fue adquirido por María Soledad Calle, sindicalista y militante de La Cámpora, por un monto de US$ 190.000. Su relevancia procesal radica en que se encuentra ubicado en el piso inmediatamente inferior al departamento donde la expresidenta cumple su condena en la causa Vialidad.

La causa que suma un nuevo frente

La investigación sobre los fondos de la UOM se originó en una denuncia contra la conducción de Abel Furlán. En 2023, el gremio suscribió un contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), ligada a Calle, que quedó a cargo de la administración de los fondos sindicales. Esa operación es el núcleo de la pesquisa, que ya tiene a Furlán y a otros dirigentes imputados por los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que Taiano evalúa si el origen de los fondos utilizados para adquirir el departamento en San José 1111 puede rastrearse hasta los presuntos desvíos investigados en la causa madre. La incorporación de este hecho al expediente dependerá de los resultados de las diligencias pendientes, entre ellas el allanamiento solicitado por la querella.

La querella pidió allanar el inmueble

La semana pasada, el abogado Yamil Castro Bianchi, representante de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva que actúan como querellantes en la causa, solicitó al juez Ercolini que ordene el allanamiento del departamento de San José 1111 para avanzar en la determinación del origen de los fondos. La medida, si se concreta, implicaría una intervención judicial en las inmediaciones directas de la residencia donde cumple arresto la expresidenta.

El kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos alertaron en reiteradas oportunidades sobre lo que califican como un patrón de hostigamiento judicial sistemático contra figuras del espacio. La utilización de causas penales para generar cerco territorial sobre el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner es leída en ese contexto como una operación política con cobertura judicial, impulsada desde sectores del denominado partido judicial de Comodoro Py. La causa UOM, con Taiano al frente y Ercolini como magistrado, concentra dos figuras que el kirchnerismo identifica como protagonistas recurrentes de esa maquinaria.

El entramado entre el gremio y la causa

Según surge del expediente, el vínculo entre Calle y la UOM se habría consolidado a través del contrato entre el sindicato y USEM, empresa que la querella acusa de haber sido utilizada para derivar fondos gremiales fuera del circuito transparente. La naturaleza de ese vínculo, y su posible proyección hacia la compra del inmueble, es uno de los ejes que el fiscal intenta esclarecer antes de decidir si amplía los alcances de la causa.

Por el momento, la situación de Calle no tiene carácter de imputada en la causa principal, aunque su nombre aparece en el expediente como vinculada a la empresa investigada. La decisión de Taiano de evaluar la incorporación de la compra del departamento como hecho conexo supone un escalón procesal con implicancias políticas de primer orden, dado el perfil de la vecina más célebre del edificio.

Puntos clave

• El fiscal Taiano analiza si la compra de un departamento por US$ 190.000 en San José 1111 tiene relación con la causa por presuntos desvíos en la UOM.
• La adquirente del inmueble, ubicado debajo del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, es la sindicalista y militante de La Cámpora María Soledad Calle.
• La causa madre involucra el contrato firmado en 2023 entre la UOM de Furlán y la empresa USEM, ligada a Calle, por la administración de fondos sindicales.
• La querella solicitó al juez Ercolini el allanamiento del inmueble para determinar el origen de los fondos.
• El kirchnerismo encuadra la maniobra como parte del hostigamiento judicial sistemático contra sus referentes, orquestado desde el partido judicial de Comodoro Py.